El largo brazo del Estado chino

Entre los agravios que el Partido Comunista ha alimentado durante largo tiempo en su relato oficial de la historia de China, los abusos extraterritoriales de las potencias extranjeras ocupan un lugar especialmente destacado. En el siglo XIX eran las potencias coloniales que se negaban a someterse a las leyes chinas en los puertos chinos que controlaban. En el siglo XXI es Estados Unidos imponiendo su voluntad más allá de sus fronteras, mediante sanciones y controles a las exportaciones, contra los países que le desagradan. Resulta tanto más llamativo, entonces, que China quiera ahora jugar también el juego extraterritorial y librar una guerra jurídica con creciente entusiasmo.
Un caso notable ocurrió en abril, cuando China ordenó a Meta, dueña de Facebook, deshacer su acuerdo por US$ 2.000 millones para comprar Manus, una startup de inteligencia artificial registrada en Singapur. Meta acató, al igual que los fundadores chinos de Manus, a quienes se les había prohibido salir de China. Si el episodio tuvo cierto aire de improvisación jurídica, el gobierno chino trabaja ahora en leyes que le otorguen mayor control sobre los flujos de tecnología de IA. Por si fuera poco, en septiembre entrarán en vigor facultades reforzadas para imponer prohibiciones de entrada y salida a personas.
Estas son solo las últimas de una serie de medidas legales destinadas a extender la influencia de China más allá de sus fronteras. Son medidas de amplio alcance, que abarcan desde las sanciones extranjeras hasta la política étnica. Marcan un giro brusco para China, que durante mucho tiempo ha resentido el alcance legal de Estados Unidos. Los tribunales estadounidenses pueden perseguir a empresas -y personas- por su conducta en el extranjero, en buena medida gracias al peso del país en el sistema financiero mundial. En la medida en que el largo brazo de China constituye una represalia contra las sanciones ajenas, su fuerza proviene del dominio del país sobre las cadenas globales de suministro. Pero China también libra una guerra jurídica en el exterior con miras a reforzar el control político dentro del país.
El giro viene desde arriba. En 2018 Xi Jinping, gobernante de China, instó a los cuadros del partido a "empuñar armas legales" acordes con la condición del país como gran potencia. Más tarde ese mismo año, Meng Wanzhou, ejecutiva de Huawei e hija del fundador del gigante de las telecomunicaciones, fue detenida en Canadá, a petición de Estados Unidos, por presuntamente ocultar vínculos con clientes iraníes sometidos a sanciones estadounidenses. Henry Gao, de la Singapore Management University, sostiene que la detención de Meng mostró a unos alarmados dirigentes chinos cuán vulnerables eran empresas cruciales y su personal a las maniobras estadounidenses. (China respondió deteniendo a dos canadienses bajo cargos inventados y manteniéndolos como rehenes durante casi tres años).
La primera ley china destinada a disuadir a las empresas de acatar sanciones extranjeras, en particular las estadounidenses, llegó en 2021. Desde entonces, el partido ha ido incorporando disposiciones extraterritoriales en numerosas leyes nuevas. Por ejemplo, normas dictadas a fines de 2024 obligan a las empresas extranjeras que utilizan insumos chinos a cumplir las leyes de exportación del país; también facultan a las autoridades de Beijing para examinar a los clientes de esas firmas. Es algo semejante a la "regla del producto extranjero directo" de Estados Unidos, que el gobierno de Washington invocó para restringir el flujo hacia China de equipos de fabricación de chips producidos en Países Bajos. También al igual que Estados Unidos, China ha empezado a imponer sanciones a políticos extranjeros.
Las leyes chinas contra las sanciones extranjeras, actualizadas en abril, están inspiradas en el "estatuto de bloqueo" de la Unión Europea. Esa norma prohíbe a las empresas y personas de la UE acatar sanciones que el bloque considera ilegítimas. Las leyes chinas, si acaso, van más lejos. Prohíben a cualquier empresa extranjera obedecer sanciones que discriminen a entidades chinas. Al amparo de las nuevas leyes, JPMorgan Chase y Citigroup, dos gigantes bancarios estadounidenses, enfrentan demandas por un total de US$ 44 millones ante tribunales chinos por haber congelado los activos de un comerciante chino de petróleo sancionado, siguiendo órdenes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En junio, el Tribunal Popular Supremo citó las nuevas leyes en un fallo contra una empresa singapurense que se había negado a entregar cargamentos de productos electrónicos destinados a una compañía sancionada en Hong Kong.
Las medidas de China ponen en aprietos a las empresas extranjeras, obligadas a elegir qué leyes acatar. En mayo, tribunales de Londres y Chongqing, en el suroeste de China, dictaron fallos marcadamente distintos en una disputa sobre licencias entre Samsung, un gigantesco conglomerado surcoreano, y ZTE, fabricante chino de equipos de telecomunicaciones. Los jueces londinenses determinaron que Samsung adeudaba a ZTE unos US$ 392 millones, mientras que el tribunal chino concluyó que a ZTE se le debía casi el doble de esa suma. Cumplir el fallo de un tribunal puede significar desafiar al otro. Las consecuencias para Samsung de no reconocer al tribunal de Chongqing podrían ser más graves que las de desacatar al inglés. Grandes multinacionales como Samsung tienen una profunda exposición a China, que es a la vez un mercado y un proveedor de bienes críticos para ellas. El largo brazo de China se apoya en un poder de presión puro y duro, señala Mark Jia, del Georgetown University Law Center.
El largo brazo de China también busca controlar a personas y organizaciones consideradas una amenaza para la seguridad interna del país, definida en términos muy amplios. En julio entró en vigor una ley sobre la "promoción de la unidad étnica", que penaliza cualquier acto cometido en el extranjero que "socave la unidad nacional". Un proyecto de ley sobre ciberdelincuencia que se tramita en la Asamblea Popular Nacional, el Parlamento chino que en gran medida se limita a refrendar las decisiones del régimen, convertirá en delito alojar o transmitir en el extranjero información que perjudique los "intereses públicos" de China. Otra ley en estudio codifica facultades para recabar pruebas sobre corrupción en entidades chinas en el extranjero.
Muchas de las leyes y regulaciones recientes formalizan y refuerzan el alcance coercitivo que el Estado ya ejercía en todo el mundo, y que ha incluido el secuestro de críticos chinos del régimen y el funcionamiento de estaciones policiales clandestinas concebidas, en parte, para vigilar y controlar la conducta de ciudadanos chinos en el extranjero. Las extensas actividades del frente unido del partido fuera del país también buscan desde hace mucho tiempo reforzar su influencia, ejercer control sobre las comunidades chinas en el extranjero y amortiguar las críticas contra China.
El impulso legislativo refleja un deseo de centralizar el control, señala Yalkun Uluyol, de Human Rights Watch; codificar las reglas ayuda a reforzar los mecanismos burocráticos. Jia añade que, al atribuirse las facultades para tomar represalias contra las sanciones extranjeras, el Estado envía a los demás un mensaje de determinación.
Buena parte de la oleada de legislación extraterritorial china, incluidas las disposiciones sobre la unidad étnica, responde en realidad a la antigua obsesión del Partido Comunista por salvaguardar la estabilidad interna. Pero el creciente alcance de sus leyes revela mucho sobre las ambiciones de China bajo Xi de moldear un entorno externo más a su gusto: uno en el que ya no sea víctima de la historia mundial, sino su artífice.