El campo: menos discursos más inversión

Jesús Antonio Vargas Orozco
Colombia tiene una oportunidad histórica en el campo. El agro se ha consolidado como uno de los principales motores de crecimiento, genera divisas, fortalece la seguridad alimentaria y abre oportunidades en regiones donde durante décadas el Estado nunca llegó. El desafío trascendental es: aumentar la productividad y la competitividad rural. Experiencias de países hay muchas al respecto. Brasil fortaleció su liderazgo mediante investigación aplicada; Chile impulsó la innovación y la inserción internacional; Países Bajos transformó la tecnología en una ventaja estratégica. Lo fundamental es entender que el desarrollo rural es, ante todo, una apuesta de largo plazo. Colombia necesita recorrer ese camino. La primera prioridad debe ser la ciencia y la transferencia de conocimiento. Miles de productores continúan enfrentando limitaciones de productividad por falta de asistencia técnica permanente, innovación y acceso a nuevas tecnologías. Fortalecer la investigación agropecuaria y consolidar un sistema estable de extensión rural es una inversión en crecimiento económico. La segunda prioridad es la infraestructura. La competitividad no termina en la finca. Cuando transportar una cosecha resulta más costoso que producirla, el problema deja de ser agrícola y se convierte en un obstáculo de infraestructura. Las vías terciarias, los centros de acopio, los sistemas de riego, la conectividad digital y la logística rural son condiciones básicas para que los productores puedan integrarse a mercados cada vez más exigentes. La tercera prioridad es la agroindustrialización. El país no puede limitarse a exportar materias primas cuando posee la capacidad de transformar alimentos, generar empleo de calidad y capturar mayor valor en las cadenas productivas. Diversificar las exportaciones agropecuarias exige inversiones en procesamiento, almacenamiento, certificaciones y acceso a mercados internacionales. A ello se suman retos que definirán la competitividad de la próxima década: ampliar la cobertura de seguros agropecuarios, fortalecer la adaptación al cambio climático, acelerar la digitalización del campo y promover modelos asociativos que permitan a pequeños y medianos productores negociar en mejores condiciones. Para hacer posible lo anterior se requiere estabilidad de la inversión pública. La agricultura se desarrolla en horizontes de largo plazo, mientras que la planeación estatal suele responder a ciclos políticos de corto alcance. El resultado ha sido recurrente: presupuestos que se anuncian con ambición, se reducen durante la vigencia fiscal y terminan con bajos niveles de ejecución. El desafío para el nuevo gobierno consiste únicamente en garantizar que esos recursos sean estables, ejecutables y evaluables. Colombia ya demostró que el campo puede impulsar el crecimiento económico. Ahora lo que se requiere es ser capaz de convertir ese potencial en una política de Estado sostenida en el tiempo. El futuro del agro no depende de un nuevo diagnóstico; depende de la decisión de invertir, con disciplina y continuidad, en aquello que realmente transforma la productividad rural.
Consultor Empresarial/ Jesusvargas.orozco@gmail.com