Patrimonio estadístico

Los países recolectan datos estadísticos con el fin de describir su realidad, tanto demográfica como económica, social y cultural. La información recopilada es útil para que los gobiernos, las organizaciones y la ciudadanía en general puedan tomar mejores decisiones. Es útil, también, para diseñar políticas públicas y evaluar su funcionamiento.
El valor práctico de esta información depende centralmente del rigor técnico del levantamiento. Pero eso no basta: las estadísticas deben ser objetivas y creíbles, lo que también descansa en la independencia técnica de quien lleve adelante procesos que incluyen levantar datos, ordenarlos, custodiarlos, protegerlos, analizarlos y difundirlos.
En 2015, la segunda administración de Michelle Bachelet ingresó al Congreso un proyecto de ley para reformar la institucionalidad del sistema estadístico nacional. El proyecto está en segundo trámite constitucional en el Senado desde 2017. Su discusión se retomó brevemente a fines del 2024, pero no ha avanzado desde entonces.
Claves en una reforma están el fortalecimiento de las capacidades del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y en dotarle de mayor independencia técnica, no solo a través del mecanismo de designación de su dirección, sino también en las limitaciones a las causales de su remoción. Al mismo tiempo, es relevante la posición que se le otorgue dentro de la administración pública y el grado de discrecionalidad presupuestaria.
En cualquier caso, y más allá de los avances que traería una reforma, Chile ya tiene un sistema estadístico de alto nivel internacional. Nuestras estadísticas son reconocidas y utilizadas por una multiplicidad de usuarios, incluyendo organismos internacionales y académicos dentro y fuera del país. Por cierto, siempre hay espacios de mejora -aparecen técnicas y métodos más avanzados, además de nuevas preguntas-. Pero no hay duda de que nuestras estadísticas son confiables.
Episodios del pasado reciente, como el Censo fallido del 2012 y la controversia en torno a la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) del 2011, permitieron relevar públicamente la enorme importancia de la independencia técnica en estas materias. Así como en el caso de otras estadísticas oficiales, el Censo y la Casen hoy siguen procedimientos rigurosos que son acompañados por actores que aportan conocimientos especializados.
Por ejemplo, para su exitoso levantamiento del Censo 2024, el INE contó con el apoyo permanente de Celade (la División de Población de la Cepal) y de un comité asesor conformado por expertos.
Lo mismo puede decirse del Ministerio de Desarrollo Social y Familia en el levantamiento de la Casen, instrumento clave para comprender la situación de los hogares y diseñar la política social en el país.
Si bien el ministerio coordina y supervisa, en el proceso participan múltiples instituciones. El INE realiza el diseño muestral, la Cepal genera la medida de pobreza por ingresos y el PNUD, la medida multidimensional. El proceso también cuenta con el Panel de Expertos y Expertas Casen, que acompaña en todas las etapas. En la versión más reciente, el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile se adjudicó vía licitación el levantamiento, mientras que Cadem se adjudicó su supervisión. Por su parte, el Desuc de la Universidad Católica se adjudicó la realización de los pilotos de preguntas nuevas.
Adicionalmente, en esta ocasión, una comisión asesora dirigida por el académico de la Escuela de Gobierno UC Osvaldo Larrañaga hizo propuestas para la puesta al día de los indicadores para la medición de la pobreza.
El resultado es una encuesta que cuenta con la confianza de sus usuarios y una medición oficial de pobreza ampliamente aceptada. Ello incluye a organismos internacionales, académicos en Chile y el extranjero, y la sociedad civil.
Los cuestionamientos hechos estos días por algunas autoridades del Gobierno a la encuesta Casen y a la validez de sus resultados son muy preocupantes. Una cosa es discutir de políticas públicas; otra muy distinta es cuestionar el patrimonio estadístico que el país ha consolidado.
No se trata solo de aspectos científicos o metodológicos. Las estadísticas en Chile cuentan con una credibilidad bien ganada. Lo que está en juego es la confianza pública y es deber de la autoridad cuidar lo que con mucho esfuerzo se ha construido.