¿Reforma al empleo público?

Un 23,3 por ciento del PIB promedió el gasto del gobierno general en los últimos cuatro años; esto es, más de cinco puntos porcentuales superior al de dos décadas atrás y casi cuatro puntos más que el observado hace una década. Si bien este gasto está por debajo del que se registra en la mayoría de los países avanzados, existe una legítima preocupación por el retorno de esos desembolsos adicionales. La productividad de la economía está también influida por la eficiencia con la que el Estado desarrolla su labor. En esto es clave, igual que en el mundo privado, la eficacia con la que se desempeñan sus trabajadores. Es importante recordar, a propósito de ello, el cuestionamiento que, a menudo, expresa la ciudadanía por los tratos que recibe en reparticiones del Estado. Lamentable es también la baja confianza que registran nuestros servicios públicos en el último reporte de la OCDE sobre confianza en instituciones: Chile ranquea en el último lugar y muy por debajo del promedio.
En este lapso se observa, además, un fuerte aumento en el gasto en personal, empinándose en la actualidad levemente por encima del 7 por ciento; en cuanto a número de personas, el empleo público promedió en 2025 casi 1,1 millón. Pero ese aumento ha ido acompañado, además, de un significativo incremento en el ausentismo. Este se duplicó entre 2006 y 2022, para alcanzar este último año un poco más de 35 días. En los años siguientes se ha mantenido en torno a 32 días. Parte importante se explica por las licencias médicas, que fueran motivo de fuerte controversia el año pasado.
Un escenario como este pone de relieve la importancia del anuncio del ministro de Hacienda de que se instituirá una mesa transversal para revisar el estatuto administrativo, pero el desafío trasciende a ese marco específico. Los funcionarios de planta representan en la actualidad una proporción inferior al 20 por ciento de la dotación del sector público. El foco parece estar en la administración central, pero sería deseable que se discutieran también lineamientos para el sector municipal, que requiere una modernización, más allá de las reformas de 2016, en su estructura de personal.
La administración anterior trabajó en una reforma al régimen de empleo público, pero desistió de presentarla, prolongando una tónica que ha sido persistente en el tiempo. Y es que, en rigor, la necesidad de avanzar en esta dimensión se viene planteando hace más de 25 años. En el gobierno del Presidente Lagos se creó el Sistema de Alta Dirección Pública, pero si bien luego sucesivos gobiernos han perfeccionado ese sistema, no han abordado una reforma más comprensiva del empleo público, a la altura de los reclamos ciudadanos. El punto es que una reforma verdaderamente integral en este ámbito es fundamental para lograr un mejor Estado, y hay además buenos ejemplos en la experiencia comparada que pueden guiar esta discusión.
Entre otras reformas, parece necesario asegurar un régimen similar de empleo para todos los funcionarios, que contenga no solo movilidad vertical, sino también horizontal, de forma de promover carreras más atractivas en el sector público. En la actualidad, conviven múltiples regímenes y funcionarios de planta, contrata y honorarios, con la mayoría formando parte de la dotación y otros fuera de ella. Esto se debe, en gran medida, a la inflexibilidad de las plantas. Si bien esa estabilidad pudo tener sentido en algún momento, hoy lo ha perdido completamente. Por cierto, un reforzamiento profesional y la selección exclusivamente por mérito de los altos directivos públicos facilitarían esa flexibilidad. Los premios por desempeño también deben ser revisados. A los ciudadanos no les hace mucho sentido que 213 de los 216 servicios acogidos al Programa de Mejoramiento de la Gestión reciban el máximo bono por haber cumplido sus metas y que los otros tres también accedan a una alta recompensa. Los indicadores están muy imperfectamente alineados con el buen servicio público que las personas demandan. Es de esperar que estos asuntos, en los que urge avanzar y que parecen gozar de respaldo transversal, no se frenen por los intereses particulares de unos pocos gremios.