Lecciones de la judicialización de la política

Después del archivo del Caso Cocteles, tras la elección de la presidenta Fujimori, y de la reciente excarcelación del expresidente Humala, es importante evaluar el rumbo de las investigaciones anticorrupción de los últimos años.Como sabemos, luego de revelarse la confesión del pago de sobornos de Marcelo Odebrecht en diciembre del 2016, y de los CNM Audios de julio del 2018, se abrió en el país una ?ventana de oportunidad? para la implementación de iniciativas de combate a la corrupción, que fue aprovechada por el presidente Vizcarra para proponer un conjunto de reformas del sistema de justicia, basándose en recomendaciones de una comisión de expertos, que incluyeron reformas constitucionales aprobadas por el Congreso. Esta oportunidad a su vez fue aprovechada por un grupo de fiscales y jueces para mostrar iniciativa, audacia y autonomía, acusando, abriendo procesos y logrando incluso prisiones preventivas de expresidentes y excandidatos a la presidencia. Al inicio, este activismo judicial fue saludado y percibido como un compromiso de lucha contra la corrupción, sin temor de chocar con el más alto nivel del poder político, atravesando todo el espectro ideológico. Esto se expresó en el proceso, orden de captura y posterior condena del expresidente Toledo, la prisión preventiva de Humala (y de su esposa Nadine Heredia), la condena en primera instancia del expresidente Vizcarra, el arresto domiciliario del expresidente Kuczynski, a los que habría que sumar la prisión preventiva de la excandidata Keiko Fujimori y el intento de detención preliminar del expresidente García. Desde el extranjero llamaba la atención nuestro país por ser uno en el que ?se atrevían a meter presos a los expresidentes?.En realidad, estos hechos reflejaban, más que una gran fortaleza en la institucionalidad anticorrupción, la debilidad de los liderazgos políticos y de sus partidos (incapaces de defender eficazmente a sus líderes), un alto nivel de confrontación política (donde los grupos políticos rápidamente aprovechan las denuncias de corrupción para intentar lapidar a los adversarios), y un generalizado desapego ciudadano con nuestras instituciones, un fuerte sentimiento antipolítico, que creó incentivos para el desarrollo de una suerte de populismo penal, a lo que se sumó la cobertura periodística, muchas veces alineada también políticamente, en función de sus preferencias.Las iniciativas anticorrupción abiertas tras el Caso Lava Jato sí se concretaron en sentencias firmes, sobre todo en el ámbito subnacional, con exautoridades que cumplen condenas, como los exgobernadores César Álvarez de Áncash, Gerardo Viñas de Tumbes, Hugo Gonzales y Jorge Acurio del Cusco, Iván Vásquez en Loreto, Félix Moreno del Callao, entre otros.Sin embargo, en general, podría decirse que el número de denuncias e investigaciones excede por mucho las condenas firmes, y los casos más mediáticos, que involucraban expresidentes y excandidatos, terminaron teniendo un resultado mediocre, no solo por el progresivo debilitamiento del ímpetu anticorrupción de los últimos años; también porque se optó por una línea de acusación cuestionable desde el inicio, basada en la financiación de las campañas políticas, antes que en torno a casos de soborno más convencionales, por así decirlo.Corresponde ahora hacer balances fríos de la experiencia de los últimos años para poder recuperar iniciativas de lucha contra la corrupción, pero evitando errores y excesos, tanto judiciales como políticos e institucionales.