Nueva pensional reduciría el umbral de 2,3 salarios mínimos

La propuesta de una eventual contrarreforma pensional en Colombia toma forma alrededor de uno de los puntos que más impacto tendría sobre las finanzas públicas: el umbral de cotización. La senadora del Centro Democrático Claudia Margarita Zuleta planteó reducirlo de 2,3 salarios mínimos a uno, mientras Paloma Valencia cuestionó el costo de los subsidios asociados al esquema. El debate adquiere relevancia por los riesgos fiscales que expertos también identifican. Zuleta explicó que la iniciativa que prepara el Centro Democrático se sostendrá sobre tres cambios. El primero busca devolver a los ciudadanos la libertad de elegir entre el régimen de ahorro individual y el sistema de pilares. La propuesta plantea que ambos esquemas puedan coexistir, de manera que una persona pueda cotizar en Colpensiones manteniendo un umbral de cotización que determine el alcance de su participación en el sistema. Precisamente, el segundo punto se concentra en ese límite. La Ley 2381 de 2024 establece un umbral de 2,3 salarios mínimos, pero la propuesta del Centro Democrático pretende llevarlo hasta un salario mínimo. La discusión tiene una implicación directamente fiscal, pues el nivel del umbral determina qué trabajadores quedarían sujetos al esquema de pilares y, por esa vía, cómo se distribuyen los recursos públicos destinados a los subsidios pensionales. Paloma Valencia, excandidata a la Presidencia, respaldó la necesidad de modificar ese parámetro y puso el foco en la sostenibilidad de las finanzas públicas. Según señaló, "usted no le puede dejar una deuda impagable a las nuevas generaciones", una preocupación que conecta el diseño actual del sistema con las obligaciones que tendría que asumir el Estado durante las próximas décadas. Cuestionó el tamaño de los subsidios que podrían recibir los trabajadores del umbral actual. Dijo que una persona que gana 2,3 salarios mínimos podría recibir un subsidio superior a $240 millones. Su argumento es que esos recursos deberían priorizar a quienes tienen menores posibilidades de generar ahorro para la vejez y requieren una mayor protección pública. El planteamiento incorpora, además, una discusión sobre la focalización del gasto. Señaló que más de la mitad no tiene un subsidio para el adulto mayor, por lo que considera necesario revisar cómo se distribuyen los recursos estatales. El debate deja la pregunta fiscal sobre quién debe recibir los subsidios y hasta qué nivel de ingresos resulta conveniente mantenerlos en el esquema público. Sonia Liliana Tejedor, directora del programa de Contaduría Pública de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, considera que una eventual contrarreforma no debería convertirse en un "reversazo" ideológico, sino en debería convertirse en una corrección técnica de la Ley 2381 de 2024, especialmente frente a los elementos que generarían riesgos fiscales, financieros u operativos. Propone preservar componentes de la reforma como los pilares solidario y semicontributivo, la reducción de subsidios regresivos a las pensiones altas, la cotización por días o semanas y el reconocimiento de las brechas de género y del trabajo de cuidado. Dijo que estos elementos resultan relevantes frente a las condiciones del mercado laboral y las dificultades que enfrenta una parte importante de la población para construir una pensión. La informalidad es uno de los factores que atraviesa esa discusión. Entre abril y junio de 2026 llegó al 54,5% y alcanzó el 83,2% en las zonas rurales, según el Dane. A esto se suma un dato del Banco de la República a 2023: el 25% de los hombres y 13,2% de las mujeres en edad de retiro reunían los requisitos para acceder a una pensión. En este escenario, modificar el umbral tendría que considerar tanto el costo de los subsidios como la capacidad real de los trabajadores para acumular ahorro. La discusión fiscal se cruza así con la cobertura, porque reducir la participación del esquema público puede limitar subsidios, pero también exige que existan condiciones para que los trabajadores construyan suficientes recursos durante su vida laboral. Plantea que la principal corrección debería ser fiscal y que la ley tendría que establecer revisiones actuariales periódicas y públicas. Estas deberían evaluar el umbral de 2,3 salarios mínimos, las semanas requeridas, las tasas de cotización y, cuando las condiciones demográficas lo exijan, las edades de retiro. El objetivo sería evitar que los parámetros permanezcan estáticos mientras cambian las condiciones financieras y poblacionales del país. Según Tejedor, el Banco de la República estima que el fondo se agotaría hacia 2070 si no se realizan ajustes en los parámetros del sistema. La proyección pone presión sobre la discusión de una eventual contrarreforma y la necesidad de revisar periódicamente el diseño financiero del esquema. A esto se suma el impacto del pilar semicontributivo sobre las cuentas públicas. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal, CARF, calcula que este componente elevaría el gasto en cerca de 0,2% del PIB desde su implementación. El dato constituye otro elemento de la discusión, debido a que cualquier modificación pensional debe considerar no solo la cobertura que ofrece, sino también considerar el costo que representará para el Estado en el mediano y largo plazo. Zuleta planteó que los afiliados puedan decidir si quieren permanecer en un pilar semicontributivo y recibir una mesada o renta vitalicia pequeña, o si prefieren acceder a la devolución de saldos. Tejedor coincide en que debería existir una elección regulada y asesorada entre esas alternativas. Tejedor dice que cualquier mecanismo debe mantener la protección frente al riesgo de longevidad.