Pagar dos veces

El Caribe lleva años pagando en la tarifa obras que no se hicieron. Ahora las vuelve a pagar, en desconexiones. Entre abril y julio XM impartió 233 instrucciones de desconexión de carga en Colombia. Doscientas veinte cayeron sobre el área Caribe. A eso se suman 32 de las 37 restricciones en emergencia que registra el sistema. La región no está esperando el apagón. Lo vive por partes, en cortes que no hacen noticia porque no ocurren todos el mismo día. El diagnóstico del operador no apunta a la sequía. Bolívar depende de las térmicas locales porque no logra importar energía por deficiente transmisión. Atlántico está copado en su capacidad de transformación de 220 a 110 kilovoltios. Córdoba y Sucre operan con activos agotados. Las subestaciones de Santa Marta, Valledupar y Copey dan señales de fatiga. El desabastecimiento de la Costa no llega por el agua. Llega por los cables. Hay ahí un problema de señales. Colombia tiene un precio de bolsa único, de modo que un generador ve el mismo valor en Antioquia, donde la red sobra, y en Bolívar, donde falta. Nada le indica dónde construir. De ahí algunos saltan a una conclusión equivocada: que la energía debería costar más en el Caribe. El sistema es interconectado, la región aporta cerca del 25% de la demanda nacional según Fundesarrollo, y la propia regulación de áreas de distribución busca aproximar los cargos por uso entre regiones. Cobrarle más al usuario costeño por obras que otros dejaron de hacer no corrige ninguna señal. Traslada una falla de ejecución a quien no la causó. El punto es el contrario. El Caribe ya viene pagando esas obras. La tarifa remunera planes de inversión aprobados por el regulador. No es una tarifa cualquiera: en agosto de 2024 la Superservicios reportaba un cargo de comercialización de $391 por kilovatio hora en el mercado atendido por Air-e, frente a $113 de EPM en Antioquia y $104 de Enel en el centro del país. En octubre el Minminas prolongó por dos años, mediante la Resolución 4505, el régimen tarifario transitorio de la región, para que las empresas usaran los recursos de los planes de inversión y de reducción de pérdidas para aliviar su situación financiera. La Liga de Usuarios del Atlántico leyó la medida como una autorización a no invertir durante dos años. Se cobra la obra. La obra se aplaza. La tarifa no baja. No es un episodio aislado. La CREG le impidió a Air-e seguir facturando pérdidas no técnicas por incumplir su plan de inversión. Los gobernadores pidieron en 2024 una auditoría de lo invertido por Air-e y Afinia desde 2020. Antes de ellas, Electricaribe fue intervenida cuando los costeños pasaban hasta 96 horas al año sin luz frente a un promedio nacional de 38. Detrás hay una falla regulatoria que nadie ha querido nombrar: la CREG reconoció que las reglas para verificar los activos de esos planes de inversión, previstas en la Resolución 015 de 2018, no habían sido expedidas. Lo que corresponde no es cobrar más. Es exigir. Auditoría con consecuencias sobre lo cobrado y no ejecutado, devolución en tarifa de esa diferencia, hitos exigibles a los responsables de los 42 proyectos de transmisión retrasados, y obligaciones de energía firme que se asignen probando entregabilidad efectiva al área donde está la demanda. Que la carga de la prueba la lleve el generador y no el usuario. Habrá que ver si esta vez sí prenden las barcazas. Las de 1992 atracaron en Cartagena y nunca sirvieron. Treinta y cuatro años después seguimos esperándolas, y ahora van a hacer falta, porque las térmicas solas no darán abasto. Ahí está la ironía mayor. La Costa tendrá que generar para todo el país con la red más frágil del sistema, y esa misma red puede no alcanzar a llevar esa energía completa hacia el interior. El Caribe no necesita pagar la energía más cara. Ya la pagó. Lo que no ha recibido es la red. No se merece ese rezago.