La estrategia de Bolivia para reforzar su porosa frontera con Brasil ante el fuerte avance del crimen organizado

El alarmante aumento de los casos de sicariato y la creciente penetración de las organizaciones del crimen organizado brasileño en Bolivia han apurado al gobierno derechista de Rodrigo Paz a lanzar una nueva estrategia binacional junto a Brasil para intentar controlar su porosa frontera común -la segunda más extensa de la región, con 3.400 km-, que se ha consolidado como una importante ruta del narcotráfico en Sudamérica.
El Presidente boliviano activó la semana pasada el llamado plan "Frontera Segura" desde la ciudad limítrofe de Guayaramerín, en el departamento amazónico de Pando, que en los últimos meses ha sufrido una serie de asesinatos y balaceras que involucran a grupos armados irregulares. Según explicó Paz, en las localidades fronterizas más afectadas por la violencia, como Cobija, San Matías, Puerto Suárez y Guayaramerín, se duplicará el contingente policial y se desplegará un equipo especial de 200 agentes, que reforzarán los patrullajes terrestres y fluviales y realizarán operativos conjuntos en coordinación con las autoridades brasileñas.
"Desplegamos de forma permanente unidades especializadas y tropas de élite de la Policía Boliviana (...) para desarticular al crimen organizado transnacional", señaló el mandatario, quien destacó que el objetivo es garantizar "una frontera que produce, exporta y progresa" y que Bolivia recupere su "soberanía territorial".
El ministro de Gobierno (Interior) boliviano, Marco Antonio Oviedo, detalló que el plan binacional considera operaciones "de carácter permanente" entre la Policía Federal brasileña y la boliviana, con intercambio de información de inteligencia y acciones coordinadas en ambos lados de la frontera. Está contemplada la instalación de una oficina de la Policía Federal de Brasil en La Paz, y de forma recíproca se habilitarán oficinas de la Policía Boliviana en Brasil, y se crearán dos unidades de élite policial, una en Santa Cruz y otra en Beni, que recibirán formación de instructores extranjeros cuya nacionalidad no precisó.
"Lo que ha fallado en 20 años fue desconectar a Bolivia del mundo. Esa herencia maldita hoy la pagamos con violencia. Por eso recuperamos la cooperación internacional y la llevamos al territorio", sostuvo Oviedo, quien remarcó los distintos acuerdos de cooperación bilateral del gobierno de Rodrigo Paz en materia de seguridad, a diferencia de lo ocurrido durante los gobiernos anteriores del Movimiento al Socialismo. "Desde el primer día de gestión hemos vuelto a conectar al país con la DEA (Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos), la Unión Europea, España, Chile, Brasil y otros países", añadió.
La disputa del PCC y el Comando Vermelho
El plan se anunció en medio de la cada vez más sangrienta pelea en territorio boliviano entre las organizaciones criminales brasileñas Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho, que se disputan el control de los corredores de la cocaína desde el trópico de Cochabamba hacia Brasil. En el último mes se han contabilizado al menos 15 asesinatos, entre ellos el de un policía boliviano, por violencia vinculada al narcotráfico, con un foco especialmente grave en el departamento fronterizo de Santa Cruz.
"Lo que sucede en la frontera boliviana-brasileña, en toda su extensión, es que se ha perdido la autoridad del Estado. En los últimos diez años esa autoridad ha sido escasa o nula, y ha sido muy perforada por la corrupción y la intervención del crimen organizado", comentó el analista de seguridad boliviano Cristián Sánchez, quien remarcó que los departamentos fronterizos de Santa Cruz y Beni se han convertido en espacios propicios para el acopio de cocaína elaborada en Bolivia -el tercer mayor productor mundial, después de Colombia y Perú- y para su exportación a Brasil -el principal mercado sudamericano-, y desde ahí hacia Europa.
"Por lo menos hace siete años que el PCC y el Comando Vermelho tienen bases de operaciones y, de hecho, han resguardado sus liderazgos en la ciudad de Santa Cruz. Su presencia no es circunstancial ni temporal, sino que ya es importante. El espacio territorial de Santa Cruz es un enclave crucial para estas corporaciones criminales", indicó Sánchez, quien advierte que -si no se detiene- la violencia asociada al narcotráfico en este departamento del este boliviano, arriesga con llegar a los niveles de la ciudad de Guayaquil, en el epicentro de la última crisis de seguridad de Ecuador.
Se especula que el recrudecimiento de la disputa entre el PCC y el Comando Vermelho está vinculado también con la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien durante años fue uno de los criminales más buscados del Cono Sur y fue arrestado en marzo pasado en Santa Cruz por las autoridades bolivianas, que lo entregaron inmediatamente a la DEA y fue trasladado a EE.UU.
"Marcet tenía contactos en Bolivia para trabajar con ambos grupos criminales, porque él estaba asentado aquí y era protegido por la policía, por jueces, fiscales e inclusive por algunos políticos (...). Entonces su captura dejó un vacío, no hay liderazgo, y ahora las organizaciones criminales transnacionales quieren tomar el mando", explicó el exmilitar y abogado boliviano Omar Durán, experto en asuntos de seguridad.
Un plan "insuficiente"
El gobierno de Rodrigo Paz, que asumió el poder en noviembre del año pasado, reivindica la captura y expulsión en nueve meses de 17 líderes de organizaciones criminales internacionales. Su administración se ha mostrado cercana a EE.UU. y se ha integrado a la iniciativa del Escudo de las Américas impulsada por Donald Trump, aunque no está claro si este plan fronterizo se vincula con este programa o a la presión de Washington.
Según Sánchez, el plan anunciado en la frontera con Brasil es "claramente insuficiente", considerando la enorme extensión de la zona en conflicto y el poder de los grupos criminales. "El gobierno boliviano en este momento no está en condiciones de afrontar una lucha integral contra el crimen organizado. Y lo más inmediato que tiene es desplazar policías de forma muy acotada, muy circunstancial, para que tenga un efecto mediático (...) Pero el fenómeno del abandono de las zonas fronterizas permanece", dijo.
A pesar de valorar la colaboración con Brasil, Durán coincide en que la propuesta de seguridad es insuficiente, destaca las características geológicas de la frontera -con muchas zonas selváticas y cruces de ríos- que hacen muy complejo su patrullaje efectivo, y apunta sobre todo al desfinanciamiento crónico de las FF.AA. y policiales bolivianas: "Nuestros soldados y efectivos policiales se terminan corrompiendo por el factor económico, y estos grupos delincuenciales lo saben y por eso se asientan con facilidad en Bolivia y hacen sus fechorías acá".
Cooperación con ChileAunque el anunciado es un plan binacional específicamente con Brasil, el ministro de Gobierno boliviano, Marco Antonio Oviedo, valoró que la administración de Rodrigo Paz ya ha acordado varios programas de seguridad con otros países, entre los que destacó a Chile.
"Con Chile ya funciona Rampol, una unidad de máxima coordinación policial. Ahora damos un paso más con Brasil", explicó Oviedo, haciendo referencia a la incorporación de Bolivia a la Reunión de Altos Mandos Policiales (Rampol), una instancia que ya opera entre Chile y Perú y cuyo lanzamiento oficial sería a fines de este mes.