Prohibir el anatocismo, negar la realidad

Capitalizar los intereses vencidos y no pagados, sumándolos al capital original para que generen nuevos intereses, es una práctica que forma parte central del funcionamiento del sistema bancario y del sistema financiero en general. Esto sucede tanto con depósitos como con instrumentos de ahorro y crédito. De allí la gravedad de la indicación introducida por parlamentarios durante la discusión del proyecto de Reconstrucción Nacional.
Un ejemplo simple de cómo opera el sistema lo entrega el funcionamiento de una libreta como la que millones de personas de todos los estratos mantienen en el país para administrar sus ahorros. Los intereses allí devengados de manera mensual o trimestral vuelven a recibir intereses en la medida en que son incorporados automáticamente al nuevo depósito. De no ser así, los ahorrantes estarían en realidad prestando una parte de su capital al banco a una tasa cero, lo que no tiene sentido económico y, por cierto, tampoco social. ¿O se olvidan acaso los legisladores de que los bancos son los principales deudores en la economía? Un ejemplo similar al de las libretas de ahorro es lo que sucede con un préstamo bancario a una empresa o persona, donde muchas veces se establece el no pago de intereses por parte del deudor durante un período, de manera de poder generar más holgura en su situación de liquidez, a cambio, por cierto, de capitalizar esos intereses, que a su vez devengan nuevos intereses. De implementarse la prohibición aprobada por los congresistas, la posibilidad de acceder a estas condiciones de pago simplemente se acabaría, perjudicando a las personas o pymes que hoy recurren a ellas.
En su esencia -aunque no parecieran entenderlo los parlamentarios- el anatocismo impide obligar a una de las partes a prestar gratis a otra una parte de sus fondos. Ello resulta, en rigor, de sentido común y decretar su eliminación por vía legislativa es sintomático de una forma de política que pretende bloquear la realidad mediante leyes. Cuando intentos de esa naturaleza se llevan a cabo, es siempre la realidad la que termina imponiéndose y la ley pasa a ser letra muerta, generando efectos muy distintos de los buscados. El resultado es finalmente el desprestigio de la política. En este caso, de prosperar esta absurda disposición, una alternativa es que las deudas contraídas lo sean simplemente por un día, de manera que el deudor -ya sea la persona, la empresa o el banco- deba pagar al día siguiente los intereses y el préstamo original. Para hacerlo tendrá que solicitar una nueva deuda que incluya tanto el capital como los intereses adeudados: esa sería la forma en que la realidad se impondría a la ley. La solución sería, sin embargo, excesivamente costosa, tanto desde un punto de vista legal como en costos de transacción, sin mencionar la incertidumbre que generaría, al existir siempre la posibilidad de que en algún momento la deuda simplemente no sea renovada. Obviamente, en esas condiciones, muchas menos personas podrán acceder a crédito.
Resulta así incomprensible que en el trámite de la Ley de Reconstrucción se haya aprobado la prohibición del anatocismo, impulsada por parlamentarios de izquierda, pero que en la Cámara recibió también apoyos del PDG y de una diputada nacional libertaria, además de la sorprendente abstención de una parte de RN, en tanto que en el Senado la indicación fue reimpulsada por la oposición y aprobada por esta, más senadores de Demócratas. La falta de conocimiento -o la ausencia de rigurosidad en la manera como se legisla- obligarán al gobierno a acudir al Tribunal Constitucional o a vetar esta parte de la ley. De no ser así, el costo para la economía puede ser inconmensurable.