Ante la catástrofe

Como lo expresábamos ante propuestas del anterior gobierno sobre la convocatoria de una asamblea constituyente, si bien la Constitución de 1991 no es perfecta y admite modificaciones —a sus treinta y cinco años ya lleva sesenta y cuatro—, es más importante procurar el acatamiento a sus normas —muchas de las cuales han quedado en pura teoría— que estar tramitando, a cada rato, reformas coyunturales totalmente innecesarias. Más que reformarla, hay que cumplirla. Culminada la campaña electoral y ya posesionado el nuevo presidente de la República, debe comenzar el ejercicio de sus funciones como jefe de Estado, de gobierno y suprema autoridad administrativa, sobre la base del juramento prestado, que lo obliga a cumplir fielmente la Constitución y las leyes colombianas y a garantizar los derechos y las libertades de todas las personas aquí residentes, no solamente los de sus partidarios. La primera prueba para el gobierno entrante ha consistido en la grave catástrofe generada por el terremoto del 10 de agosto, con lamentables efectos de angustia, destrucción y muerte, en varias ciudades y regiones. Ante ello, como lo indican experiencias anteriores, lo primero y más importante radica en la reacción inmediata y en la adopción y práctica de medidas oportunas, orientadas a la protección efectiva de la vida, la salud, la integridad y otros derechos esenciales de miles de personas, mediante la actividad y el liderazgo de la Administración nacional y las locales, más allá del saludo militar y de los lemas de una campaña política ya culminada. En el momento actual, eso quedó atrás. Hay urgencias que no admiten espera, demora ni distracción. Que exigen la pertinente gestión pública y la colaboración privada, con miras a obtener resultados palpables y concretos. Han transcurrido varios días desde el infausto fenómeno natural, pero sus efectos han sido y continuarán siendo de la mayor gravedad, en perjuicio de miles de personas, familias e instituciones cuya protección y recuperación son urgentes. No pueden postergarse. Entre otras urgencias, están la búsqueda de personas desaparecidas, el rescate de personas atrapadas, la atención médica, la alimentación, el albergue y la seguridad de quienes perdieron sus viviendas, la protección especial para los menores, enfermos y personas de la tercera edad. Y también las proyecciones de reconstrucción. Hace falta mucha ayuda —de orden físico, técnico y preventivo—, en las zonas afectadas por la tragedia, en guarda y protección de la vida, la dignidad y los derechos esenciales de muchos seres humanos y de comunidades enteras. Por eso —lo decimos con todo respeto, pero con claridad—, cuando varios países nos han ofrecido ayuda —que se necesita—, carece de razonabilidad que se haya resuelto discriminar entre ellos y aceptar o rechazar su oferta según la orientación política de sus gobiernos. Se ha anunciado que únicamente van a recibir equipos de búsqueda y rescate de países como Israel, Ecuador, El Salvador y Estados Unidos. Así no se cumple el mandato constitucional, ni se manejan las relaciones internacionales. Por otra parte, nos hemos preguntado si, para el Ejecutivo, no era de mayor urgencia atender —hoy y aquí— la gravísima situación existente que precipitarse a reconocer, de manera extemporánea, sin un adecuado y razonado estudio y sin fundamento jurídico internacional, la ocupación israelí de los Altos del Golán —pertenecientes a Siria—, en hechos que tuvieron lugar en 1967. Una incomprensible decisión que han rechazado varios países. Para todos nosotros, la mayor preocupación actual y vigente no es otra que la reciente catástrofe y sus negativos efectos. Muchas personas han perdido la vida o a sus seres queridos. Hay seres humanos bajo ruinas y escombros, muchos heridos, no pocos desaparecidos y enorme destrucción. Se requieren solidaridad, compromiso, sentimiento humanitario e integración entre Estado, empresarios e instituciones, a favor de las víctimas y de la población afectada.
Punto de referencia
José Gregorio Hernández Galindo