Desastre nacional por el terremoto más fuerte del siglo XXI en Colombia

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, declaró oficialmente la situación de desastre de carácter nacional tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia ayer lunes 10 de agosto. La decisión, adoptada en la sala de crisis de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), busca habilitar mecanismos excepcionales para atender las emergencias registradas en departamentos como Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero. Mientras el Ejecutivo despliega su gabinete, diversos sectores parlamentarios ya solicitan activar adicionalmente el estado de emergencia económica para gestionar la crisis fiscal. "Se acordó declarar la correspondiente situación de emergencia que será suscrita en el transcurso del día por todos los ministros y los funcionarios de la entidad y de otras instancias para aprobar esa declaratoria de emergencia que nos servirá para atender de la manera como nos corresponde para ayudar a este desastre natural", dijo el presidente de la República, Abelardo De La Espriella. múltiples impactos Los servicios públicos también sufrieron el impacto directo del evento sísmico, con una caída inicial del 18 % en la demanda eléctrica nacional que, un par de horas después del evento se recuperó en su totalidad. Sin embargo, la situación en el transporte es compleja, pues seis aeropuertos permanecían sin operación para vuelos comerciales debido a daños en sus terminales. Esto, de acuerdo con el reporte entregado por presidencia sobre el mediodía. De La Espriella subrayó que esta declaratoria de desastre permitirá "atender de la manera como nos corresponde" la emergencia, activando los protocolos necesarios para ayudar a mitigar los efectos del desastre natural y evitar que las consecuencias se extiendan, agravando la estabilidad de las comunidades golpeadas por la tragedia natural. Propuesta de emergencia económica Paralelo a la gestión del desastre, sectores del Congreso de la República elevaron una solicitud para que el Gobierno declare el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. La senadora Sara Castellanos, del partido Movimiento de Salvación Nacional, solicitó "hacer uso del artículo 215 de la Constitución" ante la magnitud de la calamidad pública que enfrenta el país para dotar al presidente de facultades extraordinarias. "Solicito respetuosamente, desde mi curul, al presidente Abelardo De La Espriella hacer uso del artículo 215 de la Constitución y declarar el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, ante la calamidad pública que enfrenta el país. Todo el Estado debe estar concentrado en atender esta calamidad. Nuestro corazón y ayudas estarán con todas las personas afectadas. Dios tiene cuidado de Colombia", dijo la parlamentaria en su cuenta de X. Parlamentarios de la región del Valle, como Christian Garcés y Santiago Castro, se sumaron a esta petición argumentando la necesidad de disponer de todos los recursos necesarios para enfrentar la situación. Un estado de emergencia facultaría al Ejecutivo para crear o modificar tributos de forma temporal y adoptar medidas presupuestales que los mecanismos ordinarios del Estado no permiten en tiempos de normalidad. Pero este mecanismo excepcional requiere la firma de todos los ministros y está sujeto a un riguroso control por la Corte Constitucional. La importancia de evaluar esta vía económica radica en la presión que el desastre ejerce sobre las finanzas públicas, considerando que se deben intervenir 18 centros de salud y múltiples centros comunitarios. El Gobierno tendría que explicar la insuficiencia de los mecanismos ordinarios si decide avanzar hacia la declaratoria de esta emergencia en el corto plazo. Plan de reconstrucción Mientras se define el rumbo de las medidas económicas, la Vicepresidencia y la Cancillería han iniciado la coordinación de la ayuda externa para fortalecer la capacidad de respuesta nacional. La comunidad internacional ha reaccionado con rapidez ante el llamado del Gobierno nacional, y aliados estratégicos alrededor del mundo ya han manifestado su intención de colaborar con lo que se requiera. Esta articulación es descrita como vital para canalizar recursos técnicos y financieros destinados a las viviendas destruidas y los edificios en riesgo. Un primer avance significativo en esta dirección es la donación de 500.000 dólares realizada por la CAF para atender las necesidades humanitarias más urgentes tras el terremoto. Estos recursos frescos se integrarían al plan de atención liderado por la UNGRD, priorizando el restablecimiento de los servicios esenciales y la seguridad de los damnificados en las regiones más golpeadas. La cooperación internacional se perfila así como un pilar fundamental para mitigar el fuerte impacto fiscal que supondrá la reconstrucción de la infraestructura dañada.