Un debate pendiente

M ás que alentador, es esperanzador el hecho de que, mientras las nuevas generaciones de arquitectos enfrentan incertidumbres laborales en Chile, nuestra arquitectura viva una etapa de gran reconocimiento por su indiscutible calidad.
Ello se confirma en el interés de la crítica especializada, en más de cincuenta monografías internacionales sobre figuras locales, en una activa producción editorial universitaria de calidad y en dos galardones de máxima distinción -como el Premio Pritzker- otorgados a Alejandro Aravena y Smiljan Radic.
También, cabe reconocer el impulso que ha recibido la disciplina y profesión como patrimonio cultural, y su rol social como herramienta de justicia espacial en la ciudad y en las comunidades más vulnerables. Un avance que se ha visto reforzado mediante políticas públicas de varios ministerios, y traducido en concursos para creación arquitectónica, proyectos de desarrollo patrimonial, curatorial y fondos regulares destinados a investigación y difusión sobre nuevas formas de abordar los desafíos actuales.
Se cuenta además con una importante internacionalización de las escuelas de Arquitectura, donde muchos de sus miembros se desempeñan en centros de gran prestigio. Por otro lado, el contrapunto gremial de la Asociación de Oficinas de Arquitectos resalta los aportes institucionales, la trayectoria profesional y la excelencia académica a través de la entrega de las Medallas AOA.
Asimismo, destaca el rol interinstitucional del Colegio de Arquitectos de Chile como corporación profesional desde su fundación en 1942, entidad que años más tarde instauró el Premio de Honor -por una vida dedicada al servicio de la arquitectura- para reconocer la trayectoria de Juan Martínez. Desde entonces, esta distinción se ha entregado a una treintena de arquitectos por su creación, su aporte en el campo de la cultura, su nuevo conocimiento disciplinar y sus prácticas profesionales innovadoras, las cuales han coincidido desde 1977 con las bienales de arquitectura y urbanismo de Chile.
En este contexto favorable, deberíamos examinar por qué el Premio Nacional de Arquitectura aún no forma parte de la Ley 19.169, creada en 1992, y que regula los principales premios del Estado. Bajo esta nueva mirada, también es necesario revisar el Premio Nacional de Urbanismo. Aunque es un reconocimiento honorífico otorgado por el gremio, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo cumple una función clave al valorar a quienes diseñan la forma del espacio de la ciudad, el paisaje y el territorio, elementos fundamentales en todo proyecto arquitectónico.
En consecuencia, tenemos un debate pendiente sobre la conveniencia de otorgar a ambos galardones el rango de máxima distinción oficial de la nación, entregada por el Presidente, y dotarlos de los mismos incentivos y beneficios que los demás premios nacionales.