Terrorismo apolítico

Jorge Restrepo
Durante los últimos 6 años las disputas entre grupos de crimen organizado han generado la mayor parte de la violencia y la inseguridad. Estas disputas, sin embargo, no son el único reto: las acciones terroristas en las ciudades se han convertido en el principal generador de miedo en la población y han logrado afectar la capacidad de operar de la fuerza pública. El terrorismo del crimen no es nuevo en Colombia, pero de 2021 para acá, los grupos armados han venido recurriendo con mayor frecuencia al uso de explosivos. En CERAC hemos contado al menos 1.158 eventos terroristas desde 2016, 40% contra objetivos civiles, 30% contra la fuerza pública y 30% indiscriminados. El terrorismo también está presente, dos veces cada semana en promedio en medio de bloqueos de vías, con explosivos de bajo poder dirigidos en contra de la Policía y de los sistemas de transporte masivo. Así como Colombia no cuenta con una política para intervenir efectivamente las disputas entre grupos armados tampoco cuenta con una política para reducir el terrorismo. Un primer paso efectivo es comunicar a los ciudadanos sobre el nivel de riesgo, para obtener cooperación que permita reducir la probabilidad de que las acciones con explosivos tengan éxito. La información ciudadana permite prevenir a bajo costo: no hay dispositivo de vigilancia tecnológica que logre la información que puede ofrecer una ciudadanía que confía en la fuerza pública. Los dispositivos de autoprotección de la fuerza pública, basados en la vigilancia y la alerta, son también baratos y efectivos: en al menos la mitad de los últimos casos de explosivos contra instalaciones militares o de policía un vehículo con explosivos ha logrado estacionarse en la proximidad del objetivo de los terroristas. La inteligencia antiterrorista es la tercera medida efectiva, pues mejora la prevención y recupera el propósito operativo de los cuerpos de inteligencia. Sin judicialización efectiva, sin embargo, todo lo anterior es insuficiente: el desmantelamiento de grupos que usan el terrorismo sí es posible y es más efectivo que el uso de la fuerza o la negociación para detener el terrorismo, pues agota su generación. La persistente actividad judicial basada en inteligencia criminal, con el complemento de un encarcelamiento que impida la reorganización de las células y le quite capacidades a los detenidos, detiene el terror. La directiva de la Fiscal General, que aplica mecanismos de justicia restaurativa a quienes han sido detenidos por los jueces acusados de hechos terroristas en Bogotá, va en la vía opuesta. No podemos perder la oportunidad de contar con una política antiterrorista integral y bien pensada: No basta con suspender las negociaciones con grupos armados o revisar o revertir las millonarias compras del gobierno saliente. Sin una política criminal antiterrorista, las ciudades colombianas seguirán siendo el lugar en el que el crimen mantiene lucrativas fuentes de rentas gracias a sus acciones de terror disuasivo, para mantener lejos la justicia, para que no los alcancen.
Director de CERAC