Primero saquearon, luego pontifican

No hubo error. Hubo método. Durante cuatro años se vació el Estado con precisión quirúrgica: se saquearon las arcas, se desfinanció la salud de los enfermos, se dejó sin pensión a los viejos y sin techo a los pobres. Y cuando el botín ya estaba repartido, los mismos que lo hicieron subieron al púlpito a dictar lecciones de moral. El ‘Libro de la verdad’ no es un panfleto de campaña: es el inventario forense de ese saqueo sistemático. Las cifras no son adjetivos; son evidencia. Cerca de 900.000 contratos de prestación de servicios al año construyeron una nómina paralela monstruosa: solo antes de la ley de garantías se firmaron 521.269, y en el orden nacional, 164.813 por 14,87 billones de pesos. Mientras el clientelismo engordaba, la UNGRD ejecutaba apenas el 4,3 % de su presupuesto y perdía el rastro de 1,38 billones. De los 240.766 millones del escándalo de los carrotanques, nada se ha reintegrado. Hoy esa misma entidad, vaciada y desordenada, debe atender la emergencia del terremoto del 10 de agosto. El desgreño no es una abstracción contable: lo pagan los damnificados. La lista sigue. El Fondo Dian dejó más de 310.000 millones en sistemas tecnológicos que no funcionan. FonIgualdad comprometió 1,77 billones en tres vigencias sin registrar una sola obligación ni un solo pago en el Siif. El Hospital San Juan de Dios pagó nóminas de cientos de millones mensuales con las puertas cerradas. En salud, el desfalco alcanzó niveles de crueldad. Se destinaron 6,8 billones a los "equipos básicos de salud" sin un solo resultado verificable, sacando la plata del aseguramiento: de los medicamentos y tratamientos de los colombianos. La Nueva EPS acumuló anticipos sin legalizar por más de 15 billones y millones de facturas sin auditar; tres de cada ocho asegurados siguen atrapados en EPS intervenidas, mientras el ministerio viabilizaba de afán 2,2 billones en hospitales sin estudios ni diseños. Y los déficits se multiplicaron: más de 14 billones en el Ejército; el Fomag, desfinanciado; Colombia Mayor, sin recursos desde agosto porque el presupuesto del año se agotó en julio. La Agencia Nacional de Tierras pagó casi un billón por predios de los cuales apenas una fracción quedó registrada a nombre de la Nación; de 537 predios analizados, solo tres quedaron titulados. La vivienda social cayó 52,6 %, se perdieron 435.000 hectáreas de bosque y, en las últimas semanas, se intentaron amarrar contratos multimillonarios para dejar ‘manicruzado’ al sucesor. Y elevaron la emisión de TES del 50 al 100 %, a tasas del 13-15 %, el doble de 2022: una hipoteca silenciosa sobre el gasto social de la próxima década. El patrón es inequívoco: destrucción del rigor técnico, cifras maquilladas, contratistas eternos y poder al servicio de clientelas. Y ahora, después de saquear, pontifican. Gritan "persecución", se visten de moralistas y pretenden entorpecer la reconstrucción. Dirán, con razón, que un hallazgo no es una condena: eso lo decidirá la justicia. Pero quien vació las arcas y desfinanció la salud de los más vulnerables carece de autoridad ética para dictar lecciones de pureza desde un trino. La moral política no se declara: se acredita con resultados. La Fiscalía ya recibió el ‘Libro de la verdad’ y anunció un equipo especial. No basta. El país ya vivió el show de la impunidad con el caso de Nicolás Petro: comunicados, anuncios y cero decisiones de fondo. Colombia no necesita más ruedas de prensa, necesita imputaciones, investigaciones de verdad y consecuencias. Que la justicia obre con independencia y rigor: si absuelve, que sea tras investigar en serio; si condena, que nadie hable de persecución. Este desfalco no puede quedar impune. Saquear el Estado y después pontificar desde la oposición no es disidencia: es cinismo. Y el cinismo, cuando se vuelve impunidad, destruye la República.
Que la justicia obre
Luis Felipe Henao Cardona