Alerta por el futuro de los vertederos: capacidad disponible disminuye mientras aumentan los residuos
El crecimiento sostenido en la generación de desechos y la limitada capacidad disponible para su disposición final están tensionando la infraestructura del país. Especialistas advierten la urgencia de ampliar el sistema disponible e impulsar políticas que fortalezcan la economía circular y la valorización de materiales.
Chile enfrenta una crisis en la disposición final de residuos, con una infraestructura disponible que no logra seguir el ritmo del incremento en la generación de la basura.
El 40% de los residuos domiciliarios se deposita en rellenos sanitarios que ya caducaron o a los que les queda menos de cinco años de vida útil. De esta cifra, la mitad -equivalente a 1,5 millón de toneladas de residuos domiciliarios- se dispone en sitios que ya cumplieron su vida útil, mientras que el restante se deposita en instalaciones que prescribirán en los próximos años.
En nuestro país, los rellenos sanitarios continúan siendo la principal infraestructura para la disposición final de los desechos domiciliarios. Desarrollar instalaciones de eliminación puede tardar hasta 12 años entre estudios, permisos y construcción, además de una decidida oposición ciudadana.
A juicio de Marcel Szantó, académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y miembro del Consorcio Universitario para la Gestión Sostenible de Residuos en América Latina y el Caribe, la actual infraestructura se encuentra con su vida útil casi agotada y advierte que se sigue estableciendo el relleno sanitario como única forma de destino final de los desechos, pues hasta ahora no es posible financiar otras alternativas.
"Los países que han avanzado en esta materia han apostado por una gestión más moderna de los residuos, basada en reducción, reciclaje y valorización, como es el caso de Suiza, que alcanzo después de años de trabajo planificado llegar a la meta gracias a su programa de educación ambiental", afirma.
Angélica Triviño, consultora sénior de Araya Ambiental, junto con coincidir que en Chile el sistema final de residuos es crítico y se encuentra saturado por el aumento de desechos, agrega que la infraestructura de rellenos sanitario es deficiente.
La especialista detalla que, según los catastros oficiales, en Chile operan poco más de un centenar de sitios reconocidos, los que se distribuyen aproximadamente en 34 rellenos sanitarios formales. Estos reciben residuos domiciliarios asimilables aproximadamente al 86% del volumen total de la basura generada.
Pese a ello, Triviño alerta que "se han identificado vertederos que no cumplen con la normativa; son basurales y rellenos manuales sin ningún control. Esto, sin considerar el deficiente manejo de los residuos provenientes de la construcción y demolición. Este es un punto muy relevante, ya que, según catastros oficiales, siete regiones del país no cuentan con sitios legales para depositar escombros, lo que fomenta la disposición ilegal en vertederos no controlados y microbasurales en todo el territorio nacional".
Costo del manejo de residuos
¿Por qué se ha llegado a esta situación? Para el gerente general de Ecológica, Felipe Barros, las razones son múltiples. La primera -indica- es que no existe una planificación estratégica a largo plazo respecto de qué hacer con los residuos. La segunda es un tema social: "¿Alguien sabe cuánto le cuesta que le retiren la basura de la casa? ¿Nos llega una factura de basura a la casa como la electricidad, internet, etc.? La respuesta es no. Mientras no le tomemos el peso al costo, es muy difícil que queramos hacer un cambio cultural. Es clave que entendamos cuánto nos cuesta. Hay que dejar de romantizar los temas ambientales y hay que entender que sin políticas públicas sólidas, la cuenta la pagaremos los ciudadanos de a pie".
Para los expertos, las consecuencias y los impactos de no contar con la capacidad suficiente para la disposición de residuos y que cumplan con la normativa genera varios problemas.
Entre los efectos inmediatos aparece que la disposición final de los residuos sólidos domiciliarios se depositen en vertederos no autorizados; es decir, que no son construidos ni operados con técnicas de la ingeniería que permitan controlar o minimizar los riesgos sanitarios, de seguridad y para el ambiente que estos sitios generan.
A lo anterior se suma que su edificación requiere de costos elevados. "No son simples basurales; se trata de obras de ingeniería complejas, de multivariable comportamiento, que confinan los residuos compactándolos y sellándolos para reducir los riesgos sanitarios mediante impermeabilización del vaso receptor, manejo de lixiviados, captación de gases y cobertura diaria bajo la observación de la geotecnia ambiental", indica Szantó.
