Funcionario judicial imputado por ayudar a banda criminal habría revelado existencia y ubicación de cámara secreta que fue retirada

"Entre los días 31 de marzo y 22 de abril de 2024, Jaime Inostroza se comunicó, en reiteradas oportunidades, con Gabriel Gumera, ya sea directamente o a través de Álvaro Rodrigo, en las que el imputado se presentaba como 'el funcionario del tribunal' y ofrecía, a cambio de dinero y con infracción grave a los deberes de su cargo, dar aviso e informar diversas gestiones relacionadas con causas judiciales".
A esa conclusión llegó la Brigada Anticorrupción de la PDI (BRIAC) y la Fiscalía Metropolitana Occidente en el caso contra un funcionario judicial que, supuestamente, apoyó a bandas criminales con entrega de información.
Acciones que tenían por objetivo proporcionar "antecedentes reservados en el sistema judicial, tales como información respecto de personas determinadas, consultas destinadas a establecer su situación judicial, la existencia de órdenes de detención, investigaciones en curso e, incluso, respecto de medidas intrusivas".
El imputado fue formalizado el viernes por cohecho, obstrucción a la investigación y otros delitos de la Ley 20.000 en el tribunal de Garantía de San Bernardo, que lo dejó en prisión preventiva. Y, según la fiscalía, habría tenido un "incremento patrimonial no justificado". Sobre todo, porque se desempeñaba como ingeniero en informática, con ingresos que no se condecían con su remuneración, explicaron.
Los hechos están detallados en la indagatoria, que le atribuye fuga de datos a indagados por narcotráfico.
"Infringiendo gravemente los deberes de su cargo"
Según las pesquisas, el imputado habría colaborado con la banda "Los Martínez" en San Bernardo, el 8 de abril de 2025, mientras existía una investigación, con diligencias en curso, contra los involucrados.
Aseguran que sus integrantes "tuvieron conocimiento de que la fiscalía mantenía instalado un dispositivo de registro audiovisual al interior de un inmueble ubicado en pasaje Santa Rosa de Lima. La diligencia era secreta".
Y que, así, actuó "infringiendo gravemente los deberes propios de su cargo". Incluso, añaden, "concurrió a las inmediaciones del inmueble ubicado en Santa Rosa de Lima, reuniéndose con parte de los miembros de la organización, informando la existencia de la cámara y haciendo entrega de copia de la solicitud con fotografías de las imágenes captadas", detallan.
Defensa estudia apelación
El abogado de Inostroza, Tufit Bufadel, dijo que pudieron acceder a un informe de la PDI que no conocían.
Y confirmó la revisión de la "resolución del tribunal para ver si apelamos a la Corte de San Miguel, ahora, o bien aportamos nuevos antecedentes para discutir nuevamente la medida cautelar en sede de garantía".