Darles más rienda

Más plata para la educación. Esa vuelve a ser la apuesta. En diciembre, el Presupuesto asignó partidas adicionales a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Ahora, la Rendición de Cuentas aprobada en Diputados profundiza ese esfuerzo. La educación necesita financiamiento. Pero también exige hacerse una pregunta de fondo: ¿seguir poniendo más dinero en las mismas estructuras es la mejor manera de lograr resultados diferentes?

Apenas la mitad de los jóvenes logra terminar la educación media. Y, entre quienes siguen dentro del sistema, son todavía menos los que alcanzan niveles de aprendizaje que les permitan competir en un mundo cada vez más exigente. Es una deuda que Uruguay arrastra desde hace décadas y que no ha conseguido revertir.

Cuando se les pregunta a los jóvenes por qué dejaron de estudiar, muchos responden que empezaron a trabajar o que simplemente perdieron el interés. El mensaje es bastante directo: para muchos, seguir estudiando dejó de tener suficiente sentido. No ven el vínculo entre el esfuerzo que se les exige hoy y las oportunidades que podrían encontrar mañana. Durante años, la respuesta a este problema se buscó principalmente dentro del propio sistema educativo. Se discutieron reformas, programas, horas de clase, trayectorias, estructuras y mecanismos de evaluación. Todo eso importa. Pero hay otra pregunta que merece más espacio: ¿cuánto más podría lograrse si la educación se abriera a capacidades que están fuera del sistema?

Un antecedente reciente muestra que es posible avanzar. El proyecto Acredita EMS, impulsado por la ANEP, permitirá que adultos que no terminaron el bachillerato acrediten las competencias correspondientes al egreso de la educación media superior sin tener que volver a cursar todo el trayecto. Se esperaban hasta 5.000 inscripciones. Se presentaron 30.000.

La magnitud de la respuesta deja en evidencia una demanda que el formato tradicional no estaba logrando atender. Pero la importancia de la iniciativa va más allá. Acredita saberes adquiridos en ámbitos formales, no formales e informales. Reconoce que también se aprende fuera del aula y que lo importante no es dónde estuvo sentada una persona, sino qué sabe y qué es capaz de hacer. El cambio es enorme.

Pablo da Silveira, ministro de Educación entre 2020 y 2025, ha reconstruido en sus investigaciones recientes los orígenes del sistema educativo uruguayo y el papel que tuvo la iniciativa privada mucho antes de la reforma vareliana de 1876. La enseñanza no dependía de un único proveedor: convivían escuelas financiadas por las autoridades, instituciones religiosas y maestros privados. El Estado impulsaba la educación, fijaba condiciones y controlaba resultados sin necesidad de hacerlo todo por sí mismo.

No se trata de volver al pasado, sino de recordar una distinción importante: educación pública y provisión estatal no son lo mismo. La responsabilidad del Estado es asegurar acceso, calidad y oportunidades. Para cumplirla, puede apoyarse en distintos actores, siempre que existan reglas claras, controles exigentes y evaluación de resultados.

Uruguay tiene experiencias exitosas en esa dirección. Una de ellas es la formación dual, que combina estudio y trabajo. Muchas empresas pueden enseñar competencias valiosas y ayudar a que los jóvenes entiendan para qué sirve lo que aprenden. El desafío es llegar a más estudiantes. Para eso, es necesario que más empresas se sumen y que la burocracia facilite esa participación, en lugar de desalentarla.

También existen instituciones de la sociedad civil y organizaciones religiosas que logran buenos resultados en contextos desfavorables. Muchas trabajan junto a la educación formal, pero ofrecen propuestas más adaptadas a las necesidades de sus estudiantes. Conectan los contenidos con la realidad productiva, trabajan sobre problemas concretos y dan a los docentes mayor margen para acompañar trayectorias distintas.

Ahí aparece una oportunidad concreta. El refuerzo presupuestal de la ANEP supera en más de tres veces el monto destinado al régimen de donaciones especiales. Parte de ese incremento podría utilizarse para ampliar el tope de las exoneraciones tributarias asociadas al mecanismo. Hoy ya permite que empresas apoyen instituciones educativas con un beneficio fiscal relevante, pero las restricciones vigentes limitan demasiado su alcance.

La primera restricción es que cada organización debe ser incorporada, con nombre y apellido, a una lista definida por ley. Esa lógica debería sustituirse por condiciones generales y objetivas: toda organización que las cumpla debería poder participar. También habría que simplificar los trámites, reemplazar los certificados por un beneficio tributario directo e incorporar las donaciones personales mediante descuentos en el IRPF. Esa apertura debe ir acompañada de información y evaluación de resultados. Dar más autonomía no significa renunciar al control, sino exigir resultados sin imponer una única forma de alcanzarlos.

Uruguay tiene un problema educativo demasiado grande como para seguir postergando esta discusión. Durante demasiado tiempo el foco estuvo puesto en qué más podía hacer el Estado. Es hora de aprovechar mejor las capacidades, las ideas y los recursos que ya existen en la sociedad.

No se trata simplemente de gastar más, sino de usar mejor los recursos públicos y movilizar conocimiento e iniciativa que hoy quedan al margen. Si hay actores que consiguen que los jóvenes aprendan, permanezcan y vuelvan a encontrar un camino, entonces hay que darles más rienda.