El otro termómetro

Al tiempo que en Bogotá se discute el déficit fiscal y el Banco de la República sorprende con una subida de tasa al 12%, una empresa de capital 100% nacional decidió invertir US$8 millones de en 13 nuevas tiendas. Arturo Calle no pidió crédito internacional ni salió a bolsa para financiar su expansión: lo hizo con recursos propios, apostando a que el consumidor colombiano seguirá comprando pese a la incertidumbre que domina los titulares económicos. La decisión merece atención por lo que revela, no solo por lo que anuncia. Cinco de las nuevas tiendas llegarán a Bogotá, Montería, Ipiales y Cartago, mientras que el formato especializado Arturo Calle Woman se sumará en Villavicencio y la capital, hasta completar 10 puntos de venta en el país. Es una apuesta geográfica que va más allá del eje Bogotá, Medellín, Cali: reconoce que la clase media y el consumo regional siguen siendo un motor real de crecimiento, incluso en departamentos donde la conversación pública gira más en torno a la seguridad y la infraestructura que al comercio minorista. Arturo Calle ha construido su liderazgo en el retail textil colombiano a lo largo de décadas, atravesando crisis cambiarias y ciclos de desaceleración, siempre con un modelo financiero conservador. Esa trayectoria le da a la decisión de 2026 un peso distinto al de un simple comunicado: es la lectura de un actor que conoce el ciclo económico desde adentro y, aun así, decide expandirse. Los indicadores macroeconómicos, mientras tanto, cuentan una historia más ambigua. BBVA Research proyecta que la economía colombiana crecerá 2,6% en 2026, impulsada por un consumo privado que avanzaría 3%, incluso con una inflación cercana al 7% y una tasa de interés en terreno claramente restrictivo. La inversión fija, en cambio, apenas crecería 1,2% y el desempleo subiría de 9,2% a 9,7%. El consumidor colombiano compra, entonces, no porque las condiciones financieras lo favorezcan, sino a pesar de ellas, mientras la inversión productiva sigue rezagada. Esa distinción es clave: no debe leerse como un aval a la política económica vigente, sino como una lectura empresarial de la demanda real, que suele anticiparse a la discusión de analistas. El Banco Mundial calcula que A. Latina crecerá apenas 2,1% en 2026, con una inversión regional débil. En ese contexto, un actor colombiano que expande su red física, en lugar de contraerla, es una señal que merece más atención de la que suele recibir en el debate público. Colombia necesita más señales como esta, y también que el sistema financiero y la política pública dejen de operar como si la inversión privada dependiera exclusivamente de la resolución de las grandes variables macro. El país seguirá discutiendo el cupo de TES, la independencia de Banrep y el diagnóstico fiscal del empalme, debates legítimos y necesarios. Pero mientras eso ocurre, empresas de capital nacional siguen tomando decisiones de inversión con horizonte de varios años, sin esperar a que el Congreso o el Emisor despejen el panorama. La lección para el nuevo gobierno es doble. Primero, que la confianza empresarial no es un indicador abstracto: se mide en metros cuadrados de tienda nueva, en empleos formales generados en Montería o Villavicencio, en inversión con capital propio que no depende de la volatilidad cambiaria. Segundo, que esa confianza tiene un límite temporal. Si la carga tributaria, la inseguridad jurídica o el costo del crédito se prolongan, ni siquiera las firmas más sólidas seguirán expandiéndose contra la corriente macroeconómica. El momento de aprovechar esta ventana de confianza privada, antes de que se cierre, es ahora.