En riesgo, crecimiento previsto por Gobierno, por la baja inversión
La ejecución de la inversión pública continúa siendo uno de los principales desafíos para las finanzas del país, pese a que el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de 2026 la identifica como un motor esencial para impulsar el crecimiento económico y fortalecer la sostenibilidad fiscal
La ejecución de la inversión pública continúa siendo uno de los principales desafíos para las finanzas del país, pese a que el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de 2026 la identifica como un motor esencial para impulsar el crecimiento económico y fortalecer la sostenibilidad fiscal. Así lo advierte un análisis del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, que concluye que los rezagos, especialmente en infraestructura física, podrían comprometer la materialización de los objetivos planteados por el Gobierno para dinamizar la economía y mejorar la conectividad del país. El estudio parte de una aparente contradicción entre los objetivos del Marco Fiscal y el comportamiento reciente del gasto de inversión. Mientras el documento oficial plantea que el fortalecimiento de este componente será determinante para impulsar el crecimiento y contribuir a la recuperación de las finanzas públicas, la ejecución presupuestal continúa enfrentando dificultades para convertir los recursos apropiados en proyectos efectivamente desarrollados. Para 2026, el Presupuesto General de la Nación (PGN) asignó $89,5 billones a inversión, de un total de $555,8 billones. Esta cifra incorpora el incremento del presupuesto derivado de la declaratoria del estado de emergencia y de la expedición del Decreto 150 de 2026, que elevó el monto total del PGN desde $546,9 billones. Sin embargo, el análisis sostiene que el desafío no radica únicamente en la disponibilidad de recursos, sino en la capacidad institucional para ejecutarlos de manera eficiente y oportuna. El Observatorio Fiscal señala que la inversión ha venido perdiendo peso dentro del presupuesto nacional durante los últimos años. En 2024 representó el 19,9% del Presupuesto General de la Nación, porcentaje que cayó al 15,8% en 2025. Para 2026 se observa una recuperación hasta el 16,1%, aunque esa participación sigue por debajo de la registrada dos años atrás, lo que evidencia que el componente de inversión continúa siendo vulnerable en escenarios de estrechez fiscal. A este comportamiento se suma un problema persistente de ejecución. El informe recuerda que desde 2021 la inversión no ha logrado superar el 80% de ejecución al cierre de cada vigencia. Incluso, en 2024 se registró el nivel más bajo de la última década, cuando apenas se ejecutó el 57% de los recursos asignados, reflejando las dificultades para transformar las apropiaciones presupuestales en obras y proyectos concretos. Como parte del análisis, los investigadores utilizan como indicador la relación entre las obligaciones reconocidas y la apropiación vigente, metodología que también emplea el Ministerio de Hacienda. Según explican, una obligación surge cuando una entidad estatal recibe un bien o un servicio y reconoce formalmente el valor adeudado en cumplimiento de un compromiso previamente adquirido, lo que permite medir con mayor precisión la velocidad con la que el gasto realmente se materializa. Bajo esa metodología, la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda reportó que al 30 de junio de 2026 la ejecución acumulada de la inversión alcanzó el 30,5%. Aunque este resultado supera el promedio observado desde 2020, ubicado en 27,2%, y solo es inferior al ritmo registrado en 2022, el Observatorio considera que el avance todavía resulta insuficiente, especialmente al tratarse de un año de cambio de gobierno. El estudio también desagrega la ejecución por sectores para determinar si aquellos que reciben mayores recursos muestran un mejor desempeño. Los resultados revelan un comportamiento dispar. Transporte concentra la mayor apropiación de inversión, con $15,6 billones, pero apenas registra una ejecución del 11,5%, equivalente a cerca de $1,8 billones, convirtiéndose en la cartera con el menor avance entre los cinco sectores con mayor asignación presupuestal. El contraste es evidente frente a los demás sectores analizados. Inclusión Social y Reconciliación registra 40,2%; Minas y Energía alcanza 46,5%; Igualdad y Equidad llega 47,4%; mientras Educación presenta un avance del 55,9%. Todos estos sectores superan ampliamente el promedio general de ejecución de la inversión, que se ubicó en 30,5%, mientras Transporte permanece muy por debajo de ese nivel.