Necesidad de cambios al SEIA

La actual operación del Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA) introduce gran incertidumbre a los proyectos, hace muy difícil implementarlos y disminuye el apetito inversor de las empresas. Incluso aquellas que se someten al SEIA y obtienen una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) permanecen en la incertidumbre. Dos casos recientes lo ilustran. Hace pocas semanas, el Segundo Tribunal Ambiental anuló parcialmente la RCA que minera Collahuasi había obtenido en 2021 para un proyecto de US$ 3.200 millones, del cual ya había construido más de un 90%, al acoger reclamos de dos comunidades de pescadores respecto de la participación ciudadana efectuada más de cinco años antes. También el proyecto Inmobiliario Maretué, en la Quinta Región, recientemente volvió a ser impugnado por ONG, a pesar de tener una RCA aprobada y tramitada durante 7 años.
Numerosos proyectos son retrasados e incluso, en ocasiones, rechazados, por temas de importancia menor, levantados por ONG o comunidades asesoradas por estas entidades, como la existencia de un puñado de árboles en el predio en cuestión, o porque no se estudiaron las condiciones de supervivencia de los invertebrados del lugar, cuya mitigación es, o muy sencilla de implementar, o cuyo impacto es negligible comparado con los beneficios que el proyecto aporta. Se entiende que esas ONG, legítimamente convencidas de que el mejor curso de acción para el país es que esos proyectos no se ejecuten, utilicen todos los subterfugios que les otorgan las leyes y reglamentos para conseguirlo. Sin embargo, no parece razonable que el Estado establezca una normativa que permita que situaciones tan absurdas como las anteriores se den con tanta facilidad.
En definitiva, el proceso de evaluación ambiental, en vez de ser un proceso aprobatorio, que acompañe la implementación de los proyectos exigiendo como contrapartida medidas de mitigación apropiadas, parece más bien uno reprobatorio, facilitando que grupos organizados encuentren causales para atrasarlo o rechazarlo, o bien, permitiendo que funcionarios transformen en un obstáculo formidable cualquier impacto negativo que detecten respecto de una "línea de base", con independencia de los beneficios que el proyecto presente. Todo ello, agravado por el hecho de que el proceso puede judicializarse en cualquier momento, incluso después de finalizado, revirtiendo decisiones aprobatorias tomadas luego de largas evaluaciones.
La Ley Miscelánea propone indemnizar a las empresas que sufran una situación como esa. El problema es que eso pone en una extraña oposición a dos Poderes del Estado, al admitir que una aprobación del Ejecutivo podría ser contraria a la ley, en circunstancias que ambos son parte del Estado. Pero, además, si eso ocurre, este deberá destinar recursos fiscales escasos a indemnizar a empresas privadas, de modo que, para evitar ese gasto, los funcionarios podrían estar más proclives a inhibirse de aprobar proyectos que sí lo ameriten.
Por esa razón, tal vez un camino más eficaz pase por reformular el proceso de evaluación mediante la introducción de dos etapas. En la primera, acotada en el tiempo, la empresa presenta su proyecto, con los impactos positivos o negativos que genera; con eso, más las observaciones que aporte la comunidad, y el análisis que hagan las instituciones pertinentes del Estado, el proyecto es declarado admisible o rechazado. Si es admisible, en la segunda etapa, el Estado, ya convencido de que el proyecto puede hacerse, determina, interactuando con la empresa, las medidas de mitigación o los complementos que se requieran, sin que se pueda judicializar la etapa anterior. Esto impulsaría la inversión, daría otra dinámica a la evaluación ambiental e introduciría más certezas, mediante una modalidad ya validada por la positiva experiencia que al respecto han tenido varios países europeos, además de Brasil.