Dentro de pocas semanas, Uruguay será sede de la 11ª Cumbre Ministerial del Programa Regional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para América Latina y el Caribe.
Por Marianne Bennet Mora, coordinadora desde el gobierno de Costa Rica del proceso de adhesión de ese país a la OCDE
Esto plantea una reflexión para Uruguay: cómo aprovechar una relación más cercana con la OCDE desde ahora. La experiencia de Costa Rica ofrece algunas referencias, aun partiendo de realidades institucionales y políticas diferentes. Después de 10 años trabajando desde el gobierno costarricense en el proceso de ingreso a la OCDE, diría que buena parte del valor está en utilizar sus estudios y la experiencia de otros países para examinar prioridades nacionales y enriquecer el debate sobre políticas públicas. Ese trabajo también puede ayudar a distintas instituciones a abordar conjuntamente problemas que cruzan sus competencias y ampliar la conversación para incorporar las perspectivas del sector privado, la academia, los sindicatos y la sociedad civil, tanto para entender los problemas como para discutir cómo abordarlos.
Costa Rica comenzó a trabajar intensamente con la OCDE varios años antes de recibir una invitación formal a iniciar la adhesión. Participamos en comités, realizamos revisiones de políticas públicas y nos adherimos a instrumentos de la organización. En 2013, todavía sin certeza sobre una futura invitación, estos esfuerzos se ordenaron en un Plan de Acción.
Ese trabajo previo tuvo valor por sí mismo. Nos permitió conocer de cerca cómo operaba la OCDE y participar en evaluaciones entre pares sobre distintas áreas de política pública. Nuestras instituciones fueron ganando experiencia en el trabajo con la organización. Los expertos de la OCDE aportaban su análisis y la experiencia de otros países; los equipos nacionales, el conocimiento de la realidad costarricense. Ese intercambio permitía discutir las recomendaciones desde el contexto del país y poner también sobre la mesa prácticas costarricenses que podían resultar útiles para otros.
La coordinación interinstitucional fue una pieza central desde el inicio. El conocimiento técnico estaba distribuido entre ministerios, instituciones autónomas, reguladores y otros entes públicos. Con el inicio del proceso de adhesión en 2015 llegaron a participar más de 40 instituciones. Muchas evaluaciones involucraban competencias de varias instituciones, por lo que había que conectar equipos, resolver diferencias y dar seguimiento a compromisos que podían extenderse durante meses o años. Con los cambios de autoridades, además, había que preservar el conocimiento acumulado y reconstruir apoyos políticos sin interrumpir la labor técnica.
Uruguay cuenta con capacidades institucionales y técnicas importantes y se encuentra entre los países mejor posicionados de la región en varios indicadores de gobernanza. Una relación más estrecha con la OCDE puede apoyarse en esas capacidades y sumar la perspectiva de sus expertos y la experiencia de otros países. El país ya tiene, además, experiencia trabajando con la organización: participa en ejercicios de indicadores y comparación internacional en áreas como educación, a través de las pruebas PISA, tributación, gobernanza pública y gobierno digital. En 2021, por ejemplo, completó una revisión de sus políticas de inversión y, en 2026, una evaluación entre pares sobre conducta empresarial responsable.
El Estudio Económico que el gobierno ha anunciado representa un ejercicio más amplio. Más allá del informe que se publica, su elaboración supone un trabajo sostenido con el país. El equipo de la OCDE mantiene reuniones con instituciones públicas y con representantes de diversos sectores para profundizar en los principales desafíos macroeconómicos y estructurales, antes de discutir sus conclusiones preliminares con el gobierno. Los datos, la mirada de los expertos y la experiencia de otras economías pueden aportar nuevas perspectivas a discusiones que Uruguay ya viene teniendo y poner sobre la mesa otras formas de abordar algunos de esos desafíos.
Costa Rica ofrece una referencia sobre cómo puede utilizarse este instrumento. Su primer Estudio Económico, publicado en 2016, abordó una agenda amplia: sostenibilidad fiscal, política de competencia, gobernanza de empresas públicas, innovación, infraestructura, calidad de la educación y participación de las mujeres en el mercado laboral, entre otros temas. Muchos de estos desafíos ya formaban parte de la discusión nacional. El estudio permitió examinarlos en conjunto, con datos y referencias internacionales, y mostrar sus vínculos con la productividad, el crecimiento y la inclusión. También amplió la conversación dentro y fuera del gobierno.
El estudio de 2016 se presentó cuando Costa Rica ya había iniciado su adhesión a la OCDE y era una de las 22 evaluaciones previstas en esa etapa. Para dar seguimiento a las recomendaciones de la OCDE, reunimos a las instituciones responsables de cada tema, acordamos planes de acción concretos y periódicamente revisábamos qué se había logrado, qué estaba pendiente y qué dificultades habían surgido. Ese trabajo alimentaba el siguiente Estudio Económico, realizado cada dos años. Compartíamos los avances con la Secretaría de la OCDE y el nuevo informe retomaba las recomendaciones anteriores, dejando bastante claro dónde el país había avanzado y dónde persistían rezagos.
El País, Uruguay
6 de septiembre de 2026
