La formalidad no se decreta

David Jiménez Mejía
En Colombia la formalidad laboral se discute casi siempre en clave de nuevas normas: se legisla sobre jornada, recargos y salario mínimo, y se supone que del texto legal se sigue el resultado. Vale la pena mirar un sector donde la formalidad sí avanzó, y preguntarse por qué. Entre 2022 y 2025 las estaciones de servicio pasaron de 52.600 a 68.000 personas ocupadas y su informalidad laboral cayó de 28,7% a 21,4%. Entre los isleros —expendedores de combustibles, que concentran más de la mitad de la nómina del sector— la caída fue mayor: de 30,1% a 18,2%, con diez mil trabajadores adicionales y un ingreso real 25,3% superior. Las cifras son de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del Dane, la misma con la que el país mide su desempleo. El dato cobra sentido frente a su referente nacional. La informalidad del país bordea hoy el 54,7% y, en la microempresa —el tamaño de la mitad de las estaciones de servicio—, el 84,5%. La distribución minorista de combustibles no se formalizó encogiéndose. Se formalizó creciendo, y desde un piso que ya era mejor que el de su propio segmento. Ese resultado no lo produjo un decreto, ni una ley, ni una resolución del Ministerio del Trabajo. Lo produjo una actividad económica que durante esos años tuvo con qué pagar el costo de esa formalidad. Ahí está el punto que solemos pasar por alto: la formalidad es un costo, y solo se sostiene donde hay productividad que la financie. Esa capacidad se estrechó. Entre diciembre de 2025 y julio de 2026 concurrieron cuatro cambios estructurales en la normatividad laboral: el salario mínimo subió 23%, la franja nocturna se amplió a las 7:00 p.m., el recargo por día de descanso llegó al 90% —será 100% en 2027— y entró en vigor la jornada de 42 horas. Sostener una posición de atención las veinticuatro horas cuesta hoy 53,5% más que en 2024 y 223,2% más que en abril de 2015, fecha del estudio de costos sobre el que se construyó la metodología vigente. Esa remuneración se ha actualizado apenas 84,6%, el acumulado del IPC. Frente a un aumento de esa magnitud hay tres salidas. Trasladarlo al precio, cerrada en casi todo el territorio por el precio máximo regulado. Absorberlo, que tiene límite. O reducir lo que se ofrece: menos horas de atención, menos personal por isla, menos mantenimiento. Es esta última la que viene adoptándose. Ningún avance social se sostiene sobre una base de costos que no se reconoce. Conviene entonces decirlo sin rodeos: la formalidad no se decreta, se financia, y la financia la productividad de quien la paga. Donde el precio está regulado, eso depende de que la fórmula mire el costo real de operar, porque lo que está en juego no es la rentabilidad de un negocio privado sino la continuidad de un servicio público. El sector ya demostró que sabe crecer formalizándose; falta que la regulación no lo obligue a desandar ese camino.
Vocero Gremial Nacional, SOMOS UNO — Unión Temporal (COMCE Colombia y Fendipetróleo Nacional).