Revisar "rigideces" e informe antes de fin de año: el mandato de la comisión sobre empleo público

Luego del debate del proyecto de Reconstrucción, que está a punto de ser despachado en su totalidad por el Congreso tras la votación de vetos supresivos, el Gobierno se meterá en otra agenda compleja: la revisión del Estatuto Administrativo, que es la norma madre que rige a los empleados públicos.
En una primera instancia, se convocará a una comisión de expertos para estudiar cambios. Ayer, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, comentó que la comisión contará con un período de trabajo de aproximadamente dos meses para elaborar sus conclusiones. Posteriormente, precisó, estas deberán ser socializadas "del modo más amplio posible", con miras a avanzar hacia una normativa que permita modernizar el funcionamiento del Estado. "Esperamos (que las conclusiones de la comisión) se entreguen antes de fin de año", indicó.
El alto funcionario agregó que el Estatuto Administrativo "es algo que requiere algunos cambios más estructurales, pero va a estar de aquí a fin de año para ser materia de discusión".
Respecto de los aspectos específicos que podrían modificarse en la regulación, el ministro señaló que será la propia comisión la encargada de determinar las materias que requieren cambios. Pero sostuvo que existen diversos ámbitos asociados a "rigideces" que deberán ser revisados. "Queremos que el Estado sirva mejor a la ciudadanía", afirmó.
Quiroz dijo que "el Estatuto Administrativo tiene larga data, ha cambiado el mundo, las circunstancias, se requiere adaptarse a este nuevo entorno".
Las señales previas
En junio, el ministro del Trabajo, Tomás Rau -quien lideraba una mesa de trabajo con la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) por estas materias-, dio señales respecto de los cambios en los que podría avanzarse en la regulación del empleo fiscal.
"Vale la pena preguntarse si este número de estatutos es realmente el problema, si realmente queremos empezar la conversación para avanzar en un estatuto único. Hay que reconocer que la naturaleza de los trabajos es distinta, lo que hacen los trabajadores de la salud es muy distinto a lo que hacen los fiscalizadores", dijo.
Rau también puso sobre la mesa la idea de separar los cargos de confianza de los de carrera. "Hay cargos que son de confianza de la autoridad que llega, y están los cargos técnicos de carrera, que son muy importantes, no solo para el empleo público, sino para hacer llegar las políticas públicas a la ciudadanía. La forma de avanzar hacia modalidades de ingreso en base a mérito es importante", agregó.
La reacción de los empleados fiscales
Desde la ANEF, su presidente, José Pérez, se mostró disponible para conversar sobre cambios al Estatuto Administrativo. "Disponibles para abordar los temas que históricamente los hemos asumido cuando se habla de modernización del Estado", señaló.
Pérez advirtió al Ejecutivo que "no basta solo un equipo de técnicos eruditos... sino que también es importante la voz de quienes ejecutamos la función pública, que sigue siendo estratégica para la ciudadanía".
El líder de la ANEF indicó que "queremos que se respete ese diálogo permanente con los gobiernos de turno", y recordó que con la actual administración "ya tenemos una mesa de trabajo formal e institucional en áreas tan sensibles como es modernizar nuestro estatuto público".
Las rigideces
El economista Enrique Paris, exjefe de asesores del Ministerio de Hacienda en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, calificó como "positivo" que lo que se quiera proponer eventualmente al Congreso "sea el resultado de una discusión que realice una comisión técnica, con personas que conocen el empleo público".
El especialista apuntó que las "rigideces" en el régimen del empleo público "están asociadas a las tres grandes etapas del empleo, que son las condiciones bajo las cuales se ingresa al servicio público, cómo los funcionarios desarrollan su carrera o avanzan y las condiciones de egreso del empleo público". Paris anticipó que la discusión "no va a estar exenta de controversia".
En esta línea, la exsubcontralora general de la República, Patricia Arriagada, planteó avanzar en "regulaciones flexibles" que se ajusten a "las actuales dinámicas de relacionamiento público-privado, a las nuevas necesidades públicas que se deben satisfacer y que consideren el empoderamiento de la ciudadanía". Añadió que los eventuales cambios deben tener "en cuenta la irrupción de las tecnologías y la posibilidad de ejercer ciertas funciones vía remota". Precisó que su cumplimiento "debiera ser en un gran porcentaje por objetivos, la gestión por resultados y el sistema de incentivos por mérito".
''Esperamos (que las conclusiones de la comisión) se entreguen antes de fin de año". JORGE QUIROZ MINISTRO DE HACIENDA