El fino equilibrio entre crecimiento, gasto público y sostenibilidad fiscal

Como ha sido extensamente discutido, el nivel actual del déficit fiscal cercano al 4% del PIB no es consistente con una estabilización de la deuda pública en el mediano plazo y requiere una corrección de al menos 1,5 puntos porcentuales del PIB. El gobierno incorporó en la Ley de Presupuesto una reducción de esa magnitud hacia 2029, sustentada en un crecimiento económico promedio de 2,4% en el período, una mejora de la recaudación asociada a una mayor eficiencia de la DGI y a ajustes tributarios, y la ausencia de incrementos adicionales del gasto en 2028 y 2029 asociados al ciclo electoral.

En ausencia de un shock externo favorable, alcanzar esa corrección fiscal requiere un crecimiento económico superior al 2% anual entre 2027 y 2029. La paradoja es que la probabilidad de alcanzar ese crecimiento depende estrechamente de un repunte de la inversión privada el gobierno proyecta un aumento de 1,5 puntos porcentuales en la tasa de inversión, que a su vez requiere cierta certidumbre respecto de la trayectoria fiscal en el mediano plazo.

En otras palabras, el crecimiento es una condición necesaria para la consolidación fiscal, pero la inversión necesaria para sostener ese crecimiento también depende de la credibilidad del propio programa de consolidación.

Teniendo en cuenta que el dinamismo económico en 2026 y 2027 será menor al previsto en la Ley de Presupuesto el MEF revisó su proyección de crecimiento promedio anual para ambos años de 2,25% a 1,85%, mientras que los analistas la redujeron de 2,00% a 1,45%, era necesario que este año el gobierno diera señales de moderación del gasto público para evitar desvíos fiscales significativos que pudieran afectar la credibilidad del programa para lo que resta del período.

En este contexto, si bien el cumplimiento de las metas fiscales en su primer año de vigencia continúa siendo desafiante, el riesgo de incumplimiento es hoy menor que el que podía preverse a comienzos de año. Esta mejora responde principalmente a la revisión al alza del PIB nominal, al repunte de la inflación y a una aparente gestión activa del gasto discrecional, aunque no modifica la proyección del resultado fiscal observado para este año. La revisión a la baja en los ingresos por 0,4% del PIB sería compensada por una reducción equivalente de las erogaciones, fundamentalmente de los gastos no personales. No obstante, cabe mencionar que los ingresos proyectados para 2026 aún suponen un incremento real en la recaudación de la DGI cercano al 7% durante el segundo semestre, lo que refuerza la necesidad de preservar cierto margen de maniobra adicional en la ejecución del gasto.

De cara a lo que resta del período, el proyecto de ley de Rendición de Cuentas propone incrementar el gasto en US$ 31 millones en 2027, US$ 43 millones en 2028 y US$ 47 millones en 2029. Si bien el aumento luce moderado, existen otros factores que presionarán las cuentas públicas, como el aumento discrecional de las pasividades mínimas y la pérdida de recaudación asociada a la caída en las ventas de vehículos a combustión que en 2026 sería de al menos US$ 50 millones respecto a 2024. En efecto, las proyecciones fiscales del MEF incorporan un deterioro de 0,1% del PIB en el déficit fiscal observado hacia 2029.

Adicionalmente, el gobierno anunció que enviará un proyecto de ley para incorporar una causal de retiro anticipado. Si bien esta medida supondría un leve deterioro del déficit fiscal entre 2035 y 2050 estimado por el BPS en 0,13% del PIB, su impacto de largo plazo debe evaluarse en el contexto de una dinámica demográfica que ya es desfavorable para la sostenibilidad del régimen previsional. En efecto, las proyecciones demográficas resultantes del Censo 2023 implican un deterioro del resultado neto del BPS de algo más de 1% del PIB entre 2050 y 2080, independientemente de la existencia o no de la causal.

En un contexto de menor crecimiento, este aumento moderado del gasto parece reflejar un delicado equilibrio entre las presiones por incrementarlo, en un contexto de caída en los niveles de aprobación del gobierno, y la necesidad de preservar la sostenibilidad fiscal.

Sin embargo, como es plausible que estas presiones no se disipen en 2027-2028, no puede descartarse que se produzcan incrementos adicionales del gasto en futuras rendiciones de cuentas. Por tanto, el margen para que existan desvíos fiscales es muy escaso si se pretende consolidar un aumento de la inversión privada que permita sostener el crecimiento hacia el final del período.