Guerra a siniestros, no a las cámaras

Eduardo Behrentz
El Gobierno nacional ha escogido la causa equivocada. En vez de declarar la guerra a la siniestralidad vial y a quienes convierten nuestras calles y carreteras en escenarios de anarquía y muerte, parece habérsela declarado a las fotomultas. Auditar abusos es indispensable, pero desmontar esta herramienta de control porque ha sido mal utilizada sería, como en el viejo chiste, vender el sofá. Y esto resulta incoherente para un gobierno que hace de la autoridad y del cumplimiento de las normas parte central de su promesa. El representante Daniel Briceño afirma que Bogotá ha recaudado por este concepto más de $550.000 millones desde 2024 y que el 60% de las sanciones corresponde a vehículos que circulaban a menos de 60 km/h. También se han denunciado contratos privados que generan incentivos perversos y se investigan irregularidades técnicas en millones de comparendos. Todo esto debe corregirse. Pero ninguna de esas fallas convierte al exceso de velocidad o al sinnúmero de infracciones viales que se cometen a diario en conductas aceptables. Aquí les propongo un desafío al ministerio de Transporte y al representante Briceño, basado en un estudio que se desarrolló en la Universidad de los Andes hace varios años: ubiquen una cámara en cualquier esquina de cualquier avenida importante de cualquier ciudad colombiana y podrán documentar múltiples infracciones viales por minuto, con una impunidad del 100%. Por esto no es sorpresa que Colombia vaya rumbo a las 10.000 muertes anuales por siniestros viales (más de una por hora). Así nos acercamos a una tasa anual de 20 fallecidos por 100.000 habitantes. Esto es el doble de la tasa en Chile y más de cinco veces la observada en España. Es una barbaridad a la que nos acostumbramos y que empeora al considerar las decenas de miles de lesiones graves que cambian vidas para siempre. La velocidad no es una infracción menor. Según la Organización Mundial de la Salud, para un peatón, el riesgo de morir crece 4,5 veces cuando la velocidad de impacto pasa de 50 a 65 km/h. Los sistemas tecnológicos para la detección de infracciones no son una extravagancia colombiana. Nueva York usa cámaras para detectar pasos en rojo desde 1994 y el Reino Unido emplea control automático de velocidad desde 1992. La evidencia internacional muestra que estas tecnologías reducen los siniestros cuando se instalan con criterios técnicos, señalización y transparencia. El control debe cobijar todo tipo de automóviles y motocicletas. Si las multas son desproporcionadas, introduzcamos gradualidad. Si una concesión premia el recaudo, cambiemos el contrato o asumamos la operación pública. Si una cámara carece de autorización o calibración, retirémosla y sancionemos al responsable. Pero debemos entender que el caos actual no se resuelve solamente con cultura ciudadana o campañas pedagógicas. Requerimos autoridad y vigilancia. No declaremos la guerra a las fotomultas. El verdadero enemigo es la siniestralidad vial.
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