¿Un ojo de la cara?

En abogacía una máxima reza "vale más un mal arreglo que un buen pleito". Vale en lo público y lo privado. El tema Cardama -la compra de naves patrulleras para controlar nuestras aguas territoriales, celebrada durante el último gobierno nacionalista- cobró vuelo merced a una iniciativa que -hay consenso generalizado- partió de la prosecretaría de la presidencia de la república a cargo del Dr. Jorge Díaz. Busca desprestigiar al anterior gobierno ante la opinión pública, tratando especialmente de atacar al expresidente Lacalle Pou, con propósitos electorales.

La solución buena para el país era un diálogo patrio por lo alto, y salvar irregularidades advertidas en contratos accesorios de garantía, con inteligencia. Para tener prontamente patrulleras vigilando nuestra soberanía marítima. Incluso la intervención directa del Dr. Gonzalo Fernández, jurista de prestigio y trayectoria frenteamplista, buscando corregir errores, actuando por Cardama, chocó con un cerrado rechazo de parte del oficialismo. Lo bueno era el escándalo público. Hoy cuando la materia está definitivamente en discusión arbitral y judicial, es bueno ir recordando los perjuicios que la conducta del gobierno implica para el país.

El Frente Amplio durante sus 15 años de pasado gobierno se olvidó de nuestras aguas territoriales. Uruguay necesitaba sin demora de las "OPV" -en español- "buques patrulleros oceánicos". Eran una compra destinada al control de nuestra enorme Zona Económica Exclusiva. Donde coexisten la pesca ilegal, el narcotráfico, el contrabando y tareas de búsqueda y rescate. Ahora, habrá que arrancar de cero. Elaborar otra solución, contratar, construir -salvo que se consiguieran buques ya existentes- realizar pruebas y recibir las naves. Pasarán muchos años antes de -quizás- disponer de naves de patrulla.

Los operadores clandestinos, pescadores ilegales, depredadores y narcotraficantes festejan la patente de corso. Patético.

Otra realidad es que Uruguay puede ganar los procedimientos y, aun así, perder económicamente. El gobierno ha presentado denuncia penal y juicios de resarcimiento civil, que incluyen daños y perjuicios. Obtener una sentencia favorable y cobrarla son dos cosas diferentes. Si dentro de unos cuanto años Uruguay obtiene una resolución definitiva que dice que Cardama incumplió y debe indemnizar al Estado, tendrá que encontrar bienes ejecutables del deudor. Es absolutamente probable que la sociedad demandada cuando llegue la sentencia no tenga patrimonio para pagar.

Y, es peor. Porque Uruguay tiene el riesgo inverso. Cardama ya inició ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional un arbitraje contra Uruguay, sosteniendo que la rescisión fue contraria a derecho. Todavía no ha cuantificado su reclamación.

Hay dos escenarios asimétricos. Si Uruguay gana: probablemente no tenga bienes en que cobrarse. Dependerá de los activos que la sociedad española entonces posea o no. Si Cardama gana -por el contrario- se encontrará enfrente con el Estado uruguayo, cuya capacidad patrimonial para cumplir un laudo es infinita. No porque los gobernantes frentistas vayan a levantar el muerto, sino porque se pagará con más impuestos y el sudor de Juan Pueblo.

Hay muchas más perlas en este lamentable rosario.