CARTA DE LA DIRECCIÓN

Reconstruir con orden
Colombia lleva días midiendo el tamaño del desastre. El terremoto del 10 de agosto destruyó 30.803 viviendas y averió otras 151.995. Dañó 3.513 centros educativos y 450 vías en quince departamentos. Dejó 319 muertos y 260 desaparecidos. Fue menos letal que el sismo del Eje Cafetero de 1999, pero fue letal. Frente a eso, la emergencia económica que declaró el Gobierno no necesita mayor discusión jurídica. El debate serio viene después, y es por la plata. Conviene recordar de dónde venimos. La Corte Constitucional tumbó la emergencia que declaró el gobierno anterior. Siete de los ocho hechos que invocó no eran sobrevinientes, sino estructurales y previsibles. Una crisis fiscal crónica no es un desastre natural. Un terremoto sí lo es. La figura vuelve a usarse para lo que fue creada. El decreto calcula el daño en $30 billones y Planeación Nacional lo estima en $40 billones. El fondo con el que la Unidad de Gestión del Riesgo atiende emergencias tiene $47.000 millones. Menos del 0,2% de lo que costaría reconstruir. De ahí las fuentes que abre el decreto. Préstamos del Fondo de Ahorro y Estabilización, crédito externo sin los trámites de siempre, venta rápida de bienes en extinción de dominio y obras por impuestos en los municipios golpeados. Todo eso sirve, pero casi todo alcanza una sola vez. Y nada de eso toca el problema que ya existía antes del terremoto, que era la falta de margen fiscal. El decreto también atiende lo inmediato. Subsidios de arriendo sin las trabas de costumbre, apoyo a la nómina de micro y pequeñas empresas y transferencias a los independientes que perdieron su sustento. Antes de que termine el mes el Gobierno tiene que radicar de nuevo el presupuesto de 2027 que el Congreso le devolvió. Lo sensato sería separar dos cuentas. Una ordinaria, que de todas formas debe recortarse. Otra de reconstrucción, temporal, de dos o tres años, con fuentes claras y fecha de cierre. Si se mezclan, el gasto excepcional termina volviéndose permanente. Se dice que en Colombia el gasto no se puede recortar. Eso confunde dificultad política con imposibilidad técnica. Los esquemas de protección estatal, la nómina pública y las entidades duplicadas dan por dónde empezar. Y no hacerlo cuesta. El dólar a $3.050 ya castiga a floricultores y exportadores agroindustriales, y esa caída tiene origen fiscal, porque algunos analistas dicen que son capitales que entran a financiar el déficit. Las calificadoras miran lo mismo. La tentación contraria es cobrar la reconstrucción con impuestos al capital, como proponía la reforma que se radicó al final del gobierno pasado. Sería un error. Colombia no consume poco. Invierte poco. Gravar más el patrimonio recauda poco, empuja a domiciliarse fuera y desalienta la inversión que la reconstrucción necesita. Ese impuesto nació de otra emergencia y debe desmontarse. Se dirá que bajar tributos en plena tragedia es insensible. Es al revés. La reconstrucción durará años y la pagará el crecimiento, no un gravamen que espanta capital. Y queda lo más difícil. Vender activos y contratar sin Ley 80 da velocidad, y también abre la puerta a lo que ya se vio en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. El fondo que maneje esta plata debería tener un modelo similar al del FOREC, con privados involucrados, cuentas públicas de cada peso y una cabeza de credibilidad intachable. Gastar por rapidez no es reconstruir. Sin orden, la plata termina en contratos y no en obras.