El nuevo convenio colectivo del rubro se cerró tras meses de negociación, pero ahora abre la interrogante sobre si el aumento de costos de mano de obra hará crecer los precios del mercado.
El cierre de la negociación colectiva en la construcción, luego de varios meses de conflicto y de episodios que afectaron el normal desarrollo de las obras, entre ellos las restricciones en el suministro de hormigón, abrió ahora una nueva discusión dentro del sector: cuánto terminarán aumentando los costos de construir y qué margen tendrán desarrolladores y empresas para evitar que ese incremento se traslade por completo al precio de las viviendas.
El nuevo convenio colectivo incorpora aumentos salariales y, especialmente, una reducción gradual de la jornada laboral que comenzará a implementarse a partir de agosto de 2027. Para los desarrolladores, este último punto tendrá una incidencia relevante sobre el costo de la mano de obra durante los próximos años, en un sector que ya parte de niveles comparativamente elevados frente a otros mercados de la región.
En ese marco, Fabián Kopel, director de la desarrolladora Kopel Sánchez, dijo a El País que el principal efecto del convenio no surge solamente de la evolución del salario respecto de la inflación, sino de la reducción progresiva de las horas efectivamente trabajadas.
Según explicó, hacia el final del proceso previsto en el acuerdo habrá una disminución de aproximadamente 10% en las horas trabajadas bajo condiciones salariales comparables a las actuales.
La incidencia final dependerá, entre otras cosas, del peso que tenga la mano de obra dentro de cada proyecto. Según su estimación, este componente representa aproximadamente entre 50% y 55% de los costos directos de construcción, aunque la proporción puede variar de acuerdo con las características de la obra y las tareas consideradas.
En determinadas etapas vinculadas a estructura, albañilería y sanitaria, agregó, los salarios y las cargas sociales tienen una participación bastante significativa.
A partir de esos números, Kopel estimó que, manteniendo constantes el resto de las variables, el impacto acumulado podría terminar reflejándose de manera importante en el valor de los inmuebles durante los próximos años.
"Para poner un número, podríamos decir que un apartamento, a igual precio de hoy, dentro de cuatro o cinco años debería resultar en el entorno de un 5% o 6% más caro", sostuvo.
A su juicio, uno de los elementos que permitirá procesar mejor este incremento será precisamente la gradualidad del nuevo régimen. La reducción no se realizará de forma inmediata, sino que se distribuirá durante cuatro años, lo que dará tiempo para que compradores, desarrolladores y constructoras ajusten sus decisiones. "El hecho de ser gradual también creo que va a permitir que el mercado lo vaya absorbiendo", señaló.
La pregunta, según Kopel, es cómo se distribuirá finalmente ese mayor costo entre los distintos integrantes de la cadena. Una parte podría ser pagada por quien compra la vivienda, pero difícilmente ese sea el único mecanismo de ajuste.
"Va a pagar en parte la gente que compra apartamentos, la sociedad va a tener que asumir que comprar un apartamento va a ser un poco más caro. Seguramente haya una renuncia en términos de rentabilidad por parte del desarrollador, que se irá acomodando en el transcurso del tiempo", afirmó.
En paralelo, cree que las empresas constructoras tendrán que buscar mejores alternativas para compensar parte del incremento. Allí colocó a la productividad y la incorporación de nuevas herramientas como uno de los factores centrales para la evolución futura del sector.
Kopel mencionó, entre otras alternativas, la necesidad de revisar procesos, mejorar la organización del trabajo y continuar incorporando tecnología e inteligencia artificial en aquellas tareas donde sea posible generar eficiencias.
"La aplicación de tecnología en Uruguay es un pilar, porque siempre nos vimos obligados a ser más eficientes por los costos que existieron, que siempre fueron muchísimo más altos que todo nuestro entorno. De los países sudamericanos, Uruguay es el país más caro en construcción, lejos", expresó.
Por su parte, Marcelo Guillermo, director de la desarrolladora Tanco, también identifica en la mano de obra el principal componente que se verá modificado por el nuevo convenio colectivo.
