La audacia de soñar con la justicia
Podría pensarse que habría algo de locura colectiva en 146 postulados en la reciente convocatoria para la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial, un proceso público en Colombia para conformar la terna de aspirantes al cargo de directora o director ejecutivo de Administración Judicial para el periodo 2026-2030, y que elige a los mejores profesionales tras evaluar sus hojas de vida, requisitos legales y calidades académicas
Podría pensarse que habría algo de locura colectiva en 146 postulados en la reciente convocatoria para la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial, un proceso público en Colombia para conformar la terna de aspirantes al cargo de directora o director ejecutivo de Administración Judicial para el periodo 2026-2030, y que elige a los mejores profesionales tras evaluar sus hojas de vida, requisitos legales y calidades académicas. El cargo dirige la administración y gestión de los recursos físicos, financieros y tecnológicos de la Rama Judicial en el país. Pero imagínense el reto: administrar un presupuesto de más de 10 billones de pesos, atender las necesidades operativas de 6.200 despachos, velar por el bienestar de más de 37.000 servidores judiciales y coadyuvar en la garantía del derecho fundamental a la justicia para más de 50 millones de colombianos. Es un desafío monumental, casi desproporcionado, si no fuera porque detrás de cada cifra hay un propósito común y una convicción profunda de servicio. El proceso se convierte en una reflexión compartida. Lejos de pretender tener la fórmula perfecta, cada postulante aporta una mirada. Al recorrer las etapas de un proceso de esta magnitud y revisar los números con lupa, se comprende que los retos son tanto técnicos como humanos. Por un lado, la gestión financiera exige un blindaje urgente frente a las contracciones presupuestales, que alcanzan el 21 % en el último año y ponen en riesgo la descongestión y la operatividad. Esto requiere un diálogo fluido y técnico con el Ejecutivo, el Congreso y la banca multilateral. Es urgente proteger estos recursos, porque sin justicia es difícil imaginar una verdadera seguridad para el país. Pero los recursos, aunque vitales, no lo son todo si no transformamos la capacidad de respuesta cotidiana. Una parte de la congestión no nace en los despachos judiciales, sino en cargas transferidas al juez, como ocurre con miles de tutelas en el sector de la salud, las cuales podrían mitigarse mediante una colaboración armónica del Ejecutivo y que podría coordinarse en el plan de desarrollo. A la par, los distritos con mayores cargas judiciales —como Bogotá, Medellín y Cali— exigen ir a la raíz del problema en los cobros ejecutivos (litigios por deudas), integrando herramientas tecnológicas y esquemas eficientes para desahogar el trabajo diario de los despachos civiles. En cuanto a la tecnología y la infraestructura, el principio que se conversa entre colegas y expertos debe ser muy claro: la inteligencia artificial y la modernización de la arquitectura TI (tecnologías de la información) —que define cómo se organizan, interconectan y gestionan el hardware, el software, las redes y los datos de una organización— están para servir al juez, no para sustituirlo. Avanzar en la consolidación del expediente judicial y del Sistema Integrado de Gestión Judicial, o explorar esquemas eficientes de financiación mediante vigencias futuras, son caminos viables para optimizar cada peso. Y todo ello sin perder de vista algo muy importante: el bienestar y la salud mental de quienes sostienen el día a día de la institución. La transparencia tampoco puede ser solo un discurso; debe traducirse en alertas tempranas en la contratación y tableros gerenciales que permitan rendir cuentas claras a la ciudadanía. Aunque mi nombre no fue el seleccionado al cierre de este riguroso proceso, tras haber tenido el privilegio de llegar a los 15 preseleccionados y presentar esta visión ante la Comisión Interinstitucional, quise poner estas reflexiones sobre la mesa como un aporte respetuoso y constructivo para todos. Para que seamos responsables con el sistema, conciliemos, y llevemos a la justicia aquello que rompa de plano con la ley y/o signifique garantías de derechos. Al final, la justicia colombiana no es tarea de una sola instancia. Se construye, con respeto y vocación, entre todos.
Director ejecutivo de Administración Judicial
Patricia Rincón Mazo
Un proceso que se convierte en una reflexión compartida. Lejos de pretender tener la fórmula perfecta, cada postulante aporta una mirada.