Las claves de la imputación de la Fiscalía contra Miguel Quintero

17.656
millones

de pesos
Este es el valor de los seis contratos que

al parecer beneficiaron

a terceros.
Juan Diego Torres Lasso - redacción justicia
La investigación de la Fiscalía por un presunto entramado de corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva) entró en una nueva etapa. El ente acusador anunció que imputará cargos contra Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, y solicitará que un juez de control de garantías le imponga medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso. La decisión se produce tras varios meses de investigaciones sobre presuntas irregularidades en la contratación del Amva durante 2020 y 2021, período en el que Daniel Quintero ejercía como alcalde de Medellín. Según la Fiscalía, durante ese tiempo se habrían presentado actuaciones encaminadas a favorecer de manera irregular algunos procesos contractuales de la entidad, con la presunta intervención de Miguel Quintero. De acuerdo con el ente investigador, los elementos materiales probatorios y la información recopilada durante la indagación permitieron sustentar la decisión de avanzar hacia la etapa de imputación. "La investigación da cuenta de que se habrían desviado recursos públicos y cobrado comisiones económicas por eventuales favorecimientos. De acuerdo con su posible responsabilidad en los hechos conocidos, un fiscal de la Seccional Medellín imputará a estas personas los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación", señalaron fuentes de la Fiscalía. La audiencia de imputación también cobijará a las siguientes personas: Álvaro Alonso Villada, exsubdirector de Gestión Administrativa y Financiera del Amva; Vanesa Álvarez Restrepo, quien para la época era contratista de la entidad, y Sebastián de Jesús Ortega Durán. En este expediente, la Fiscalía sostiene que existirían contratos presuntamente direccionados para beneficiar a terceros. Entre las personas mencionadas aparecen integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, entre ellos los exbomberos Misael Cadavid y Elkin de Jesús González. Según la investigación, junto con la exsupervisora María Yaneth Rúa, estas personas habrían obtenido beneficios personales mediante seis contratos que suman 17.656 millones de pesos, celebrados entre 2020 y 2021 para distintos fines. Entre ellos figura la adquisición de kits de bioseguridad durante la pandemia de covid-19. Como parte del material probatorio, la Fiscalía incorporó un chat en el que se indica que la contratación sería "negociada" con Miguel Quintero Calle, Álvaro Alonso Villada, exfuncionario del Amva, y Misael Cadavid. El expediente también incluye una conversación del 20 de febrero de 2020 entre Miguel Quintero y Álvaro Villada. En ese mismo intercambio, Quintero le escribió: "Pregunta. Esta niña Elizabeth Quintero por qué no entró al Área. Pensé que ya estaba allá". Villada respondió: "Jaaaaaa. Esto aquí es muy demorado con la justicia. Hemos sacado unos procesos porque nos hemos parado al lado del abogado, pero aun así se lo demoran todo". Los chats, la documentación contractual y los testimonios recopilados por la Fiscalía hacen parte del material probatorio que, según el ente acusador, respalda la decisión de formular imputación y solicitar una medida de aseguramiento contra Miguel Quintero. La investigación también se fortaleció con la colaboración de varios de los procesados. La primera en aportar información fue Laura María Mejía Higuita, exjefa del Programa de Unidad Logística, quien buscó beneficios judiciales. Posteriormente entregaron información el excomandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí Misael Cadavid, el exrepresentante legal Elkin de Jesús González, y la exsupervisora del Amva María Yaneth Rúa. Actualmente, el proceso está a cargo de la fiscal Magda Sofía Ramírez. Este expediente hace parte de las investigaciones que actualmente adelanta la Fiscalía por actuaciones ocurridas durante la administración de Daniel Quintero en Medellín. El exmandatario ya fue imputado en otro proceso por las presuntas irregularidades relacionadas con el lote de Aguas Vivas, en El Poblado. Frente a ese caso, Miguel Quintero ha insistido en su inocencia y ha sostenido que las actuaciones judiciales obedecen a motivaciones políticas.