Keiko, ¿las tiene todas?

Keiko, la cabeza del parlamentarismo de facto escogió un Tribunal Constitucional y un defensor del Pueblo a su medida. Este, a su vez, armó el concurso para escoger una Junta Nacional de Justicia ídem. Y las fuerzas del orden la aman. ¡Keiko ahora es presidenta! ¡La alarma antiautoritaria no deja de chillar. ¿Pero qué tanto asidero tiene esta narrativa? Empecemos en el Congreso. En el 2021, Fuerza Popular (FP) decidió no pujar por su presidencia, pues no querían contaminar sus aspiraciones de gobierno con la mala imagen congresal.Cuando cayó Pedro Castillo, el 7 de diciembre del 2022, es cierto que la cúpula naranja estuvo de acuerdo con un adelanto de elecciones, pero también es cierto que su bancada no actuó en consecuencia. Se dio inicio a la era del poder fáctico congresal. Ese poder existe; pero tiene límites, corresponsabilidades y algunos contrapesos.?No era lo que esperaba?El fujimorismo dejó de ser oposición en el 2022 y se alió a Dina Boluarte. No reclamó a Dina una cuota. Eso se lo dejó a APP. Pero FP no se contuvo, ah. Algunos de sus congresistas se las amañaron para participar en el sistema de prebendas de Dina continuado por José Jerí y José María Balcázar; mientras la cúpula se reservó ciertos vetos y consejos. Con Fernando Rospigliosi se rompió la regla de no presidir el Congreso, pero no se lo buscó, quedó por descarte tras la censura a Boluarte. Tampoco le provocó soltarlo.¿Es cierto que el TC fue elegido a la medida del fujimorismo? A ver. El ?Bloque? tuvo la clara mayoría en la comisión que organizó la convocatoria y la selección que, finalmente, se votó en el pleno. La derecha predominó en la comisión presidida por un izquierdista, nada menos que Balcázar. La izquierda no peleó por colocar a ningún candidato. Los magistrados elegidos han mostrado un sesgo a favor de causas de la mayoría parlamentaria, como la sentencia 00027-021, publicada el 2022, que interpreta el Art. 79 de la Constitución sobre la prohibición de la iniciativa de gasto congresal, abriendo la ventana a la farra legislativa. Sumen la liberación de Alberto Fujimori.Este TC acabará su mandato en el 2027 y allí la oposición congresal tendrá la ocasión de hacer lo que no hizo en el 2021: colocar a sus candidatos en el elenco de 7. Perú Libre no presentó candidatos propios al TC pero pidió carta libre para que, Josué Gutiérrez, que era asesor de su bancada, fuese candidato a la Defensoría del Pueblo. Josué fue un hábil articulador del acercamiento de PL al ?Bloque?. A cambio de eso, ganó con amplia mayoría la votación para ser defensor. El cargo de defensor vino con una yapa. Según la ley orgánica de la JNJ, el concurso para seleccionar a sus miembros lo organiza la defensoría.Ni la mayoría del TC, ni Tomás Gálvez que fundó su partido (lo dejó al recuperar su cargo de fiscal supremo antes de ser fiscal de la Nación), ni el defensor Gutiérrez, ni María Teresa Cabrera, exjueza y excongresista de Podemos que preside la JNJ; son ultraderechistas fujimoristas. Coinciden con el fujimorismo en el nuevo ciclo institucional que cada ente arrancó tras sus crisis de politización. Esa coincidencia, ciertamente, los lleva a una simpatía y vasos comunicantes que pueden incluir gestos de gran simbolismo político, como la sanción de la JNJ de 6 meses de suspensión al juez Richard Concepción Carhuancho. A José Domingo Pérez lo sancionó la Autoridad Nacional de Control del MP, que es autónoma y coincide con esta ola de reacción antiprogre.El Poder Judicial es una excepción, pues tiene un pleno de más de 20 jueces supremos que representan varias tendencias y neutralizan sesgos políticos. Respecto de las FF.AA. y la PNP sí es cierto que la prédica fujimorista del ?orden?, entraña la protección a los uniformados. De ahí la presencia, en el Senado naranja, del general César Astudillo, ex jefe del Comando Conjunto de las FF.AA. Estas y la PNP se inclinarán por respaldar la estabilidad de un gobierno de derecha que las halaga; pero sobre un principio de no deliberación que casi no ha conocido excepciones desde el 2000, cuando cayó el tinglado de corrupción cívico-militar armado por Montesinos con la venia de Alberto.El fujimorismo de Keiko no controla, pero sí influye en instituciones autónomas que, en quinquenios pasados, con sesgos opuestos, lo jaquearon. Esa búsqueda de influencia en la justicia no es nueva, la cometió el Apra desde que era un partido perseguido y la continuó Vladimiro Montesinos de la peor manera posible, comprando voluntades. Hoy, esos mismos fines se persiguen enfrentando unas instituciones con otras, ?interjudicializándolas? con amparos, cautelares, denuncias constitucionales, demandas competenciales y demás. El Congreso, con fuerte direccionalidad naranja, ha sido muy instrumental para ello.En su reciente entrevista con Ismael Cala, Keiko dejó este mensaje: ?Mi padre, en su pragmatismo, no fue tan institucional y se ve en varias de sus decisiones, en su pésima relación con la prensa, en su mala relación con los partidos políticos. Yo soy muy institucional. Absolutamente respetuosa del Estado de derecho y la democracia?. Ya veremos si ello es cierto más allá de las narrativas encontradas.