Según señaló, el acuerdo no supone por sí mismo una alteración en el costo de los materiales, por lo que el impacto directo estará concentrado en salarios y obligaciones asociadas al empleo.
Guillermo estimó que, en un edificio, los salarios y los aportes al Banco de Previsión Social (BPS) representan aproximadamente entre 35% y 40% del costo total.
La consecuencia inmediata, según el empresario, será la necesidad de revisar la estructura económica de los nuevos emprendimientos. En ese marco, cree que los desarrolladores deberán intentar compensar ese incremento antes de recurrir a aumentos significativos en los precios finales.
No obstante, para Guillermo existe un límite concreto respecto de cuánto puede trasladarse al comprador. En este caso, explicó que una suba importante del valor de las unidades podría dificultar el acceso a las viviendas y reducir la demanda, particularmente en segmentos donde la capacidad de pago ya se encuentra ajustada.
Pero también existe un límite del lado de quien invierte y desarrolla. Si los proyectos pierden rentabilidad, advirtió, puede reducirse el incentivo para colocar capital en nuevas construcciones de cara al futuro. "No es fácil que un comprador pueda absorber diferencias ni tampoco los inversores si no tienen un margen adecuado, porque se puede retraer la inversión", sostuvo.
De esa forma, el nuevo escenario obliga a encontrar un equilibrio entre ambas partes. El desafío, según Guillermo, será contener el aumento de precios sin afectar hasta un punto inviable los márgenes necesarios para que los proyectos continúen avanzando.
"Va a haber que usar el ingenio para poder manejar esta nueva situación", agregó.
La visión de la Appcu
Desde la Asociación de Promotores Privados de la Construcción (Appcu), su presidente, Alfredo Kaplan, puso cifras concretas al acuerdo finalmente alcanzado entre empresarios y trabajadores en diálogo con El País.
Según explicó, el convenio determinó un incremento de 5,17% en los jornales y estableció una reducción progresiva de la jornada durante los próximos años.
La modificación del horario comenzará a regir en agosto de 2027. Durante el primer año del nuevo esquema, los trabajadores cumplirán 43 horas semanales aunque percibirán una remuneración equivalente a 44 horas.
Ese mecanismo continuará progresivamente hasta llegar al cuarto año, cuando la jornada efectiva será de 40 horas semanales manteniendo la remuneración correspondiente a 44.
El presidente de Appcu dijo que el entendimiento fue alcanzado luego de una negociación particularmente extensa. El convenio salarial tiene una duración de cinco años y terminó de definirse tras una última instancia de negociación en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que se prolongó durante unas 18 horas, recordó Kaplan.
El conflicto que precedió al acuerdo tuvo además consecuencias directas sobre distintas obras, entre ellas problemas vinculados al normal abastecimiento de hormigón, que afectaron el ritmo de actividad y agregaron presión sobre empresas y proyectos mientras todavía se discutían las condiciones del convenio.
Superada esa instancia, la atención de los promotores está puesta ahora en los efectos económicos de lo firmado. "Es claro que es un aumento de costos", señaló Kaplan.
Para el empresario, no existe un único actor capaz de absorber el impacto. Parte de la suba recaerá inicialmente sobre los promotores privados, mientras que el Estado también deberá enfrentar costos superiores cada vez que contrate obras bajo las nuevas condiciones.
"El aumento de costos lo vamos a pagar los promotores, sin duda; lo va a pagar el Estado cuando contrate las obras y, de alguna forma, se va a trasladar a precios", afirmó.
Kaplan planteó que el fenómeno que está pasando en el rubro no es diferente al que ocurre con cualquier otro componente relevante dentro de la estructura de costos de una actividad económica. "Como todas las cosas, alguien paga todos estos aumentos. Como sucede cuando aumenta el boleto o cuando aumenta cualquier otro insumo. Nosotros (Appcu) estamos preocupados y ocupados en ver qué cosas podemos hacer para mejorar la actividad de acá en adelante", concluyó Kaplan.
El País, Uruguay
25 de agosto de 2026
