Los proyectos de inversión tuvieron más reclamaciones ambientales que nunca en el primer semestre

Aunque el debate sobre la "permisología" suele centrarse directamente en los procesos de evaluación ambiental y sectorial de un proyecto de inversión, la etapa posterior de judicialización está ejerciendo una presión creciente sobre los plazos y los costos para la puesta en marcha de estas obras. Así se puede observar en las estadísticas al primer semestre del funcionamiento de los tribunales ambientales, donde el ingreso cada vez más alto de reclamaciones admisibles va sobrepasando la capacidad de la justicia para dictar sentencias a tiempo.
En concreto, los datos muestran que solo en la primera mitad del año hubo 32 causas admisibles que se presentaron en sede ambiental, lo que constituye el flujo más alto registrado desde la creación de estos tribunales (ver gráfico). Así, aunque la justicia logró dictar 18 sentencias pendientes en el mismo período, uno de los volúmenes más altos de sus registros, el stock de causas en tramitación volvió a aumentar.
En total, los tribunales ambientales acumulan 67 causas en tramitación vinculadas a 59 proyectos de inversión, que en su conjunto representan US$ 10.655 millones, según la recopilación de datos que realiza semestralmente la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC). La presidenta de la multigremial, Susana Jiménez, advierte que "Chile necesita un sistema de evaluación ambiental robusto, pero también oportuno y predecible. La evidencia muestra que la judicialización continúa aumentando. Ese desajuste genera incertidumbre, retrasa inversiones y afecta el dinamismo económico".
Presión creciente sobre los plazos
En el funcionamiento de la justicia ambiental, la velocidad con que ingresan las causas supera la capacidad para resolver respecto de ellas hace varios semestres. Desde 2019 en adelante, se puede observar que el ingreso promedio de reclamaciones asciende a 17,2 por semestre, más del doble de las 7,3 que se podía constatar en los primeros seis años de funcionamiento del sistema.
En concreto, el principal impacto negativo de esta "congestión" judicial se traduce en plazos de tramitación más extensos, que a su vez aumentan los costos y dificultan la planificación de los proyectos en cuestión. Al primer semestre, el plazo promedio de las sentencias que se dictaron fue de 568 días corridos, una cifra algo menor que la del semestre anterior, pero que se mantiene entre los cuatro promedios más altos de la serie histórica. "Pese a la mejora puntual de este semestre, el patrón de fondo confirma que la mayor carga de trabajo de los tribunales ambientales está impactando directamente los tiempos de resolución de los casos", plantea el informe.
A este plazo se debe sumar un factor adicional: cuando un proyecto obtiene la sentencia del tribunal ambiental por una reclamación en su contra, todavía puede ser objeto de un recurso de casación ante la Corte Suprema. La información histórica da cuenta de que un 56% de las sentencias tuvieron que enfrentar esta etapa adicional ante el máximo tribunal, que en promedio tarda 448 días en su sentencia.
De esta manera, los promedios vigentes dan cuenta de que, desde que ingresa una causa al tribunal ambiental hasta que se obtiene la sentencia final de la Corte Suprema, los plazos han aumentado desde 587 días antes de 2019, hasta más de mil días corridos en los últimos semestres. En el 74% de los casos ya sentenciados de los registros, la Corte Suprema rechaza estos recursos y confirma la decisión anterior del tribunal ambiental.
Impacto a la inversión
En retrospectiva, los datos dan cuenta de que si bien la judicialización ha afectado a solo el 4,5% de los proyectos calificados en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), ha tenido un impacto económico significativo: esos mismos proyectos representan el 21,5% del monto total que ha pasado por el sistema, pues las acciones judiciales suelen concentrarse en proyectos de gran escala.
A nivel sectorial, lo que se observa es que, por lejos, las iniciativas vinculadas a la industria de la energía son las más propensas a la judicialización: lideran con 109 causas ingresadas, que corresponden al 32% del total histórico. Luego viene la minería, con 53 causas (16%) y el sector de infraestructura, con 44 reclamaciones (13%). Sin embargo, en términos de montos, estos dos últimos presentan una situación más crítica en términos monetarios, con un 42% y 36% de la inversión total respectiva que pasó por el SEIA con una causa judicial.
Según los datos, el 39% de las reclamaciones son presentadas por personas naturales, un 36% por organizaciones de la sociedad civil, un 16% por empresas y un 9% por municipalidades.