Falta de planificación estatal
Para Triviño, la causa de este estado crítico en el manejo de los residuos se debe a una planificación estatal prácticamente incapaz de anticiparse al cierre de recintos colapsados o de deficiente manejo, lo que hace que muchas veces se actúe en forma reactiva.
"Optimizar los tiempos adecuados de dichos recintos y generación de nuevos se frena por los tiempos de tramitación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), donde la tramitación y construcción de un nuevo proyecto, o cierre de uno colapsado, puede demorar de cinco a diez años", asegura.
En definitiva -plantean los especialistas-, el modelo de construir grandes vertederos en Chile se topa con barreras políticas, técnicas y ambientalmente inviables actualmente, específicamente ligadas a los tiempos de tramitación que superan la vida útil de los rellenos existentes.
Sin embargo, desde la política pública se implementan diversas herramientas para reducir el porcentaje de basura. Una de ellas es la implementación de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP), además de impulsar normativas para la valorización de residuos orgánicos y el reciclaje.
La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, señala a "El Mercurio" que la economía circular es una de las herramientas más concretas para reducir la cantidad de residuos que genera el país.
"Hoy estamos avanzando en la implementación de la Ley REP, que responsabiliza a los productores por el ciclo de vida de sus productos, y contamos con hojas de ruta sectoriales como las de residuos orgánicos, textil o de la construcción. Asimismo, avanzamos en un catastro nacional de recicladores de base, ya que su trabajo es clave para avanzar en los territorios", explica.
La autoridad también adelanta que, como ministerio, "estamos preparando una estrategia para evitar la pérdida y el desperdicio de alimentos, un ámbito donde también hay mucho espacio para avanzar. Todo esto apunta en la misma dirección: generar menos residuos desde el origen".
Desde la cartera de Salud, en tanto, informan que la repartición, en coordinación con el Ministerio del Medio Ambiente, trabaja en el mejoramiento de los estándares sanitarios y ambientales del manejo y la emisión del gas metano. Y advierten sobre los riesgos para la salud pública que significan los residuos cuando no tienen un destino adecuado.
En la institución mencionan que "los vertederos o basurales no cuentan con sistemas destinados a controlar riesgos, como la eliminación de lixiviados, lo que genera riesgos de contaminación de fuentes de agua superficiales y subterráneas", agregando que estas instalaciones generan mayor riesgo de incendio por las características del material combustible dispuesto, que hace difícil su control.
Finalmente, en el ministerio añaden que la presencia de materia orgánica sin recubrimiento es fuente de alimentación y atracción de vectores sanitarios "capaces de transmitir agentes patógenos causantes de enfermedades a la población".
Soluciones ambientalesEn Chile, todos los rellenos sanitarios de mayor envergadura capturan el gas y generan energía eléctrica. El relleno sanitario Santa Marta capta hace más de una década el biogás de los residuos de más de 3 millones de habitantes de la Región Metropolitana y lo transforma en energía renovable para el Sistema Eléctrico Nacional. Su siguiente paso es un sistema de almacenamiento en baterías (BESS), que permitirá almacenar hasta 40 MWh, evitando pérdidas de energía cuando el sistema eléctrico no pueda recibirla de inmediato. Así, la compañía proyecta aumentar hasta en un 30% su entrega de energía limpia y elevar su potencia instalada desde 20 MW a cerca de 30 MW. "Este proyecto es una expresión concreta de cómo la gestión de residuos puede integrarse a la transición energética del país. No solo mitigamos impactos ambientales, sino que aportamos soluciones reales", señala Alberto Tagle, gerente general de Consorcio Santa Marta.
Elier González, director general de Veolia Chile-Perú, en tanto, recalca que para enfrentar el futuro se debe trabajar en aumentar la vida útil de los sitios actuales de disposición. "El desafío no es verlos como una infraestructura obsoleta que simplemente se cierra, sino evolucionar y transformarlos en parques ambientales. El proceso consiste en incorporar dentro de un mismo sitio distintas soluciones integradas: plantas de clasificación de materiales, instalaciones de compostaje para fracciones orgánicas y sistemas de aprovechamiento que capturan el biogás para producir energía renovable local", subraya.