Falta de acuerdo con HIF: ¿Y si la ministra tiene razón?

Las noticias de prensa acerca de la supuesta inversión para la producción de e-fuel en Paysandú cargan las tintas sobre la falta de acuerdo entre el gobierno y la empresa, en la negativa de la ministra de Industria y Energía, Fernanda Cardona. Las razones que circulan apuntan a un importante subsidio que deberíamos conceder los contribuyentes, además de los beneficios fiscales que la ley habilita y sobre los que no hay discusión. De ser así, la ministra tendría toda la razón.

Un mes atrás escribí algo así como: "en ocasiones, las mismas mega inversiones que acceden a los beneficios genéricos de la Ley de Inversiones terminan, además, tomando un subsidio de la sociedad en su conjunto". Expliqué entonces cómo un subsidio, ya sea vía un precio especial de compra o venta de un bien o servicio, mediante inversiones financiadas por toda la sociedad a través de impuestos, puede destruir valor cuando lo aprovecha de manera casi exclusiva un grupo reducido. Y puede hacerlo, aunque el PIB, tal como lo medimos, diga lo contrario.

Sobran los ejemplos en el mundo, y en Uruguay tenemos al menos dos bien elocuentes: la sobreinversión en parques eólicos y fotovoltaicos con contratos take-or-pay¹, y el llamado "tren de UPM". En el primer caso, el pago se hace vía un mayor precio en la tarifa eléctrica que todos abonamos; en el segundo, directamente el gobierno central con nuestros impuestos.

El proyecto: lo que se sabe

Vale recordar que la empresa HIF opera hoy solo una pequeña planta piloto en el sur de Chile, y que cuando el presidente de ese país visitó Uruguay, consultado sobre el proyecto, no mostró demasiado entusiasmo. También conviene tener presente que las perspectivas del hidrógeno verde que combinado con CO2 produce e-metanol, que luego transforma en e-gasolina, viene dilatándose entre los compradores europeos por sus altos costos frente al combustible fósil. Para producirlo, el consumo de energía es enorme. El rendimiento comparado con el de un motor eléctrico está entre 5% y 10%, al tiempo que un litro de e-fuel cuesta no menos de 4 veces al equivalente "fósil". En otras palabras: sin una regulación que obligue a su uso, difícilmente exista una demanda voluntaria.

La información sobre el proyecto, además, viene cambiando: al inicio se estimaba una producción de unos 250 millones de litros de e-gasolina al año, y ahora se habla de 400 millones.

A su vez, el intendente de Paysandú declaró que hará falta un tren para transportarla hasta el puerto de Montevideo, algo lógico si se considera el costo del "falso flete" de embarcarla en Paysandú, dado el escaso calado de su puerto y del río Uruguay al norte de Palmira².

La empresa instalaría sus propios parques eólicos y fotovoltaicos para generar energía "verde", pero se sabe que por períodos será UTE quien deba abastecerla, porque no siempre hay viento o radiación suficientes. En Uruguay, las horas de sol son prácticamente las mismas en todo el territorio, y con el viento, aunque puede haber diferencias, está documentado que en países pequeños no existe complementariedad posible entre regiones.

Es público que se discute el precio al que UTE le vendería esa energía, con versiones de subsidios de entre US$ 60 y 80 millones al año, un monto parecido al aumento del Fonasa, que llega a representar un impuesto próximo al 100% si lo comparamos con la cuota de afiliación individual.

Preguntas sin responder

Las preguntas por responder son varias. ¿Cuál es el costo real del subsidio, y contra qué precio se lo calcula? Si la energía debe ser "verde", nuestra única alternativa es la hidráulica, por lo que en muchos momentos habría que "guardar agua" para abastecer a la planta; con otras firmes a partir de recursos renovables, importando o bien, dada la normativa europea, podría darse el respaldo con generación térmica, aprovechando el alto porcentaje renovable que ya tiene la matriz uruguaya. El costo contra el que hay que comparar en el promedio que arroje el modelo es el que surja de lo anterior, en todos los casos bastante más caros que el promedio global. De allí surge otra pregunta: ¿debe el país instalar más potencia de respaldo, o alcanza con la que ya tiene? Casi con certeza, para una producción de 400 millones de litros de e-gasolina, habrá que aumentar la potencia instalada. ¿Hay otras obligaciones que asume el Estado uruguayo?

Habiendo otro proyecto ferroviario en danza para trasladar la producción ¿quién pagará las vías de uso casi exclusivo de HIF? En caso contrario ¿se conoce su costo? Lo único seguro es que éste es millonario. Se habla desde hace tiempo de la carga paraguaya como forma de compartir ese costo, y el presidente Orsi volvió a mencionarla la semana pasada. Ojalá se concrete, pero que sea el sector privado el que construya y mantenga las vías, cobrando por su uso.

No sabemos si la ministra concentra su objeción en el subsidio directo vía el precio de la energía, o en uno "total" que incluya también las inversiones en potencia de respaldo y en las vías del tren. Lo que sí puede presumirse es que, de haber subsidio, a mayor monto invertido, mayor será su cuantía.

El país se ha embarcado en muchas inversiones en los últimos años que no tienen sentido desde el punto de vista del retorno social. Pagamos subsidios implícitos y medimos el PIB sin restarlos.

Ese pago lo hace la sociedad a través de sus impuestos, presentes y futuros deuda hoy, y quizás inflación mañana o vía precios en bienes y servicios.

Ya tenemos la experiencia. Sin necesidad de violar la confidencialidad de la tecnología ni de los aspectos comerciales, los contribuyentes merecemos una discusión abierta de números y compromisos, desde el retorno para la sociedad en su conjunto. Sería bueno que el gobierno, antes de decidir, ponga las cifras sobre la mesa y permita el análisis y el debate. Las inversiones son bienvenidas, pero deben ser rentables por sí solas.

1) Incentivos, Distorsiones y Costos Asociados. El País Economía y Mercado, 27 de julio de 2026.
2) Hasta el momento, el costo de dragado no justifica profundizar el canal.