El terremoto hará ‘naufragar’ los proyectos que quitan el 4 x 1.000

El proyecto de ley para eliminar progresivamente el Gravamen a los Movimientos Financieros, o 4 x 1.000, radicado por la representante Natalia Moreno, propone un desmonte gradual de la tarifa general: disminuirá al 3 x 1.000 en 2027, al 2 x 1.000 en 2028, al 1 x 1.000 en 2029, para desaparecer en 2030. La iniciativa introduce progresividad inmediata. Establece exención total para personas no declarantes de renta o con ingresos de hasta 1.090 Unidades de Valor Tributario (UVT). Asimismo, las Mipymes deducirían el 100% de lo pagado en renta, frente al 50% tradicional. Para personas naturales, se crearía una deducibilidad escalonada: quienes registren menores ingresos deducirán entre el 70% y el 100% de lo pagado, reduciéndose al 40% para patrimonios altos. "Es incomprensible que alguien que gane un salario mínimo pague el mismo impuesto que el 1% más rico del país", explicó la congresista. Según la autora, el tributo nació como una medida temporal, pero terminó gravando por igual a ciudadanos y corporaciones. Propuesta diferente La iniciativa difiere de otras en trámite. Frente al proyecto de María Camila Salas, que plantea exención de 1.500 UVT y desmonte a cuatro o seis años, el de Moreno unifica el desmonte general a cuatro años. En comparación con la propuesta de Daniel Briceño, limitada a eximir las transferencias entre cuentas bancarias del mismo titular, la iniciativa de Moreno apunta a desaparecer el tributo por completo . Sin embargo, el principal obstáculo radica en la eficiencia de su recaudación. Creado en la emergencia económica en 1999 por el entonces ministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, para mitigar la crisis del sector financiero, el tributo mantiene una senda de recaudo ascendente bajo la administración de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Según estadísticas de la Dian, el recaudo subió de 880.692 millones de pesos en 1999 a 5’06 billones en 2011, registrando un récord de 16,28 billones en 2025. El debate coincide con restricciones fiscales severas. El déficit se sitúa en niveles críticos: el Ministerio de Hacienda calcula que es del 7,8% del PIB y la calificadora Fitch Ratings del 7,1% del PIB, lo que representa un faltante de unos $144 billones. A esta estrechez fiscal se suma la emergencia económica decretada por el terremoto del 10 de agosto. Para la reconstrucción de $30 billones, no habrá nuevos impuestos, según ha explicado el Ejecutivo. "Inoportuno" Para Henry Amorocho,consultor y docente de Hacienda Pública, Tributación y Control Fiscal, es un momento inoportuno para presentar el proyecto, teniendo en cuenta las necesidades fiscales del país. "Cuando uno propone la eliminación del impuesto es porque ya sabe cómo se va a reemplazar. Esto no es porque se me ocurrió. Aquí el gasto está latente", advirtió. En ese sentido, enfatizó en que eliminar la caja más efectiva que tiene el Estado en momentos de emergencia económica, no es nada viable. Más visiones Christian Quiñones, ex subdirector de fiscalización de la Dian, recalcó que el tributo se recauda semanalmente, aportando un flujo continuo. "Mientras no exista sustitución de lo que se recibe hoy, vía gravamen al movimiento financiero, es irrealizable cualquier intención de eliminarlo", recalcó. El exfuncionario de la Dian también destacó algunos puntos del proyecto. "Uno podría decir que hay un unos puntos positivos, como es la posibilidad de deducir el gravamen al movimiento financiero según la capacidad de pago en las personas naturales, que va de desde el 100% hasta el 40% según la renta de cada uno y la exención definitiva para quienes no declaran renta, porque se está utilizando la misma tabla de la renta de personas naturales", señaló. Por su parte, el economista Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence, coincide en el diagnóstico técnico, pero advierte de la dificultad de tramitar esta iniciativa de forma aislada. "El diagnóstico del proyecto es correcto, porque el GMF implica altos costos y desincentiva la bancarización. Sin embargo, el momento fiscal hace muy difícil desmontarlo de manera aislada, porque genera cerca de $18 billones al año en una coyuntura en la que la reconstrucción va a generar presiones de gasto", detalló. La propuesta de Natalia Moreno iniciará su trámite en el Congreso del República, con la idea de conciliar la equidad frente a la necesidad del Estado de conservar su caja semanal en una coyuntura altamente restrictiva, por el efecto de las decisiones tomadas por el gobierno de Gustavo Petro.