Primera derrota con la que todos ganamos

Jorge Restrepo
Antes de su elección argumenté que un eventual gobierno de De La Espriella sería un gobierno con mayores restricciones que uno de continuidad, pues encontraría un mayor contrapeso en otras instituciones. El resultado de la elección del presidente del Congreso el 20 de julio tuvo ese efecto estabilizador: desradicalizará la agenda de política del gobierno, pues limitará su capacidad de cambio institucional y normativo. Más que una derrota del futuro gobierno, se trata de una buena noticia para el futuro. Aunque hay quienes sostienen que el gobierno entrante podrá lograr sus ambiciosos objetivos a través de medidas administrativas, no hay tal: el Congreso sí importa. Sin reformas legales el gobierno entrante estará más cerca de un fracaso. En las dos áreas más importantes de política a las que se comprometió con el electorado, seguridad pública y asuntos fiscales, tendrá que acometer reformas legales, pues no cuenta con la base necesaria en materia normativa. En seguridad, el gobierno no cuenta con lo necesario para luchar contra el crimen organizado violento, ni en materia de actuación de la fuerza pública ni en términos de la administración de justicia criminal. Una reforma judicial es necesaria y no basta con medidas de gestión o de política criminal. La fuerza pública no logrará reprimir el crimen con las herramientas del conflicto armado interno. Las mujeres y hombres de la fuerza pública requieren mayor seguridad jurídica para enfrentar al crimen efectivamente. La debilidad programática que caracteriza el gobierno en formación le ha llevado a caer por defecto en políticas de seguridad de hace al menos dos décadas. No acometer esas modificaciones legislativas en seguridad le condenaría a la ineficacia o a repetir los errores del pasado. Una política fiscal que se reduzca a medidas administrativas de recorte y reformulación del gasto y de manejo de deuda será insuficiente. La economía no se podrá estabilizar con el regresivo estatuto tributario que hereda el gobierno. En impuestos es urgente una reforma que incluya la eliminación de las tasas diferenciadas por actividad económica, que reduzca la tasa a las utilidades de las empresas y que elimine impuestos distorsionantes e inflacionarios, como el impuesto del 20% al precio de venta de los alimentos manufacturados y producidos por medianas y grandes empresas, heredado de la reforma tributaria de 2022. Eliminar el impuesto al patrimonio que estableció la triple tributación en cascada es otro requisito para entrar en una senda de recuperación del crecimiento con base en la inversión productiva. Hay otras áreas de política en las que es urgente un cambio normativo. Modificar el régimen de pensiones no da espera por razones de justicia intergeneracional y sostenibilidad. Volver al sistema de salud público prepandemia sería impagable. Haber perdido la presidencia del Senado hará estas reformas más probables y las desradicalizará, pues obliga a un juicioso trabajo político basado en la negociación parlamentaria y búsqueda de consensos, distinto a lo que habría ocurrido si el Congreso hubiese quedado bajo el control del candidato gobernista. Que no haya otra aplanadora legislativa es buena noticia para todos.
Profesor de economía, Pontificia Universidad Javeriana.