El sistema de finanzas abiertas busca ampliar el uso de información para facilitar el crédito; Botana advirtió por la privacidad de los datos y el BCU salió en defensa del proyecto
El senador nacionalista Sergio Botana cuestionó el alcance del sistema de finanzas abiertas y advirtió sobre el riesgo de crear un "Gran Hermano" con los datos privados de las personas, mientras que las autoridades del Banco Central descartaron estos efectos y aseguraron que el nuevo régimen no vulnerará el secreto bancario.
El cruce se produjo durante la comparecencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Banco Central (BCU) ante la Comisión de Hacienda del Senado, el pasado jueves, donde se analizó el proyecto de ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, actualmente a estudio del Parlamento, que contiene la creación del sistema de finanzas abiertas.
El sistema es un modelo que permite compartir datos financieros de usuarios entre distintas instituciones como bancos, fintechs y aseguradoras de forma segura, con el objetivo de transformar la forma en que circula la información financiera, y poder así mejorar servicios, aumentar la competencia y ampliar el acceso al crédito.
Botana cuestionó específicamente el artículo 203 del proyecto, que contempla la interoperabilidad del sistema de finanzas abiertas con los sistemas de intercambio de datos e información del sector público. El senador planteó que el sistema debe evitar la creación de un mecanismo que permita una vigilancia excesiva sobre los ciudadanos. En ese sentido, planteó la "preocupación de estar generando un Gran Hermano de tal magnitud que implique la posibilidad de la persecución absoluta" por parte de "quienes tengan una mala intención de hacerlo", sostuvo.
Según explicó, la preocupación surge incluso cuando la información puede tener una utilidad concreta como mejorar el acceso al crédito, por ejemplo. Botana señaló que las delegaciones vinculadas al sector fintech habían planteado la necesidad de conocer, por ejemplo, si una persona está al día con sus servicios, porque ese dato puede facilitar la evaluación crediticia necesaria. Y si bien consideró que es "un dato relevante", advirtió que esa misma información hace que se esté "ingresando en la intimidad de las personas" y, además, no necesariamente reflejar correctamente su situación.
En ese sentido, puso como ejemplo el caso de una persona que se muda de una vivienda y deja a su nombre una cuenta de luz, mientras que quien ocupa luego esa casa no paga el servicio. En ese caso, según Botana, el dato puede quedar asociado al titular anterior y convertirse en "mala información" que finalmente termine perjudicando a la persona.
"No está en el espíritu de nadie crear un súper Gran Hermano, con una base de información a la que accedan todos los organismos públicos y todas las entidades financieras, las más y las menos reguladas", indicó.
"Los datos no son ni de los bancos ni de las fintech ni de nadie más que de la persona. Cuando la persona limite el acceso a los datos, tenemos que asegurarnos de que eso no esté limitando su derecho de acceso al crédito, de que pueda aportar la información necesaria por otras vías, de que no sufra una discriminación porque no permitió que sus datos anden por allí en manos de lo que puede pensar que es un Gran Hermano en el que no está dispuesto a exponerse", señaló Botana.
Ante ese cuestionamiento, la secretaria general del BCU, Viviana Pérez Benech indicó que la discusión sobre el eventual "Gran Hermano" debe analizarse a partir de una cuestión central acerca de si el sistema de finanzas abiertas establece o no una excepción al secreto bancario: "la respuesta es que no", afirmó.
La representante del BCU dijo ante la Comisión que "la columna vertebral" del sistema de finanzas abiertas es el consentimiento previo, expreso e informado del titular de los datos. De acuerdo con Pérez Benech, el consentimiento no solo debe existir, sino que debe ser informado y explicó que la persona tiene que haber recibido información sobre qué hará el destinatario con sus datos, antes de autorizar que sean compartidos por una empresa financiera con un tercero que también presta servicios financieros.
"Desde el punto de vista jurídico descartamos esa expresión", dijo Pérez Benech en referencia a la posibilidad de que el sistema genere un "Gran Hermano". Sobre ese punto, dijo además que el secreto bancario en Uruguay no es solamente una norma civil y administrativa, sino también penal.
"Nosotros, como funcionarios del Banco Central, si violáramos el secreto bancario, vamos a estar sumariados y destituidos, y además vamos a ir presos, formalizados, procesados o quién sabe qué destino. Lo tenemos muy presente. Es una norma muy severa", defendió Pérez Benech.
El País, Uruguay
23 de agosto de 2026
