Del índice a la acción: ¿Cómo usar el Índice de Pobreza Multidimensional para gobernar mejor?

Uruguay lleva lustros discutiendo cuánto dinero transferir y cómo hacerlo para reducir la pobreza monetaria. Mucho menos tiempo ha dedicado a una pregunta previa: ¿estamos apuntando al problema de fondo?

Una familia puede superar la línea de pobreza por ingresos y, sin embargo, seguir viviendo en una vivienda precaria, con dificultades educativas o dependiendo de un trabajo informal en el mejor de los casos. Para las estadísticas, con un ingreso algo mayor, puede haber dejado atrás la pobreza monetaria. Para esa familia, buena parte de los problemas sigue ahí.

Esto no significa que medir los ingresos haya dejado de ser importante. Significa que no alcanza.
El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), incorporado a las estadísticas oficiales de Uruguay en el año 2025, permite observar aquello que una cifra monetaria no consigue mostrar: las distintas privaciones que pueden acumularse dentro de un mismo hogar.

Pero disponer de una fotografía más completa es apenas el primer paso. El verdadero desafío es conseguir que esa información cambie la manera en que el Estado toma decisiones. Un índice no modifica por sí mismo la vida de nadie. Su potencia aparece cuando entra en el ciclo completo de la política pública: diagnóstico, prioridades, diseño, presupuesto, ejecución y evaluación.

El IPM uruguayo obliga a mirar más allá de los promedios. En 2025, el 18,7% de la población casi una de cada cinco personas vivía en situación de pobreza multidimensional. La incidencia era del 20,2% en el interior y del 16,4% en Montevideo. Entre las personas en esta situación de pobreza, aproximadamente el 93% vivía en hogares donde al menos un adulto presentaba carencias en años de escolarización; el 68%, en hogares con al menos un integrante ocupado informalmente; el 57%, en viviendas con problemas de materialidad; el 41%, sin acceso a Internet; y el 39%, en condiciones de hacinamiento. Detrás de los porcentajes hay hogares que acumulan distintas desventajas y requieren respuestas también diferentes.

Esa es la principal virtud operativa del IPM. Puede descomponerse por dimensiones, indicadores, grupos poblacionales y territorios. No solo dice cuántas personas son pobres, sino quiénes son, dónde viven, qué privaciones padecen y con qué intensidad. Las políticas no actúan sobre un promedio nacional; actúan sobre niños que abandonan el sistema educativo, trabajadores sin protección social, familias hacinadas o barrios sin servicios. El IPM conecta la estadística con esas realidades.

Primero, hay que ordenar prioridades. Si una privación domina en determinado territorio, allí deben concentrarse las respuestas pertinentes. Los mapas de pobreza y de intensidad de privaciones pueden revelar focos ocultos por los promedios departamentales. Colombia, por ejemplo, combinó durante la pandemia su IPM censal con información georreferenciada para construir un mapa multirriesgo y orientar la respuesta de emergencia. Uruguay puede aplicar la misma lógica para dirigir intervenciones educativas, habitacionales o laborales hacia las localidades y los hogares con mayores privaciones acumuladas.

Segundo, hay que asignar responsables. El Estado sigue organizado por áreas. Si todos son responsables en general, existe el riesgo de que nadie lo sea en particular. Cada indicador del IPM debería estar asociado a una institución, una meta verificable y un plazo. Costa Rica implementó un Tablero de Gerencia Social que relaciona cada indicador del IPM con las instituciones y programas capaces de incidir sobre él. Además, una directriz dispuso que el índice se utilizara como criterio para la asignación presupuestaria y para el seguimiento y la evaluación de los programas sociales. En Uruguay, una instancia de alto nivel, idealmente bajo el liderazgo de Presidencia, debería coordinar a Economía, Desarrollo Social, ANEP, Vivienda, Trabajo y los gobiernos departamentales, con una matriz pública de compromisos que haga visible quién debe hacer qué.

Tercero, el IPM tiene que guiar la asignación presupuestal. Las prioridades sin recursos son apenas declaraciones de intención. El IPM puede aportar criterios técnicos para orientar partidas hacia los territorios y las dimensiones con mayores brechas. Costa Rica lo incorporó a la asignación y al monitoreo de programas sociales. En Uruguay, el presupuesto debería "seguir al IPM"; no necesariamente mediante una fórmula automática, sino exigiendo que las decisiones de gasto expliquen cómo responden a las privaciones identificadas.

Cuarto, el IPM debe mejorar la ejecución. Los hogares no experimentan al Estado dividido en ministerios; experimentan problemas que se superponen. Una mejora de vivienda puede perder impacto si no se acompaña con inserción educativa, empleo formal o acceso a servicios. Por eso se necesitan coordinación interinstitucional, sistemas de información compartidos y tableros que permitan seguir resultados concretos: viviendas mejoradas, jóvenes que completan secundaria, trabajadores que acceden a protección social. El IPM puede ser el lenguaje común que ayude a romper los silos sectoriales.

Finalmente, hay que cerrar el ciclo. La publicación anual debe servir para evaluar si bajaron la incidencia y la intensidad de la pobreza, qué dimensiones mejoraron, en qué territorios y para qué grupos. También debe permitir ampliar las políticas que funcionan y rediseñar las que no. Colombia incorporó metas de reducción del IPM en sus planes nacionales de desarrollo y redujo su pobreza multidimensional. Esto muestra el valor de sostener metas, seguimiento y rendición de cuentas en el tiempo.

Uruguay ya cuenta con una herramienta capaz de mirar la pobreza con mayor profundidad. El paso decisivo es institucionalizar su uso: prioridades explícitas, responsables identificados, presupuesto alineado, gestión coordinada y evaluación pública. El éxito del IPM debería medirse por las decisiones que cambia. Los índices no reducen la pobreza. Las políticas sí pueden hacerlo, si utilizan bien la información y se aplican de forma sistemática.