La vulnerabilidad que tiene Uruguay y por qué no utiliza inteligencia artificial en las investigaciones antilavado de dinero

"Las organizaciones criminales siguen innovando a la velocidad de la luz, mientras que los resultados reales, las incautaciones efectivas y las condenas continúan alarmantemente bajas. ¿Estamos previniendo el lavado o solo estamos archivando burocracia?", cuestionaba el video inaugural de la 14ª edición del Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de las Américas (CPLD Américas). En el evento que comenzó ayer, autoridades del sistema antilavado explicaron cómo se prepara Uruguay de cara a la próxima evaluación internacional que tendrá, la que podría llevar al país a integrar una "lista gris", en caso de bajar alguna calificación.

Una premisa que siempre se hace presente en los eventos sobre prevención de lavado de activos es que Uruguay tiene una normativa sólida, que luego no se traduce en efectividad del sistema. Esto no faltó en el congreso organizado por BST Global Consulting, donde la titular y el asesor de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos (Senaclaft), Sandra Libonatti y Daniel Espinosa, junto a la jefa de la Unidad de Análisis Estratégico de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central (BCU), Cecilia Mazzotti, destacaron las fortalezas y vulnerabilidades de Uruguay en la materia. Sobre estas trabaja el gobierno pensando en la quinta ronda de evaluaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en 2030.

Según Libonatti, el concepto de efectividad es en el que se basa el sistema antilavado. Este concepto, de toda la "cadena" que surge en la investigación, se refleja en el final, que son las condenas y decomisos.

En su participación, la titular de la Secretaría Antilavado tuvo que responder cuáles eran las fortalezas de Uruguay en la materia. Entre ellas, destacó que el país es "chico", lo que permite una coordinación que es "fundamental" para la efectividad, y que cuenta con una comisión coordinadora de "alto nivel", en la que participan autoridades de diferentes ministerios y organismos.

A su vez, señaló que a nivel mundial se habla de corrupción, pero que en Uruguay no hay un alto nivel visible como en otros países.

En esta línea, Espinosa agregó la fortaleza institucional y el bajo nivel de informalidad que tiene el país en relación del continente, lo que "hay que hacer pesar".

No obstante, el asesor también se encargó de explicar las vulnerabilidades de Uruguay respecto al lavado. "No sé por dónde empezar", dijo.

Si bien comenzó por las vulnerabilidades que se encuentran en la Estrategia Nacional Antilavado, como las geográficas relativas a las fronteras, dejando al país en un "hub en la región de determinadas mercaderías y dinero", Espinosa hizo énfasis en un problema en el Estado que está "desde siempre": no tiene recursos.

En esta línea, puso el ejemplo de Fiscalía, que contaba con una contadora para investigar casos de lavado, pero al estar en pase en comisión, proveniente del BCU, tuvo que volver al Central y dejó al organismo sin quien ocupe ese rol.

A su vez, señaló que la Senaclaft tiene cinco personas que colaboran con las investigaciones, de un total de 30 que conforman a la secretaría.

"Los organismos públicos tienen que apoyar a la investigación, estamos todos en el mismo barco, pero la Fiscalía debería tener otro apoyo técnico propio para ser efectivo", afirmó Espinosa.

A pesar de este problema, el asesor y extitular de la Secretaría Antilavado afirmó que se coordina y que se han mostrado avances en la cantidad de casos de lavado, ya que en 2025 los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) aumentaron 12% en 2025 al totalizar 1.080, frente los 964 de 2024.

"Pero se ha hecho a base de esfuerzo personal y no institucional", sostuvo Espinosa.

En tanto, Mazzotti también destacó como fortaleza la coordinación interinstitucional y la información a la que puede acceder el BCU, pero señaló como principal "desventaja" la carencia de recursos humanos y tecnológicos, lo que repercute en los tiempos de respuesta en cooperación internacional y en la diseminación espontánea de información.

Asimismo, señaló que el Central está trabajando en la implementación de la Estrategia Nacional, principalmente en el fortalecimiento de las estructuras administrativas y los recursos, tanto humanos como tecnológicos.

Por su parte, Libonatti señaló que han avanzado en cuestiones prioritarias como la coordinación, en donde han buscado "tratar que funcione". Para esto, han firmado acuerdos y se ha trabajado en un protocolo, ya avalado por los organismos correspondientes, que se llevará a la próxima reunión de la comisión coordinadora para que se apruebe.

Del mismo modo, dijo que están trabajando sobre las estadísticas, que al referirse a la efectividad "asumen un rol fundamental", ya que estas "hablan".

Por esto, afirmó que buscan que la información sea integra y que esté en concordancia entre los distintos organismos. Asimismo, señaló que están trabajando en un proyecto de intercambio de información, Sircom, que si bien no está en la Estrategia Nacional, sin tenerlo es "más difícil el avance".

En tanto, Espinosa reflexionó que "la evaluación ya empezó", que se hace "todos los días, y que no "va a valer de nada lo que se haga el último año", por lo que se requiere más enfoque basado en riesgo y más efectividad.

¿Por qué la Senaclaft no utiliza IA?

Respecto a la carencia de recursos en la Senaclaft, Sandra Libonatti, su titular, fue consultada por el uso de tecnología y datos, particularmente de inteligencia artificial (IA), para la investigación de casos de lavado de activos.

"Tengo mis dudas si todas las tecnologías están a nuestro servicio. También podemos tener las tecnologías que están hacia el otro lado", afirmó la titular del organismo.

En tanto, señaló que ya existía en la Senaclaft un observatorio que tenía distintas fuentes de información, junto a los datos que han incorporado a través de acuerdos con otros organismos. A su vez, destacó que han incorporado analistas con capacidades en big data.

Sin embargo, explicó que las herramientas que utiliza la Secretaría Antilavado son "estándar" ya que "hay un problema con la inteligencia artificial": requiere recursos.

En este sentido, Libonatti sostuvo que la IA utilizada tanto por sujetos obligados como por el Estado "no es cualquier inteligencia" artificial que se puede utilizar, ya que los datos personales como confidenciales de una investigación, no se pueden poner "en cualquier lado".

"Eso encarece cualquier sistema que vas a implementar, porque tiene que ir por desarrollos propios", afirmó.

"¿Estamos utilizando IA? No, porque no está dando las garantías en las condiciones que nosotros exigimos para no caer en incumplimientos, no exponer el sistema en su conjunto, no exponer a las personas no incumplir lo que es la ley y nuestras obligaciones", agregó.

No obstante, afirmó que sí trabajan con volúmenes de información con analistas de big data y que la no utilización de IA, "no quiere decir que no se puede hacer una supervisión por riesgo".

En tanto, sostuvo que hay "cosas bastante más complejas" respecto a "por dónde están los riesgos de Uruguay", por lo que se requiere de la colaboración público-privada.

Reglamentación

Las autoridades de la Senaclaft fueron consultadas por la reglamentación de la normativa promulgada el año pasado, que impone modificaciones al sistema de prevención de lavado.

Sobre este punto, Espinosa señaló que se puso en consulta a los diferentes sectores que participan en esta reglamentación, como el inmobiliario, zonas francas, servicios societarios, entre otros.

Ya habiendo procesado los aportes recibidos, esperan que en los próximos 20 días, se les comparta el borrador de la reglamentación.