¿Son sólo suspicacias?

Nuevas derivaciones surgen de temas de alto interés público como los son el futuro de los Bañados de Carrasco y la destrucción de la diversidad biológica nacional que provocará el caprichoso proyecto del represamiento del arroyo Casupá.

Nuestro país cuenta con una secretaría de estado especializada en la temática ambiental del país, dedicada a su protección y gestión sustentable.

Por ello no se entiende cómo es posible que desde el Ministerio de Ambiente se tomen decisiones contrarias a la Constitución y a la ley.

En el caso de la represa del Casupá que está en curso de ejecución (ya comenzaron las expropiaciones), implica la destrucción total de más de 400 hectáreas de monte indígena -patrimonio natural nacional, específicamente protegido por la ley uruguaya desde hace muchos años-. También la inundación permanente de varios miles de hectáreas de campo natural, significará la desaparición de su biodiversidad y desde luego de esas tierras de alto valor productivo.

Hay que reiterar una vez más, que el gobierno puso en marcha el proyecto Casupá, sin contar con la autorización ambiental previa. Lo que significa en buen romance que sin importar lo que informarán sus equipos técnicos, las obras se ejecutarán como están previstas. Confirmación inequívoca de que en la coalición de gobierno sigue intacta la aplicación del principio rector de "lo político está sobre lo jurídico", avasallando todo a su paso. El relato se irá acomodando una y otra vez a las circunstancias, tratando de instalar una justificación aceptable en la opinión pública.

Mientras tanto, sucedió otro hecho también muy preocupante. Ante el anuncio del gran emprendimiento urbanístico de 3.000 casas a construirse en el este de Montevideo (zona de humedales) -dirigido a personas de muy elevado poder adquisitivo- trascendió una nueva conducta inexplicable del Ministerio de Ambiente. El año pasado quitó silenciosamente a los Bañados de Carrasco de la lista oficial de humedales de importancia ambiental del país (Decreto Nº 228/025). Al conocerse la decisión que los dejó sin protección ambiental, la reacción periodística y política fue tan contundente que el titular de la cartera no tuvo más remedio que anunciar, días después del escándalo, la decisión de agregar a la lista a los humedales capitalinos. Su única explicación fue "para evitar suspicacias". Sin comentarios.

Pero hablando de suspicacias, también tomó estado público que nada menos que el subsecretario de la cartera trabajó para el principal promotor de proyecto urbanístico.

Aunque dicen que prometió no intervenir en actuaciones vinculadas con empresas privadas en las que trabajó, el solo hecho de ejercer tan alto cargo ya tiene su incidencia interna.

Pero todo esto se agrava si tomamos en cuenta las declaraciones realizadas por el jerarca en un medio afín, al expresarse a favor del proyecto diciendo "Cuando se desarrolla una inversión de este tipo siempre puede ser una oportunidad para mejorar con aportes de capital privado la conservación y la puesta en valor de ese humedal". Si el proyecto no está a estudio del Ministerio de Ambiente ¿cómo está tan informado acerca del proyecto y sale a opinar, si prometió no intervenir?