La Nación, Costa Rica
9 de julio de 2026
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) cerrará el acceso libre a los datos de ciudadanos en su plataforma web en un plazo de 45 días hábiles para prevenir el cibercrimen.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) anunció este jueves 9 de julio de 2026 un cambio estructural en su plataforma digital. En un plazo máximo de 45 días naturales, la institución eliminará el acceso abierto, irrestricto y masivo a la sección de "Consultas Civiles" de su página web institucional. A partir de la implementación de estas medidas, cualquier persona que desee consultar los datos de un ciudadano costarricense deberá cumplir con un registro previo y crear un usuario digital.
El plan de contingencia tecnológica encomendado a las direcciones generales de Estrategia Tecnológica y del Registro Civil incluye el bloqueo de datos relacionales que permitían construir perfiles familiares.
En primer lugar, además del usuario obligatorio, el sistema aplicará un proceso de anonimización en los datos de matrimonios y divorcios. En las consultas web y certificaciones digitales solo se mostrará el historial de hechos, omitiendo los datos personales de terceras personas. Quienes requieran el detalle completo deberán solicitar certificaciones físicas directamente en la sede central o en alguna de las 32 sedes regionales del organismo electoral.
En segundo lugar, las consultas en línea excluirán por completo el dato relativo a los hijos e hijas de las personas. Por último, el TSE diseñará perfiles de acceso diferenciados para profesionales en derecho, notarios públicos y funcionarios de instituciones públicas que, por motivos de interés legítimo y bajo autorización del tribunal, requieran información detallada.
La presión legal sobre los datos personales
Este giro institucional coincide con el debate generado en torno a la tutela de la información en el país. Recientemente, la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) emitió la resolución N.º 029-2026-RF, en la cual cuestionó la publicidad irrestricta de bases de datos estatales sin un respaldo normativo explícito.
La Prodhab advirtió que la difusión masiva de campos civiles en Internet vulnera la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales (8968). Según el órgano técnico, la exposición de vínculos familiares o el historial civil permite inferir datos sensibles o de localización, lo cual contradice el principio de legalidad de la administración pública, debido a que ni el Código Electoral (Ley N.º 8765) ni otras leyes especiales definen con exactitud cuáles datos deben ser de acceso público masivo.
Las autoridades electorales manifestaron que las nuevas medidas buscan un equilibrio entre el resguardo del derecho a la privacidad de los costarricenses y el acceso a los datos de carácter público esenciales para el sistema democrático.
