Menos horas, mismo salario: ¿quién paga la diferencia?

El reciente convenio alcanzado en la industria de la construcción no es un hecho aislado. La reducción de la jornada hasta alcanzar las 40 horas semanales, sin afectación salarial, inaugura una agenda que probablemente trascienda al sector. Se inscribe en una estrategia impulsada por el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, alineada con las bases programáticas del partido de gobierno, experiencias recientes en países como Chile, Colombia o México y las recomendaciones de la OIT. Lo que se presenta como una mejora de bienestar plantea tres interrogantes de fondo: ¿Quién asume los costos? ¿Qué precedente genera para Uruguay?

¿Puede avanzarse en esta dirección sin discutirse una reforma laboral?

En primer lugar, el tema relevante no es reducir la jornada laboral, sino reducirla sin una contraprestación equivalente. Si se trabajan menos horas por el mismo salario, aumenta el salario por hora. Para que eso no incremente el costo laboral por unidad producida, debería estar acompañado por un incremento equivalente de la productividad, que no se decreta ni acuerda en convenio colectivo. La discusión es relevante porque no resulta evidente que el crecimiento continuo del salario real de la última década haya estado acompañado por mejoras de productividad. Una reducción de jornada introduce algo diferente: un salto discreto en el costo laboral por hora. Cuanto mayor sea ese salto, mayor será el esfuerzo necesario para absorberlo. ¿Qué fundamentos hay para suponer que eso ocurrirá?

En segundo lugar, ese mayor costo no desaparece. Cambia de bolsillo. Desde una perspectiva de equilibrio general, si las empresas pueden trasladarlo a precios, parte del costo terminará recayendo sobre los consumidores. Si no pueden hacerlo, por competencia, regulación o demanda, el ajuste deberá darse por otra vía: menores márgenes de rentabilidad, menor inversión o menos empleo. Pero el efecto no termina allí. Las empresas que enfrentan mayores costos de sus proveedores deberán ajustar precios o cantidades, según las condiciones de mercado. Incluso puede terminar absorbiéndolo el Estado, es decir, los contribuyentes, mediante subsidios o tratamientos diferenciales. Es un equilibrio perverso: el costo cambia de bolsillo, pero no desaparece. ¿Puede ser neutral para la economía un aumento del costo laboral unitario?

En tercer lugar, vuelve a quedar en evidencia la dificultad de nuestro sistema de negociación colectiva para reconocer la heterogeneidad. En una misma rama conviven empresas grandes y pequeñas, más y menos productivas, intensivas en capital o en mano de obra, orientadas al mercado interno o expuestas a la competencia internacional, del interior o de Montevideo. Sin embargo, la negociación salarial sigue tratando igual a los desiguales. Lo que una empresa puede absorber puede representar una carga significativa para otra. Cuando las reglas son demasiado uniformes, el ajuste puede aparecer por canales inicialmente ignorados, incluso con efectos contrarios al objetivo buscado. ¿Tiene sentido suponer que todas pueden absorber de la misma manera un aumento de costos unitarios?

En cuarto lugar, importa el precedente. El convenio de la construcción difícilmente termine en la construcción. Es esperable que la reducción de la jornada pase a formar parte de la agenda de las próximas rondas salariales a partir de 2027. El desafío será mayor en sectores intensivos en mano de obra, como industria y comercio, donde la capacidad de absorción puede ser muy distinta entre empresas. El riesgo es construir, acuerdo tras acuerdo, una nueva estructura de costos laborales sin discutir simultáneamente qué productividad y competitividad puede sostenerla. ¿Qué estamos negociando realmente? Lo que puede parecer razonable en un acuerdo aislado puede dejar de serlo cuando se mira el conjunto.

En quinto lugar, si se va a abrir esta discusión en todo ámbito, hay que aprovecharla para discutir una reforma laboral del siglo XXI. No parece razonable seguir introduciendo modificaciones parciales sobre un marco laboral del siglo XX. Si existe voluntad para discutir una reducción de la jornada, pongamos arriba de la mesa, en la misma negociación, una reforma integral: cómo se organiza el tiempo de trabajo, cómo se regulan descansos, ausentismo y licencias, cómo se definen las categorías y se contrata y desvincula, cómo se estructura el régimen de aportes y la ultraactividad de los convenios, y cómo se asegura la representatividad de la negociación colectiva. También necesitamos mecanismos que incorporen la heterogeneidad entre empresas, incentivos vinculados a la productividad y reglas capaces de adaptarse a las nuevas formas de producir y trabajar. ¿Por qué discutir una pieza del sistema sin discutir, al mismo tiempo, el sistema que la sostiene?

En Uruguay, como en otras economías, las horas trabajadas se han reducido con el paso del tiempo. El punto no es si la jornada puede reducirse, sino bajo qué condiciones puede hacerse de forma sostenible. El problema aparece cuando se acuerda sin una contraprestación equivalente y sin medir sus costos. No puede terminar pasando que los actores cedan para evitar males menores, como una paralización de la actividad, porque a la larga es pan para hoy y hambre para mañana.

No habrá mayor competitividad si se reduce la jornada sin una contraprestación equivalente y sin una reforma laboral del siglo XXI. Menos horas, mismo salario. La pregunta es cuánto cuesta y quién paga la diferencia. No se trata de trabajar menos para producir lo mismo, sino de producir más para poder trabajar menos.