Cerrar brechas sociales

Padre Diego Marulanda Díaz
Más allá de las diferencias programáticas, el éxito del próximo gobierno dependerá de su capacidad para reducir las desigualdades que limitan el avance nacional. Avanzar en el cierre de brechas no es un objetivo sectorial; debe convertirse en el eje articulador de todas las políticas públicas, porque de ello dependerán la competitividad, la cohesión social y la consolidación de una democracia con mayores oportunidades para todos. El primer desafío es la desigualdad entre regiones. Mientras algunas ciudades consolidan ecosistemas de innovación, infraestructura moderna y altos niveles de competitividad, amplias zonas del país continúan enfrentando pobreza, economías de subsistencia, deficiente conectividad y una débil presencia institucional. Estas diferencias profundizan la inequidad y reducen el potencial productivo de Colombia. Superar esta brecha exige una política de desarrollo territorial que garantice inversiones sostenidas en infraestructura física y digital, fortalecer las capacidades de los gobiernos locales y que promueva oportunidades de crecimiento económico en todas las regiones. Las desigualdades en ingresos, empleo formal, acceso a la salud y movilidad social continúan marcando el destino de millones de colombianos. La transformación digital está redefiniendo la economía mundial. Colombia mantiene profundas diferencias en acceso a internet, infraestructura tecnológica, alfabetización digital y adopción de innovación. Mientras algunos territorios participan activamente en la economía del conocimiento, otros permanecen al margen de la revolución tecnológica. Entre todas las desigualdades, existe una que atraviesa y condiciona a las demás, la educación. Ninguna sociedad logra reducir la pobreza, aumentar la productividad, fortalecer las instituciones o impulsar la innovación sin un sistema educativo sólido. La educación superior debe convertirse en uno de los principales aliados estratégicos de los gobiernos. Las universidades forman el talento humano que requiere el país, producen conocimiento científico, desarrollan soluciones para los problemas públicos, transfieren tecnología al sector productivo, fortalecen la capacidad institucional del Estado y ayudan en la construcción de paz. No basta con ampliar la cobertura. Es indispensable garantizar calidad, pertinencia e investigación orientada a resolver los desafíos específicos de cada territorio. Del mismo modo, la articulación entre universidades, empresas, gobiernos territoriales y sociedad civil ha de consolidarse como una política de Estado para responder a las exigencias de una economía basada en el conocimiento.
Rector Universidad Pontificia Bolivariana.