El aval prestado

En octubre, un colombiano asumirá la dirección del mayor fondo ambiental del planeta. Diego Mesa Puyo fue elegido director ejecutivo y presidente del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), institución que en tres décadas ha entregado más de US$27.000 millones y movilizado otros US$155.000 millones. Su mandato de cuatro años coincide con el noveno ciclo del fondo, dotado con US$3.900 millones. La noticia es excelente. El detalle incómodo es que las cartas de respaldo que acompañaron su candidatura las firmaron el Gobierno de Canadá, su segunda nacionalidad, y el gobierno entrante. No el que todavía administra el país. Ya vimos esta película. En 2022, Fernando Ruiz llegó a la recta final de la elección para dirigir la Organización Panamericana de la Salud con respaldo de 20 de 35 países. La Cancillería retiró la candidatura porque el aspirante no compartía el modelo de salud del Presidente. Conviene entender qué se pierde. Los cargos multilaterales definen prioridades, aprueban carteras y deciden a qué territorios llega el dinero. El GEF administra además el fondo que financia el marco global de biodiversidad de Kunming-Montreal, la agenda que Colombia abanderó al presidir la COP16 en Cali. Un país que se ofreció como capital mundial de la biodiversidad no movió una ficha por poner a un compatriota al frente de la caja que paga esa agenda. La urgencia es medible. El Ideam reportó 119.483 hectáreas deforestadas en 2025, segundo año consecutivo de aumento. El informe de Unodc y el Gobierno registró 261.000 hectáreas de coca en 2024, récord histórico, con más de la mitad sembrada en áreas de manejo especial, incluidas reservas forestales y parques nacionales. La explotación de oro de aluvión superó las 105.000 hectáreas, tres cuartas partes de ellas ilícitas. Deforestación, coca y mercurio no son tres problemas: son el mismo negocio ocupando el mismo territorio. De ahí que el financiamiento de conservación y restauración importe. No es ornamento verde: es la economía alternativa en municipios donde hoy manda la economía ilegal. Colombia recibió US$64,36 millones en el ciclo que termina, frente a US$52 millones en el anterior. Son montos modestos, cuyo valor real está en el cofinanciamiento que apalancan. La conclusión operativa es simple. Colombia debe llegar a octubre con una cartera técnica lista y no con un discurso de bienvenida. Los candidatos están a la vista: los manglares del Caribe y del Pacífico, la Ciénaga Grande de Santa Marta, el Canal del Dique, las cuencas del Chocó biogeográfico, los bosques secos y húmedos, y las aguas amenazadas por la ilegalidad. Ecosistemas que amortiguan el clima y hoy compiten en desventaja frente a la retroexcavadora. El cuello de botella no ha sido conseguir recursos, sino estructurar proyectos que resistan evaluación internacional. Hay que decir lo que este nombramiento no es. Mesa responderá a más de 180 países, no a Bogotá, y esa independencia será lo que le dé autoridad. La ganancia colombiana será indirecta: estándares, redes, visibilidad. La directa depende de algo que sí controlamos, que es dejar de tratar las candidaturas multilaterales como cuotas ideológicas y manejarlas como política de Estado, con criterios técnicos y continuidad entre gobiernos, al modo de Brasil o Chile. Queda una verdad incómoda. Colombia produce talento de talla mundial y lo administra como si le sobrara. Mesa llegó al GEF por mérito propio, con el aval de otro país en el bolsillo. El próximo colombiano que aspire a un cargo así no debería necesitar pasaporte extranjero para que lo tomen en serio. Esa reforma no se hace en Washington: se hace en la Cancillería.