Caso Sartor: Justicia ordena prisión preventiva para cuatro de los principales imputados en los hechos

Después de 14 jornadas consecutivas de audiencias, la formalización de cargos por el caso Sartor llegó a puerto con las medidas cautelares decretadas para los principales imputados por los hechos. Tras una exposición de cerca de cinco horas, la jueza del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, Paulina Moya, acogió casi por completo la solicitud de la Fiscalía y ordenó la prisión preventiva para cuatro de los cinco involucrados en los hechos.
Así, en horas de la tarde, Pedro Pablo y Carlos Larraín, junto con Sergio Yáñez, fueron trasladados al recinto penitenciario Santiago 1. Michael Clark fue enviado al anexo Capitán Yáber del Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas). El quinto imputado que arriesgaba prisión preventiva, Rodrigo Bustamante, quedó afecto a un arresto domiciliario parcial.
Desde la Fiscalía se manifestaron conformes con la decisión del tribunal, y el persecutor jefe de la unidad de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda, remarcó que se trata de "un fraude de grandes proporciones, cometido en un lapso de varios años por varias personas, que afectó además a muchísimas personas naturales, personas jurídicas, con patrimonio relevante, con un patrimonio que no es tan importante (...). Aproximadamente US$ 200 millones son los que están comprometidos en esta investigación".
A los cuatro que van a prisión preventiva y a Bustamante se suman otros seis imputados, cuyas medidas cautelares fueron informadas al principio de la formalización, y corresponden principalmente a arresto domiciliario. En principio, todos ellos tendrán que permanecer bajo estas medidas de reclusión durante los 120 días que dure la investigación.
Las responsabilidades
Más allá de las medidas cautelares, el razonamiento del tribunal dejó conforme a la Fiscalía porque acogió sus imputaciones. Dio por acreditados prácticamente todos los delitos formalizados: administración desleal, entrega de información falsa al mercado, negociación incompatible, estafa, apropiación indebida, omisión de Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) y lavado de activos.
En general, la jueza Paulina Moya indicó que, más allá de las responsabilidades individuales que le asisten a cada uno de los cuatro imputados principales, hay una infracción común a todos ellos en el funcionamiento de Sartor, del cual en distinto grado tenían conocimiento, y se llevó a cabo de manera reiterada.
Lo planteó de la siguiente manera: "Sartor podía pensar como grupo: Nos interesa desarrollar factoring , queremos invertir en un proyecto inmobiliario, queremos participar en el fútbol o queremos potenciar determinada compañía. Nada hay necesariamente ilícito en esa estrategia. Lo que no podía ocurrir era invertir el razonamiento y comenzar por la necesidad del grupo. 'Esta sociedad necesita recursos, veamos qué fondos se los puede proporcionar' (...). En otras palabras, los fondos podían participar en la estrategia empresarial del grupo, pero no transformarse en la tesorería del grupo".
Con todo, destacó también el rol central de Pedro Pablo Larraín, de quien dijo que los hechos "no sitúan al imputado únicamente al final de una cadena de decisiones, sino que lo muestran interviniendo, según las distintas operaciones, en su propuesta o aprobación" de gran parte de los hechos denunciados.
Además de los hechos que dio por acreditados, la jueza también detalló que la decisión de dictar la prisión preventiva para este grupo de imputados pasa por la gravedad, la reiteración y la cantidad de delitos denunciados, como también la cuantía de la pena que considera la ley para cada uno de ellos. Por esos argumentos se les consideró un peligro para la seguridad de la sociedad, y la situación se agrava por lo establecido en la Ley de Delitos Económicos.
En el caso de Clark y Pedro Pablo Larraín, hubo una consideración adicional: existe peligro de que pongan en riesgo el futuro de la investigación, por sus comportamientos tendientes a ocultar pruebas durante la investigación previa.
Mirada de involucrados
Desde la defensa de los imputados que enfrentaron prisión preventiva, no hubo declaraciones tras finalizar la audiencia.
Entre los demás imputados por la causa, el abogado de Óscar Ebel, uno de los fundadores de Sartor que enfrenta arresto domiciliario tras pactar colaboración efectiva con la Fiscalía, Alejandro Espinoza, destacó que "ha quedado acreditado que la situación de Ebel es completamente distinta al resto de los imputados, en especial de aquellos respecto de los cuales se ha decretado prisión preventiva. La investigación penal inicia por la autodenuncia del Sr. Ebel".
La abogada Susana Borzutzky, que representa a las víctimas de la arista E-Capital, indicó que la decisión "da luz en el difícil y doloroso camino que han recorrido las víctimas del caso. Estamos conformes con las medidas cautelares dictadas por el juzgado, puesto que permite a nuestros representados volver a tener confianza en nuestro sistema de justicia y restaurar su dignidad que había sido arrebatada".
Durante 14 jornadas    se extendió la formalización del caso Sartor.