El terrorismo cambió; la ley, no

Colombia está enfrentando amenazas del siglo XXI con herramientas que no evolucionaron a la misma velocidad. Durante el gobierno de Gustavo Petro, los grupos armados ilegales crecieron un 90 %: pasaron de 15.120 integrantes en diciembre de 2022 a 28.802 en julio de 2026. El ‘clan del Golfo’ llegó a 10.268 miembros, un aumento del 152 %; el Emc creció 109 %. Y las disputas entre grupos se duplicaron, de 7 en 2022 a 14 en 2026. El nuevo gobierno recibió inmediatamente la respuesta de esas estructuras. En sus primeras tres semanas se registraron siete ataques contra bases y estaciones de la Fuerza Pública, con dos muertos y 25 heridos. Drones con explosivos, tatucos, fusiles y carros bomba muestran que el terrorismo también se modernizó. Por eso, el estatuto antiterrorista anunciado por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, es necesario. Pero no debería limitarse a aumentar penas. Debe cerrar las brechas que hoy aprovecha el crimen organizado. Primero, Colombia necesita un procedimiento legal para identificar y designar organizaciones terroristas, con criterios objetivos, revisión periódica y garantías judiciales. El propósito no es crear etiquetas políticas, sino concentrar inteligencia, persecución patrimonial y cooperación internacional contra las estructuras y quienes conscientemente las financian o apoyan. Segundo, los drones. Colombia ya tiene el RAC 100, que regula la operación civil de aeronaves no tripuladas e, incluso, restringe vuelos cerca de bases militares, estaciones de Policía, cárceles e infraestructura crítica. El vacío está en otra parte: necesitamos herramientas específicas para detectar, neutralizar y sancionar el uso criminal de drones, con protocolos claros para la Fuerza Pública y protección de la aviación civil. Tercero, el reclutamiento digital de menores. Human Rights Watch acaba de documentar que el 44 por ciento de los niños reclutados en 2025 fueron captados mediante redes sociales. Identificó decenas de cuentas en TikTok y Facebook que glorificaban a los grupos armados o invitaban a vincularse. Colombia ya dio un primer paso legal al ordenar protocolos con las plataformas; ahora necesita capacidad real para detectar estas redes, preservar evidencia, identificar reclutadores y obtener cooperación inmediata de las empresas, con control judicial y respeto por la libertad de expresión. Cuarto, seguir el dinero. El crimen organizado aprovecha transferencias digitales, billeteras, activos virtuales y mecanismos cada vez más fragmentados para mover recursos. La respuesta debe fortalecer la trazabilidad, los reportes de operaciones sospechosas y la capacidad tecnológica de la Uiaf, sin convertir a millones de usuarios legítimos en sospechosos. Finalmente, hay que recuperar el control de las cárceles y acercar la justicia a los territorios. Las prisiones no pueden seguir funcionando como centros de operación criminal. Y una mayor capacidad de jueces de control de garantías para actuar de manera itinerante permitiría responder con mayor rapidez donde la presencia judicial es insuficiente. Una ley antiterrorismo no puede ser un atajo para restringir libertades ni una reedición del derecho penal del enemigo. Precisamente, por eso debe discutirse con rigor. Seguridad y garantías no son conceptos incompatibles: un Estado democrático debe ser capaz de proteger ambas. El terrorismo cambió sus armas, su financiación, su tecnología y hasta sus métodos de reclutamiento. Si la ley y las instituciones no cambian también, recuperar el control territorial será mucho más difícil. Defender las libertades exige, antes que nada, un Estado capaz de defender a sus ciudadanos. P. D. Mafe Carrascal dice que el IPC es el "impuesto al consumidor". Tranquilos: por ahora el estatuto antiterrorista no pasará por la Comisión Séptima. Con ese mismo rigor manejaron la economía, con el agravante que la congresista sabía más de economía que el exministro Ávila.
El estatuto antiterrorista
Luis Felipe Henao