Terminó mal

Jorge Restrepo
El proyecto político progresista en Colombia terminó mal, por sus resultados. Aunque hubo beneficiarios del proyecto una vez en el poder, las políticas antiempresariales, anticrecimiento y su aplicación selectiva detuvieron bruscamente la inversión del sector privado, con más fuerza en la prestación de servicios sociales y servicios públicos. Las empresas pararon la inversión, primero como estrategia de protección, después por el desfinanciamiento estatal de los servicios, y finalmente como estrategia defensiva. El sector salud es emblemático: la destrucción empresarial terminó siendo el resultado de una persistente política centrada en buscar la cancelación del lucro —al que ahora en la narrativa del oficialismo que termina le llama "codicia"—, cuyo primer instrumento de política fue el desfinanciamiento, el segundo la intervención para (mal) administrar y el tercero la toma hostil de los órganos de gobierno de las empresas del sector solidario, para controlar y asignar directamente el gasto en salud. Este proceso de política se repite, con particularidades, en la provisión de servicios educativos, en la generación de energía eléctrica y en infraestructura vial, aunque en esos casos la naturaleza de los servicios y la mayor fortaleza empresarial hacen menos aguda la crisis para los usuarios, la inversión se detuvo igualmente en seco. A ese sesgo antiempresa se unió el sesgo anticrecimiento. La reforma tributaria de 2022 impuso la triple tributación a la inversión con impuestos en cascada a los dividendos, al patrimonio y a las utilidades. La reciente emergencia económica extendió el impuesto al patrimonio a las empresas, sobre el que no ha decidido de fondo la lentísima Corte Constitucional, al punto de hacer inviable la inversión productiva. El sesgo anticrecimiento también vino por la política fiscal: la presión sostenida del gasto de la Nación desestabilizó por segunda vez en la historia la macroeconomía, con efectos evidentes sobre el costo del servicio de la deuda, el costo de capital y la inflación de precios al consumidor, una carga financiera duradera que pagaremos por décadas, gracias a las carísimas e irresponsables operaciones de manejo de deuda soberana. La selectividad fue el tercer componente del modelo: el uso de herramientas administrativas para intervenir no se aplicó de forma general sino dirigida. Grupos empresariales fueron designados objeto de particular persecución según sus propietarios, ciertas familias y ciertas ciudades. La imposición de impuestos a los alimentos manufacturados por tamaño empresarial fue otra manifestación de selectividad. La extensión al sector minero y de hidrocarburos de impuestos sectoriales diferenciados a las utilidades fue otra de las dañinas ‘innovaciones’ de la reforma tributaria de 2021 que extendió la de 2022. Aunque es una buena noticia el fracaso electoral de este modelo de desarrollo —la economía del proyecto progresista—, no encuentro razón suficiente para la euforia del precio de activos que estamos viviendo en Colombia. Tomará años desmontar la selectividad, pagar la montaña de deuda, nivelar la tributación y recuperar las capacidades de desarrollo con base en inversión productiva. Ante la euforia es mejor ser cautelosos.
Profesor de economía, Pontificia Universidad Javeriana..