Argentina: nuevo esfuerzo estabilizador

Bajo la administración del Presidente Milei, Argentina exhibe uno de los procesos de estabilización más significativos de las últimas décadas. La inflación anual cayó desde más de 200%, a fines de 2023, hasta cerca de 32%, a comienzos de 2026; el fisco alcanzó su primer superávit primario en casi veinte años, y la economía creció 4,4% en 2025, tras dos años de recesión. El Fondo Monetario Internacional y la OCDE han mostrado conformidad con el rumbo, y la clasificadora Fitch elevó la calificación soberana a B-, su mejor nivel desde 2019. Sin embargo, estos logros descansan sobre cimientos monetarios e institucionales aún frágiles. La reforma de la carta orgánica del Banco Central (BCRA), que el gobierno anunció esta semana, representa un nuevo esfuerzo por dotar de institucionalidad a la economía.
La apuesta es extender y blindar el proceso de estabilización de la nación vecina. Dicho proceso requiere un "ancla nominal", esto es, una variable que fije las expectativas de precios y les ofrezca un punto de referencia creíble (tipo de cambio, cantidad de dinero o alguna meta de inflación). El equipo económico optó primero por el frente fiscal, eliminando un déficit cercano a 5% del PIB, y luego abordó el tipo de cambio, mediante una devaluación inicial y un esquema de deslizamiento controlado que desde enero de 2026 ajusta una banda a la inflación pasada.
El problema es que este esquema resulta estructuralmente débil: la banda sigue a la inflación y la inflación a la banda. Así, no existe un ancla concreta que obligue a los precios a converger. Por lo mismo, las estabilizaciones basadas en el tipo de cambio han fracasado más veces de las que han tenido éxito, y Argentina conoce demasiado bien esa historia.
Aquí entra la reforma a la ley del BCRA. La iniciativa apunta al origen histórico de la inflación argentina: el financiamiento del fisco con emisión. Por décadas, los déficits cubiertos con dinero recién impreso alimentaron una inflación crónica que desembocó en la hiperinflación de 1990. Ahora, el proyecto de Milei prohibiría los adelantos transitorios (préstamos del Central al fisco), restringiría el giro de utilidades, eliminaría las letras intransferibles y exigiría dos tercios de ambas cámaras para remover a las autoridades del BCRA. Para entender lo que se juega, cabe recordar que la asistencia monetaria al fisco, que llegó a 7,4% del PIB en 2020, si bien cayó a 0% en 2024, volvió a subir a 1,4% en 2025 y 2,2% en 2026 por la vía de las utilidades contables. Entonces, la reforma busca que el cambio de régimen sea creíble y difícil de revertir.
Con todo, lo anterior, siendo necesario, no es suficiente, pues, al no tocar el laxo mecanismo de nombramiento de las autoridades del banco (en teoría, pueden ser nombradas incluso sin pasar por el Congreso), el proyecto no avanza todo lo que se requiere para el aseguramiento de su independencia. El punto es que, si bien prohibir la emisión para el fisco elimina una causa de la inflación, no crea por sí solo el ancla nominal que falta. Esta requiere avanzar hacia una meta de inflación explícita, con mayor flexibilidad cambiaria y la tasa de interés como instrumento. Y para ello, la independencia es esencial.
El contexto agrega urgencia. Aunque el Banco Central ha comprado más de US$ 10.000 millones en divisas durante 2026, las reservas internacionales netas siguen siendo reducidas -e incluso negativas, según algunas métricas- y el país enfrenta vencimientos con acreedores externos por cerca de US$ 11.000 millones en el segundo semestre y más de US$ 30.000 millones en 2027. Una deuda pública cercana al 75-80% del PIB y una inflación mensual que en marzo de 2026 repuntó a 3,4% recuerdan que el proceso de estabilización aún no está consolidado. A su favor, el gobierno cuenta con un programa del FMI por US$ 20.000 millones, una posición política fortalecida tras las elecciones legislativas y una agenda de reformas estructurales -laborales, comerciales y tributarias- que, según el Fondo, podría elevar el nivel del PIB entre 3 y 5 puntos porcentuales en un horizonte de cinco años.
La lección es antigua y trasciende a la Argentina. La evidencia y la teoría económica han mostrado que erradicar una inflación crónica no exige medidas transitorias, sino un cambio de régimen creíble y sostenido en el tiempo. Una carta orgánica que blinde al BCRA frente a la tentación de financiar al fisco es un paso en esa dirección, pero la credibilidad definitiva la darán las instituciones, más que la voluntad de un gobierno.