LarrainVial luego del cierre de investigación penal contra ocho ejecutivos: período "injusto y complejo"

"Ha sido un período difícil para la compañía y, especialmente, para los ocho miembros de nuestro equipo". Con ese mensaje, LarrainVial comunicó a sus colaboradores que el Cuarto Tribunal de Garantía de Santiago certificó, el 13 de julio pasado, el sobreseimiento definitivo de sus ocho ejecutivos que habían sido formalizados en la arista penal del caso Fondo Capital Estructurado I, poniendo término al proceso judicial iniciado en su contra.
La resolución beneficia a Andrea Larraín, Andrés Bulnes, Claudio Yáñez, Felipe Porzio, Jaime Oliveira, José Correa, Manuel Bulnes y Sebastián Cereceda. El sobreseimiento definitivo había sido dictado el pasado 25 de junio, lo que puso fin al procedimiento penal respecto de los ocho integrantes de la firma.
Andrés Trivelli, gerente general de LarrainVial, comunicó la noticia a sus trabajadores mediante una comunicación interna, en la que destacó que durante el proceso la compañía mantuvo su compromiso con los estándares de gobierno corporativo y los principios que orientan su actuación.
En el mensaje, sostuvo que durante este período la firma veló permanentemente por el mejor interés del fondo y de sus aportantes, "incluyendo la compensación de aquellos clientes que se vieron afectados por terceros que utilizaron indebidamente nuestra marca".
Trivelli señaló en el texto que se trató de un período "injusto y complejo" y expresó un reconocimiento a los ocho ejecutivos, señalando que demostraron fortaleza, compromiso y profesionalismo durante la investigación. La comunicación indicó que la empresa continuará mirando hacia adelante "con el mismo entusiasmo, rigor y estándar que han caracterizado siempre nuestro trabajo".
La historia del caso
El origen del caso se remonta a la investigación relacionada con la creación del fondo de inversión Capital Estructurado I, constituido en 2023 para saldar las deudas del empresario Antonio Jalaff. Los ocho ejecutivos fueron imputados y formalizados por el Ministerio Público por presuntos delitos contemplados en la Ley de Mercado de Valores.
Posteriormente, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago aprobó una suspensión condicional del procedimiento acordada entre el Ministerio Público y los imputados. Sin embargo, tres inversionistas apelaron la decisión, logrando que la Corte de Apelaciones de Santiago dejara sin efecto esa salida alternativa.
La defensa de los ejecutivos presentó recursos de amparo en su favor. Tras el rechazo inicial de la Corte de San Miguel, la Sala Penal de la Corte Suprema acogió los argumentos y revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, restituyendo la vigencia de la suspensión condicional del procedimiento que, al cumplirse los requisitos, dio paso al sobreseimiento.