La Nación, Costa Rica
28 de julio de 2026
La Contraloría General de la República (CGR) ordenó al ICE cesar el uso de alianzas estratégicas en contrataciones directas con instituciones públicas. Conozca los hallazgos de la investigación y las medidas exigidas.
La Contraloría General de la República (CGR) ordenó al Instituto Costarricense de Electricidad cesar el uso de alianzas con empresas privadas para ejecutar contratos que otras instituciones públicas le adjudican mediante contratación directa.
De acuerdo con un comunicado de la CGR, el ente contralor realizó una investigación sobre el cumplimiento de la ley en procesos excepcionales de contratación directa entre 10 entidades públicas y el ICE, así como el control y la gobernanza de las alianzas estratégicas suscritas por esa institución.
La CGR señaló que las instituciones evadieron la licitación pública al recurrir de forma ilegítima a la figura excepcional de contratación directa entre entes de derecho público. Dicha norma se aplica únicamente cuando la entidad pública contratada ejecuta la labor sustancial por sus propios medios.
Según el comunicado, el ICE estableció convenios con firmas privadas que asumieron funciones clave como el desarrollo técnico, el equipamiento de hardware y software y el mantenimiento. Esta práctica redujo el papel de la institución estatal a una intermediación comercial y administrativa.
Órdenes de la CGR
La CGR también le ordenó al ICE garantizar la ejecución por sí mismo de las labores esenciales de cada contrato directo y limitar la subcontratación a aspectos especializados o accesorios mediante los trámites ordinarios de contratación pública.
La CGR también dispuso la elaboración de un estudio técnico y financiero de las alianzas vigentes con el fin de resguardar el patrimonio institucional y los fondos públicos.
El ente contralor, además, le pidió al ICE que elaborara un estudio técnico y financiero de las alianzas vigentes para aplicar medidas correctivas que protejan el patrimonio de la institución y los fondos públicos.
A las diez entidades contratantes, la Contraloría les ordenó implementar mecanismos para verificar la idoneidad técnica y legal de las entidades públicas que contraten bajo la figura de excepción, junto con un plan para asegurar la continuidad de los servicios prestados a los ciudadanos.
Las instituciones involucradas en las contrataciones investigadas son la Asamblea Legislativa, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
También el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), el Instituto Nacional de Seguros (INS), el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), el Ministerio de Hacienda, la Municipalidad de Upala y el Museo de Arte Costarricense (MAC).
ICE discrepa de criterio de la CGR
El ICE indicó que discrepa del criterio emitido este martes 28 de julio por la CGR.
La institución estatal señaló que el documento está pendiente de conocimiento y de análisis de fondo para determinar con precisión los alcances y las acciones derivadas, en defensa de los intereses de la entidad en competencia.
"La trascendencia de dicho informe ocasiona graves daños al ICE, así como a las instituciones públicas a las que sirve. Este resta competitividad en el cumplimiento de sus cometidos legales, al tiempo que le cercena la flexibilidad y el fortalecimiento dotados por el Poder Legislativo con la apertura del mercado de las telecomunicaciones", manifestó el ente.
La Nación consultó al ICE respecto de la investigación y de las órdenes remitidas por la CGR. Al cierre de edición, el ICE no había remitido respuestas.
