El Poder Ejecutivo consultó al estudio cuál era su opinión sobre la decisión que había adoptado de finalizar el acuerdo con el astillero español por la compra de dos patrulleras oceánicas. La respuesta, a la que accedió El País, llegó el 1° de julio.
Cuando el Poder Ejecutivo liderado por el presidente Yamandú Orsiresolvió rescindir el contrato con el astillero español Cardama al que se le habían encargado dos patrulleras oceánicas (OPV) por 82 millones de euros provocó un cimbronazo en el sistema político. Se anunciaron reclamos por parte del privado, la oposición principalmente el Partido Nacional criticó duramente el haber dejado por el camino un acuerdo firmado en el gobierno de Luis Lacalle Pou y quedó instalada la interrogante de si la actual administración había actuado bien al cortar el contrato. Al punto tal que una comisión especial en el Parlamento analiza el proceso y lo ocurrido años antes.
Más allá del convencimiento de las autoridades cuya cara visible ha sido el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, Presidencia encargó al estudio jurídico Delpiazzo, que formó parte de la elaboración del contrato con Cardama, que diera su opinión sobre los pasos que dio el Poder Ejecutivo desde que el 22 de octubre de 2025 decidió iniciar acciones civiles, penales y administrativas que luego derivaron en la rescisión.
En dicho informe, al que accedió El País, el estudio concluyó que el Poder Ejecutivo "ejerció legítimamente la potestad rescisoria" por constatar un "incumplimiento grave del adjudicatario".
En el documento de 28 páginas firmado por los doctores Gabriel Delpiazzo y Natalia Veloso se agregó que "el incumplimiento es grave subjetiva y objetivamente" ya que se comprobó "la falsedad ideológica y material de los documentos originales presentados como garantía de fiel cumplimiento del contrato y de su pretendida renovación" así como "por irregularidades de igual índole en la garantía de reembolso en tanto se presentó un documento diferente al obtenido de la entidad aseguradora" y "por la omisión de subsanar dicha falta mediante el aporte de una garantía válida y eficaz".
El proceso
El gobierno decidió rescindir el contrato el 13 de febrero de 2026. En los poco más de tres años que pasaron entre la firma con Cardama y la caída del acuerdo hubo varios hechos que Díaz y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, han contado como prueba de que el astillero español incumplió.
Varios de ellos los recoge y analiza el informe de Delpiazzo. Desde sus primeras páginas resalta la cláusula 36 del contrato donde se estipuló que entraría en vigencia cuando se cumplan ciertos hitos, entre ellos, "el constructor presente la garantía de reembolso" y "la garantía de fiel cumplimiento". Se detalló allí que si en 60 días no estaba todo resuelto el contrato se consideraría nulo. Fue desde ese entonces que se acordaron varias prórrogas para que Cardama pudiera acreditar sus garantías.
Ante esto, se determinó que la garantía de fiel cumplimiento debía estar vigente 12 meses con la condición de que debía renovarse hasta que se terminaran los barcos, pero presentándola con una antelación mínima de 30 días antes de que venciera. La garantía presentada por Cardama vencía el 22 de octubre de 2025 por lo que al no presentarse la renovación al 22 de setiembre del año pasado, el Poder Ejecutivo resolvió ejecutarla el 20 de octubre.
Luego, se da cuenta de que el 21 de octubre, dado que la garantía de Eurocommerce LTD (la institución garante) figuraba en Londres, la Embajada ante el Reino Unido hizo las gestiones para presentar la ejecución. Sin embargo, allí, según el estudio, se dan "los primeros indicadores de falsedad de la garantía". El embajador fue al lugar y en lugar de la empresa que se decía funcionaba una inmobiliaria y al intentar comunicarse al teléfono que figuraba respondió otra entidad financiera.
El 22 de octubre Cardama envió un correo electrónico al Poder Ejecutivo con la renovación de su garantía, la cual seguía siendo emitida por Eurocommerce LTD, algo que tiempo después el dueño del astillero, Francisco Cardama, diría que fue un fraude del cual él fue víctima.
La situación siguió empeorando ya que el Ministerio de Defensa hizo periciar esos documentos presentados y la Policía Científica concluyó que pudieron ser "confeccionados mediante fotocomposición a partir del documento de garantía original". Y luego llegó el informe técnico-jurídico del notario de Madrid Ignacio Martínez-Gil Vilch, que indicó que "los documentos analizados son copias falsificadas".
Las vistas
Ante este escenario, el 26 de diciembre se notificó la rescisión a Cardama. El 9 de enero la empresa española respondió negando haber falsificado la garantía y sostuvo que "es víctima de una maniobra descubierta por el Estado uruguayo".
Más allá de esa apreciación, no se presentó una nueva garantía por lo que le Ministerio de Defensa siguió adelante e incluso encontró nuevos incumplimientos, como por ejemplo con su garantía de reembolso. Se notificó a Cardama, quien respondió el 11 de febrero de 2026 sin brindar nueva documentación.
Finalmente, dos días después, el Poder Ejecutivo rescindió el contrato y el astillero español no interpuso ningún recurso administrativo. En su lugar, el 13 de marzo presentó una nota en la que dice que la resolución es "ilegítima" y agregó que los actos del gobierno "imponen de cualquier manera la necesidad de su terminación, por lo cual Cardama da por terminado el contrato por incumplimiento del Estado".
El País, Uruguay
12 de agosto de 2026
